![\"\"](\"https:\/\/www.todxs.com.ar\/radio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/El-juez-Miguel-Angel-Galvez-es-uno-de-los-operadores-de-justicia-que-han-sido-denunciados-y-amenazados.-Foto-Simon-Antonio.jpg\")
<\/p>\nEn 2022, varios casos de justicia transicional llegaron a los Tribunales, procesos que se han ido desarrollando en medio de una arremetida de varios grupos en contra de los esfuerzos para juzgar cr\u00edmenes de lesa humanidad, en los que los principales acusados son militares o personas que participaron en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).<\/p>\n
Estos procesos que est\u00e1n en tribunales o que ya han tenido sentencia, est\u00e1n en peligro de ser desbaratados por una serie de acciones que vienen de diversos actores, desde grupos afines a militares y desde el Congreso. El objetivo, buscar el cese de la persecuci\u00f3n penal de quienes cometieron cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n
Las acciones van desde el desbaratamiento de la Fiscal\u00eda de Derechos Humanos del Ministerio P\u00fablico (MP), hasta las denuncias contra jueces cuyas resoluciones han favorecido a las v\u00edctimas, como el caso del juez Miguel \u00c1ngel G\u00e1lvez, denunciado por la Fundaci\u00f3n contra el Terrorismo, luego de que enviar a juicio a nueve militares retirados y expolic\u00edas por el caso Diario Militar, sobre detenciones y desapariciones forzadas de 183 militantes de la guerrilla, entre 1983 y 1985.<\/p>\n
La Fundaci\u00f3n contra el Terrorismo, af\u00edn a grupos militares, present\u00f3 una denuncia en su contra que fue tramitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que ahora est\u00e1 avanzando con una pesquisa de un juez designado, Roaldo Isa\u00edas Ch\u00e1vez, tambi\u00e9n af\u00edn a militares, quien recomendar\u00e1 a la Corte si debe retirarle la inmunidad o no al juez.<\/p>\n
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G\u00e1lvez ha conocido varios casos de justicia transicional en su juzgado, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, como el caso por genocidio donde estuvo acusado el general Efra\u00edn R\u00edos Montt; otro caso de genocidio donde estaban acusados Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ej\u00e9rcito; el general Manuel Callejas y el coronel C\u00e9sar Octavio Noguera, ya fallecido, y los casos de Mujeres Achi y Sepur Zarco.<\/p>\n
A principios de junio, la Oficina Nacional de Prevenci\u00f3n de la Tortura, un \u00f3rgano que act\u00faa como comisionado del Congreso, present\u00f3 una denuncia en contra de la fiscal Elena Sut, de la Fiscal\u00eda de Derechos Humanos y en contra de la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, por supuestos delitos de abuso de autoridad, tortura y simulaci\u00f3n del delito.<\/p>\n
Dicha Oficina se\u00f1ala a Paz y Paz de haber dado una instrucci\u00f3n en el MP para investigar las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, lo cual, seg\u00fan el relator contra la Tortura, Lester Castellanos, era ilegal, ya que emitir dichos reglamentos solo le competen al Congreso.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la denuncia en contra de la fiscal Sut, el 30 de junio de 2022, el d\u00eda que en Guatemala se conmemora al ej\u00e9rcito, el MP anunci\u00f3 la destituci\u00f3n de Hilda Pineda, una fiscal que forj\u00f3 su carrera en la Fiscal\u00eda de Derechos Humanos donde trabaj\u00f3 por 10 a\u00f1os. Ya en noviembre del 2021, Pineda hab\u00eda sido trasladada a otra Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Miguel Itzep, del Movimiento Nacional de V\u00edctimas del Conflicto Armado, se\u00f1ala que lo que se est\u00e1 viviendo en Guatemala es un retroceso que no solo les preocupa a ellos como sobrevivientes de estas graves violaciones durante la guerra, sino porque tambi\u00e9n tiene una repercusi\u00f3n en materia de justicia para la poblaci\u00f3n, porque lo que se busca realmente es la captura del sistema de justicia y del Estado.<\/p>\n
Con esto lo que se pretende es que los responsables de cr\u00edmenes de lesa humanidad queden impunes y legalizar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, anot\u00f3 Itzep.<\/p>\n
El Congreso busca impunidad para cr\u00edmenes de militares<\/strong> Para el abogado Oswaldo Samayoa, argumentos como el de la diputada Palomo est\u00e1n basados en una posici\u00f3n ideol\u00f3gica radical, que no es compartida por el derecho internacional actual ni por el derecho nacional.<\/p>\n Hoy el derecho internacional reconoce que en la paz y en la guerra hay reglas, ni siquiera en la guerra ni en situaciones extremadamente graves hay ciertas actitudes que se permiten, como las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; esto tambi\u00e9n lo reconoce la Ley de Reconciliaci\u00f3n Nacional de Guatemala, dijo el abogado.<\/p>\n Las iniciativas de ley en el Congreso, que buscan la amnist\u00eda para militares son la 5920, \u201cLey de Consolidaci\u00f3n de la Paz y la Reconciliaci\u00f3n\u201d, impulsada en 2021 por diputados afines al partido Valor, liderado por la exdiputada Zury R\u00edos, hija de Efra\u00edn R\u00edos Montt, quien fue procesado y condenado por genocidio en 2013.<\/p>\n Tambi\u00e9n la iniciativa 6099, \u201cLey de Fortalecimiento para la Paz\u201d, que est\u00e1 siendo impulsada por los diputados Manuel Conde Orellana, Boris Espa\u00f1a, Todos, Javier Hern\u00e1ndez y Jos\u00e9 Alberto S\u00e1nchez Guzm\u00e1n, todos ellos conocidos por formar parte del llamado \u201cpacto de corruptos\u201d. Conde Orellana acompa\u00f1a al presidente Alejandro Giammattei en giras, con vistas a ser el pr\u00f3ximo presidenciable del partido oficial VAMOS.<\/p>\n Un an\u00e1lisis jur\u00eddico de Familiares y Amigos en contra de la Delincuencia (FADS), se\u00f1ala que de aprobarse dichas iniciativas, quedar\u00edan impunes graves violaciones a los derechos humanos en al menos diez casos que se encuentran ahora en Tribunales, siendo estos: Genocidio Maya Ixil 1978-1982 y 1982-1983, Masacre de Las Dos Erres, Diario Militar, Creompaz, Masacre de Xam\u00e1n, Masacre de Tululch\u00e9, Caso Mujeres Achi (ya con condena), Caso Tactic y Caso Molina Theissen.<\/p>\n Seg\u00fan el derecho internacional de los derechos humanos la figura de la amnist\u00eda es inadmisible si tiene como efecto dejar impunes las graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, las desapariciones forzadas, cr\u00edmenes de lesa humanidad y el genocidio, es una de las conclusiones del an\u00e1lisis de FADS.<\/p>\n En febrero de 2021, una ley que buscaba reformar la Ley de Reconciliaci\u00f3n Nacional, la iniciativa 5377, fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC). Uno de los puntos de la resoluci\u00f3n es que ordena al Congreso que no puede continuar con este tipo de discusiones ya que este tipo de iniciativas es contraria a los Acuerdos de Paz.<\/p>\n De acuerdo con el abogado Samayoa, este tipo de iniciativas son inconstitucionales e inconvencionales, totalmente contrarias al derecho internacional, que solo sirven para que las y los diputados manifiesten su compromiso radical, aunque saben que no proceden. Es en el contexto de estos marcos politiqueros, agreg\u00f3.<\/p>\n Estrategia desde varios frentes<\/strong> Casos como Diario Militar que se reactiv\u00f3 el a\u00f1o pasado y que condujo a varias detenciones de militares retirados y expolic\u00edas hacen reaccionar a grupos que operan en diferentes instituciones del Estado y que tratan de favorecer a los militares, indic\u00f3 Ibarra.<\/p>\n Uno de estos actores es la Oficina Nacional contra la Tortura. Lester Castellanos, Relator titular contra la Tortura, expuso el 28 de septiembre durante una citaci\u00f3n en la Comisi\u00f3n de Finanzas del Congreso, que presentaron una denuncia en contra de Claudia Paz y Paz, exfiscal general del MP, y la fiscal Elena Sut, que llevaba el caso Diario Militar, cuando la diputada Palomo le pregunt\u00f3 qu\u00e9 acciones hab\u00eda tomado dicha oficina respecto a los \u201ctratos inhumanos\u201d en contra de militares que est\u00e1n siendo juzgados.<\/p>\n \u201cSe hizo un an\u00e1lisis jur\u00eddico, ella usurp\u00f3 atribuciones del Congreso, porque cre\u00f3 un reglamento espec\u00edfico para juzgar cr\u00edmenes de guerra, como que si fuera Ley del Congreso\u201d dijo el exjuez que tambi\u00e9n denunci\u00f3 a la exfiscal de la Fiscal\u00eda Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, actualmente en prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n Sobre esta denuncia, el abogado Samayoa indic\u00f3 que deber\u00eda ser improcedente. \u201cDentro del C\u00f3digo Penal existen dos tipos penales, uno de genocidio y otro de delitos contra los deberes de humanidad y ambos delitos, de acuerdo a la propia exposici\u00f3n de motivos del C\u00f3digo Penal, dice que responden a la doctrina internacional de proteger a los seres humanos de estas graves violaciones, por lo tanto la Fiscal act\u00faa en el mandato de estos dos art\u00edculos\u201d dijo.<\/p>\n A decir de Samayoa, estas acciones son una p\u00e9rdida de tiempo en el marco jur\u00eddico del derecho, pero en el marco ideol\u00f3gico pol\u00edtico podr\u00eda ser \u00fatil para ellos, sobre todo a miras a las elecciones generales de 2023.<\/p>\n Ibarra identifica que adem\u00e1s de la estrategia en el Congreso tambi\u00e9n se usa la v\u00eda administrativa y penal. Desde la Oficina Nacional contra la Tortura se impulsan dict\u00e1menes e informes que buscan la amnist\u00eda para militares y expatrulleros.<\/p>\n Unos aportan las iniciativas de ley, otros el fundamento t\u00e9cnico jur\u00eddico, y otros la persecuci\u00f3n penal de los fiscales y jueces que est\u00e1n tramitando o gestionando este tipo de casos, dijo Ibarra, quien identific\u00f3 con esto el desmantelamiento de la Fiscal\u00eda de DDHH, las acciones legislativas que promueven amnist\u00eda y las acciones administrativas desde la Oficina Nacional contra la Tortura.<\/p>\n En tanto, Itzep se\u00f1al\u00f3 que los actores que est\u00e1n impulsando esto son partidos pol\u00edticos que controlan todo en el Gobierno, militares y afines que est\u00e1n detr\u00e1s del Estado como la Fundaci\u00f3n contra el Terrorismo y la misma fiscal general, Consuelo Porras, a quien llama defensora de esta alianza.<\/p>\n Seg\u00fan dijo, Porras est\u00e1 persiguiendo penalmente a activistas de derechos humanos, fiscales y jueces y la evidencia m\u00e1s clara son los operadores de justicia que est\u00e1n en el exilio.<\/p>\n Ahora Itzep teme que esta persecuci\u00f3n tambi\u00e9n alcance a las v\u00edctimas que han impulsado los procesos en tribunales. Nos preocupa que los pasos m\u00ednimos que se han logrado se anulen, esto para las v\u00edctimas no solo es solo un retroceso, sino un peligro porque la revancha va a venir en contra de los testigos, manifest\u00f3.<\/p>\n Casos de justicia transicional en tribunales que podr\u00edan ser afectados<\/strong> En enero, mujeres Achi del departamento de Baja Verapaz que fueron violadas por patrulleros lograron una importante condena en contra de cinco exmiembros de las PAC cuando el Tribunal de Mayor Riesgo A dict\u00f3 una sentencia de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n para cada uno. Sin embargo, esta sentencia ha sido apelada por los condenados e incluso por el mismo Estado, por medio de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (PGN) que se niega a reparar a las sobrevivientes.<\/p>\n En febrero, ocho expatrulleros de Autodefensa Civil (PAC) y un coronel retirado del ej\u00e9rcito, fueron detenidos por su presunta participaci\u00f3n en una masacre realizada en junio de 1982 en la aldea Pacoj, municipio de Santa Cruz, El Chol. Este caso conocido como Rancho Bejuco lleg\u00f3 al juzgado de la exjueza Erika Aif\u00e1n, quien tuvo que salir del pa\u00eds debido al hostigamiento del que fue v\u00edctima siendo jueza de Mayor Riesgo.<\/p>\n En el caso de la masacre de las Dos Erres, Alfonso Bulux, un exkaibil detenido en Belice en 2021, fue enviado a juicio por su presunta participaci\u00f3n en la masacre en diciembre de 1982, perpetrada en el parcelamiento del mismo nombre donde una patrulla kaibil mat\u00f3 a 200 personas. Otros exkaibiles, Jos\u00e9 Mardoqueo Ortiz y Gilberto Rold\u00e1n tambi\u00e9n esperan juicio.<\/p>\n En mayo, el juez Miguel \u00c1ngel G\u00e1lvez envi\u00f3 a juicio a nueve militares retirados y expolic\u00edas que habr\u00edan estado atr\u00e1s de las detenciones ilegales y desapariciones forzadas de militantes de la guerrilla, entre 1983 y 1985. Adem\u00e1s, fueron detenidas tres personas m\u00e1s acusadas de participar en los hechos, ellos son Toribio Acevedo Ram\u00edrez, exjefe de seguridad de Cementos Progreso, el exsargento Alix Leonel Barillas Soto y el expolic\u00eda Malfred Orlando P\u00e9rez Lorenzo.<\/p>\n El caso por la masacre de Xam\u00e1n actualmente est\u00e1 en fase de juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Alta Verapaz. Esta masacre se cometi\u00f3 el 5 de octubre de 1995 en la finca Xam\u00e1n, Chisec, Alta Verapaz, cuando soldados asesinaron a 9 comunitarios e hirieron a 29 m\u00e1s.<\/p>\n El Caso por Genocidio, en el que est\u00e1 acusado Luis Enrique Mendoza, exjefe de operaciones militares y jefe de Operaciones del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Efra\u00edn R\u00edos Montt. En septiembre pasado, el Tribunal Primero de Sentencia Penal y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala program\u00f3 el inicio del juicio por genocidio para el 4 de junio de 2024.<\/p>\n La Masacre de Panz\u00f3s est\u00e1 siendo conocida por el Juzgado de Mayor Riesgo A, que escuchar\u00e1 a los testigos de los hechos cometidos por el ej\u00e9rcito el 29 de mayo de 1978 en el municipio de Panz\u00f3s, Alta Verapaz, donde masacraron a 54 personas. Aunque en este caso no hay acusados todav\u00eda, el Juzgado escuchar\u00e1 a los testigos en calidad de prueba anticipada.<\/p>\n Fuente: Prensa comunitaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En 2022, varios casos de justicia transicional llegaron a los Tribunales, procesos que se han ido desarrollando en medio de una arremetida de varios grupos en contra de los esfuerzos para juzgar cr\u00edmenes de lesa humanidad, en los que los principales acusados son militares o personas que participaron en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15273,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-15266","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"yoast_head":"\n
\nSumado a esas acciones en contra de fiscales y exfiscales, que ha conducido al desbaratamiento de la Fiscal\u00eda de Derechos Humanos, en el Congreso de la Rep\u00fablica hay dos iniciativas de ley que buscan amnist\u00eda para los militares que participaron en cr\u00edmenes como masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y posturas como las de la diputada Lucrecia de Palomo, del partido Valor, quien considera a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado como \u201ch\u00e9roes de guerra\u201d.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.todxs.com.ar\/radio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/El-Caso-Diario-Militar-implica-a-varios-militares-de-avanzada-edad-que-participaron-en-detenciones-ilegales-y-desapariciones-forzadas-segun-el-MP.-Foto-Juan-Rosales.jpg\")
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\nCarmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, identifica varios frentes detr\u00e1s de estas acciones. Definitivamente hay una estrategia que incluye acciones de orden jur\u00eddico y medidas legislativas con el fin de cesar la persecuci\u00f3n penal de militares que participaron en los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno, dijo.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.todxs.com.ar\/radio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Victimas-del-conflicto-armado-protestan-afuera-del-Palacio-de-Justicia-en-contra-de-la-reeleccion-de-Consuelo-Porras-como-Fiscal-General.-Foto-Regina-Perez.jpg\")
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\nEstos son algunos casos de justicia transicional que est\u00e1n en Tribunales en 2022, algunos de los cuales est\u00e1n en suspenso, como el Diario Militar, otros en fase intermedia y juicio, que podr\u00edan ser afectados por las acciones del Congreso, del MP y de los mismos militares.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.todxs.com.ar\/radio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/PORTADA.-Exhumacion-en-San-Martin-Jilotepeque.-Foto-Juan-Rosales-.jpg\")
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