Ayotzinapa: aún faltan 43

Familiares de jóvenes desaparecidos junto a estudiantes de la Escuela Normal mantienen plantón indefinido desde 26 de febrero frente al Palacio Nacional en exigencia de audiencia urgente con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió en campaña presidencial a dar conclusión al caso, que permanece impune.

A fecha límite de 4 de marzo de 2024 dada por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) se vence plazo de acceso a información puesta a disponibilidad por el gobierno relacionada al caso, ocurrido hace nueve años. El comunicado emitido desde presidencia -3049/dic 2023- expresa claramente que «comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos». A horas de cumplimiento del plazo de dos meses, 800 folios en manos del Ejército aún no han sido entregados y se exigen por parte de familiares, entre otros pendientes sin esclarecer.

El caso de Desaparición forzada de Iguala ocurrido en septiembre de 2014 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto constituye una de las violaciones mas grandes a los derechos humanos ocurrida en México, donde tanto policía local como miembros de la Marina e Infantería, así como presuntos grupos delictivos -Guerreros Unidos- habrían participado en la vigilancia, persecución y ataque a 43 estudiantes varones de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (estado de Guerrero) que iban de camino a Ciudad de México con intención de conmemorar la Matanza de Tlatelolco (1968).

Considerado crimen de Estado de desaparición y tortura,estarían implicados altos funcionarios de gobierno así como grupos criminales y policías de regiones de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco. Una primera versión de los hechos fue dada bajo la presidencia del entonces presidente Peña Nieto (la llamada «verdad histórica»), que fue desestimada por familiares y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) ya que puso el foco en los mismos estudiantes en lo sucedido y «no atendió correctamente a las líneas investigativas». Desde la actual administración se descartó la versión por tratarse «de una acción organizada del aparato de poder con intención de ocultar la verdad de los hechos».

No obstante, a la fecha y bajo la presidencia de AMLO no ha habido avances significativos en expedientes y reconstrucción del caso. Se suma que unas veintiséis personas murieron a lo largo de toda la investigación y que, según testimonios y evidencias, no habría indicios de hallar la totalidad de los estudiantes y sus restos, que habrían sido ultimados para luego ser desaparecidos. Como únicas excepciones deben contarse los hallazgos de Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos óseos fueron identificados de «forma indubitable» por especialistas de la Universidad de Innsbruck (Viena) junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). A pesar de tan importantes avances en la investigación, no hay explicaciones concluyentes acerca de sus circunstancias de muerte, ni tampoco se conoce el paradero de los cuarenta restantes (desaparecidos). Por todo lo dicho, solo justicia y verdad parciales han llegado a los estudiantes y a sus familias a día de hoy.

ANRed.