Este 29 de diciembre, Guatemala llega al 26 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 36 a\u00f1os de conflicto armado interno. Los acuerdos se perfilaron como la soluci\u00f3n pol\u00edtica al enfrentamiento armado y buscaban transformar al Estado en uno multi\u00e9tnico, pluricultural y multiling\u00fce que romper\u00eda con la exclusi\u00f3n y acabar\u00eda con la pobreza y el racismo hist\u00f3rico de la poblaci\u00f3n en general contra los pueblos ind\u00edgenas en particular.<\/p>\n
Seg\u00fan lo ha demostrado la historia, hizo falta m\u00e1s que una firma para cimentar la era de paz. Si bien fue una \u00e9poca de mucha esperanza para cambiar al pa\u00eds, en parte, gracias a la creaci\u00f3n de instituciones renovadas como la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC), que se desvinculaba de su pasado genocida, y el posterior descubrimiento del Archivo Hist\u00f3rico de la Polic\u00eda Nacional (AHPN), en julio de 2005; a la vez, fue una \u00e9poca en que la construcci\u00f3n del Estado de Derecho fue, hasta cierto punto, excluyente.<\/p>\n
Los gobiernos posguerra hicieron pocos esfuerzos para difundir y visibilizar en la sociedad no solo el contenido de los acuerdos y las negociaciones de paz, sino leyes como la que le dio vida al Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) y en el sistema educativo el contenido del enfrentamiento armado fue casi obviado del Curr\u00edculo Nacional Base (CNB).<\/p>\n
Como resultado, las mismas problem\u00e1ticas han persistido en el tiempo: la impunidad nunca desapareci\u00f3, la violencia mut\u00f3 a nuevas formas del crimen organizado (en parte, por la ampliaci\u00f3n de la brecha de desigualdad y pobreza, por otro lado, por la reconfiguraci\u00f3n de las fuerzas armadas en grupos paralelos), y esto termin\u00f3 justificando la militarizaci\u00f3n de la sociedad, a tal punto que parece que vivimos en la continuidad de una guerra no declarada.<\/p>\n
Pese a la persistencia de estos problemas, durante estas m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, los gobiernos de la era democr\u00e1tica, desde \u00c1lvaro Arz\u00fa hasta Alejandro Giammattei, se han caracterizado por su modelo de desarrollo entreguista en el que han priorizado el extractivismo y permitido que la inversi\u00f3n privada de transnacionales en los departamentos, saquee los recursos naturales de los que dependen pa\u00edses \u201cdesarrollados\u201d para la reproducci\u00f3n de su capital.<\/p>\n
Tambi\u00e9n sentaron las bases para la privatizaci\u00f3n de las instituciones p\u00fablicas y el desmantelamiento de las entidades de paz, como una forma de continuar negando los cr\u00edmenes de guerra que fueron cometidos contra la poblaci\u00f3n civil y desarmada. Adem\u00e1s, de cooptar el sistema pol\u00edtico y judicial. Todo lo cual ha imposibilitado la ejecuci\u00f3n de los acuerdos.<\/p>\n
Tras este contexto, presentamos un recuento de los hechos que respaldan la idea de que la paz nunca fue y que se ha limitado a ceremonias pol\u00edticas, como el cambio de la Rosa de la Paz, que poca incidencia tiene en las transformaciones que el pa\u00eds demanda.<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9 decimos que hay un retroceso de paz?<\/strong> Acuerdo para la b\u00fasqueda de la paz por medios pol\u00edticos, acuerdo sobre derechos humanos, acuerdo para el Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, acuerdo sobre el establecimiento de la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento Hist\u00f3rico (CEH), acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos ind\u00edgenas, acuerdo sobre aspectos socioecon\u00f3micos y situaci\u00f3n agraria, acuerdo para el fortalecimiento del poder civil y funci\u00f3n del Ej\u00e9rcito, acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, acuerdo sobre reformas constitucionales y r\u00e9gimen electoral, acuerdo sobre la incorporaci\u00f3n de la URNG a la legalidad, acuerdo de cronograma para la implementaci\u00f3n, cumplimiento y verificaci\u00f3n de los acuerdos de paz y acuerdo de paz firme y duradera.<\/p>\n Los acuerdos ser\u00edan las bases que posibilitar\u00edan el fortalecimiento del Estado de Derecho, la profundizaci\u00f3n de la democracia participativa e inclusiva y que se alejar\u00eda de la doctrina militar, que caracteriz\u00f3 las operaciones durante el conflicto armado, con la reducci\u00f3n del Ej\u00e9rcito. Pero nada de eso se cumpli\u00f3.<\/p>\n Acto I: la paz para saquear los territorios<\/strong> Con ello, inici\u00f3 la persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de las autoridades comunitarias que se han opuesto a los grandes proyectos extractivos y a los desalojos violentos para apropiarse de territorios ind\u00edgenas. Una situaci\u00f3n que permanece en la actualidad.<\/p>\n En mayo de 1999, en Guatemala se realiz\u00f3 un refer\u00e9ndum popular para incorporar las reformas establecidas en los Acuerdos de Paz a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y consultar\u00eda a la poblaci\u00f3n sobre los derechos sociales, la reforma al poder judicial, al Congreso y Ejecutivo, esta \u00faltima limitar\u00eda el papel de los militares, pero grupos empresariales, religiosos protestantes y sectores conservadores se movilizaron contra las reformas y esto jug\u00f3 un papel importante no solo en la poca participaci\u00f3n (18.6%) sino el incumplimiento de los acuerdos como proyecto pol\u00edtico de pa\u00eds.<\/p>\n De ah\u00ed en adelante, los gobiernos \u201cdemocr\u00e1ticos\u201d y las \u00e9lites econ\u00f3micas continuaron imponiendo la agenda de impunidad y de olvido al conflicto armado interno. Incluso cuando, ese mismo a\u00f1o, ocurrieron dos hechos relevantes para la memoria hist\u00f3rica.<\/p>\n En febrero, la Comisi\u00f3n de Esclarecimiento Hist\u00f3rico present\u00f3 el informe: \u201cMemoria de Silencio\u201d que concluy\u00f3 que un 83% de las v\u00edctimas de la guerra interna eran ind\u00edgenas, y un 94% de los cr\u00edmenes fueron cometidos por el Estado como parte de pr\u00e1cticas institucionales. En mayo, apareci\u00f3 el Diario Militar que dio una mirada interna a las t\u00e1cticas y los planes para perseguir, torturar y ejecutar al \u201cenemigo interno\u201d, quienes las dictaduras militares cre\u00edan que eran aliados o apoyos del comunismo internacional, pero no eran m\u00e1s que estudiantes, acad\u00e9micos, sindicalistas y grupos sociales que formaban parte de la disidencia a los gobiernos que perpetuaban la pobreza, el racismo y la exclusi\u00f3n.<\/p>\n Con \u00c1lvaro Colom en la presidencia, se impulsaron programas sociales que abordaron, moment\u00e1neamente, algunos de los grandes problemas estructurales del pa\u00eds. Hubo una mayor apertura en el di\u00e1logo con las comunidades ind\u00edgenas, se abrieron espacios para la participaci\u00f3n de la mujer, se pusieron en marcha programas de reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica y de combate a la violencia que, luego, ser\u00edan denunciados por corrupci\u00f3n.<\/p>\n Entonces, Guatemala segu\u00eda sin garant\u00edas.<\/p>\n Acto II: La primavera judicial<\/strong> Con la llegada de Claudia Paz y Paz al Ministerio P\u00fablico (MP), en 2010, las denuncias por cr\u00edmenes de guerra que hab\u00edan acumulado y hab\u00edan sido archivadas empezaron a ser investigadas. Previo a la era de Paz y Paz, seg\u00fan los sobrevivientes del Diario Militar, el MP se dedic\u00f3 a vigilarlos y seguir sus pasos en lugar de investigar a los perpetradores.<\/p>\n La investigaci\u00f3n criminal revel\u00f3 varios casos en los que el aparato estatal puso en marcha la violencia pol\u00edtica (desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales) como una pr\u00e1ctica institucional, donde el Ej\u00e9rcito y sus altos mandos operaban con total impunidad.<\/p>\n En mayo de 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios, sentenci\u00f3 al dictador Efra\u00edn R\u00edos Montt a 80 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cr\u00edmenes de lesa humanidad en el caso por el genocidio Ixil. El caso estableci\u00f3 que el Ej\u00e9rcito, bajo \u00f3rdenes de R\u00edos Montt, extermin\u00f3 a m\u00e1s de 1 700 ind\u00edgenas desarmados, quienes eran vistos como colaboradores y aliados de la guerrilla y, por lo tanto, comunistas.<\/p>\n La sentencia marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s en el pa\u00eds, no solo porque 10 d\u00edas despu\u00e9s fue anulada por la defensa de R\u00edos Montt alegando errores procedimentales, sino porque abri\u00f3 un precedente para que otras v\u00edctimas buscaran justicia por otras atrocidades de la guerra.<\/p>\n El juicio por genocidio atrajo la atenci\u00f3n de un grupo de militares, algunos de ellos retirados y ya ancianos, quienes, ante la posibilidad de ser juzgados por delitos de lesa humanidad, se movilizaron e iniciaron acciones legales para procurarse impunidad, alegando que la firma de los Acuerdos de Paz era la moneda de cambio a la amnist\u00eda judicial. En diciembre de 2014, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones respondi\u00f3 que \u201cno era aplicable ninguna ley de amnist\u00eda en la persecuci\u00f3n penal del delito de genocidio\u201d.<\/p>\n Sin embargo, el pulso s\u00ed obstaculiz\u00f3 la b\u00fasqueda de justicia para las organizaciones civiles como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Asociaci\u00f3n Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (un proceso que anteced\u00eda a la firma de la paz), que ven\u00edan pidiendo esclarecer lo que les pas\u00f3 a sus familiares desaparecidos o asesinados durante el conflicto armado.<\/p>\n Todo ello, demostr\u00f3 que los paramilitares aun ten\u00edan influencia en el sistema judicial.<\/p>\n En esos a\u00f1os, una seguidilla de casos de justicia transicional llegar\u00eda a los tribunales y, algunos de estos, condenar\u00edan a militares retirados y a expatrulleros a prisi\u00f3n. Siendo el primero en 1996, cuando un tribunal de sentencia conden\u00f3 a un exparamilitar por la masacre en el Caser\u00edo Chorroxaj, en Joyabaj, Quich\u00e9 (1981), seguido de la masacre Las Dos Erres (1982), Masacre de Panz\u00f3s (1978), Mujeres Achi (1981-1985), Creompaz (1981-1988), Sepur Zarco (1982-1983) y, recientemente, Diario Militar (1983-1985).<\/p>\n En medio del desarrollo de los casos de investigaci\u00f3n hist\u00f3rica, el nombramiento de Iv\u00e1n Vel\u00e1squez como tercer comisionado y jefe de la CICIG, encaus\u00f3 otros casos por corrupci\u00f3n que involucraban a altas esferas pol\u00edticas y econ\u00f3micas. Y por un tiempo, hubo una renovaci\u00f3n en la esperanza de que Guatemala pod\u00eda cambiar.<\/p>\n En 2015, la CICIG y la Fiscal\u00eda Especial contra la Impunidad (FECI) denunciaron la existencia de una red de sobornos y defraudaci\u00f3n aduanera que era dirigida por el entonces presidente, Otto P\u00e9rez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y que involucraba a mandos medios dentro de las aduanas del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n dentro del Ejecutivo, como el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monz\u00f3n Rojas. Un caso conocido como La L\u00ednea.<\/p>\n Este no fue el \u00fanico caso de corrupci\u00f3n que involucraba a funcionarios, pues, pronto, la CICIG y la FECI presentaron media docena de investigaciones que revelaban una imagen m\u00e1s amplia del esquema de corrupci\u00f3n p\u00fablico, por ejemplo, el caso Cooptaci\u00f3n del Estado, el caso La Cooperacha, el caso Agua M\u00e1gica, el caso Corrupci\u00f3n y Construcci\u00f3n, el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), entre otros.<\/p>\n En estas redes de corrupci\u00f3n y en la cooptaci\u00f3n del Estado estaban involucrados militares contrainsurgentes como Francisco Javier Ortiz, alias \u201cTeniente Jerez\u201d.<\/p>\n Revelar el rol de militares y altos funcionarios en estas operaciones de corrupci\u00f3n puso en evidencia la presi\u00f3n que existi\u00f3 de parte de pol\u00edticos, \u00e9lites econ\u00f3micas y militares contrainsurgentes acusados de delitos de lesa humanidad, para sacar a la CICIG del pa\u00eds y la necesidad imperante de cooptar al MP, bajo el argumento de injerencia extranjera. Pese a que la comisi\u00f3n fue el resultado de una petici\u00f3n del Estado guatemalteco a la ONU en 2006.<\/p>\n Acto III: La revancha y desmantelamiento<\/strong> Pero fue un caso, en espec\u00edfico, el que encest\u00f3 un golpe mortal a la CICIG, a quien las RPEI identificaban como principal responsable de los casos en su contra. Se trata del caso Bot\u00edn Registro de la Propiedad en donde la comisi\u00f3n y el MP se\u00f1alaron a los familiares del entonces presidente, Jimmy Morales (2016-2020), de simular el otorgamiento de servicios y falsificar facturas para apropiarse de dinero p\u00fablico.<\/p>\n Morales, en el primer a\u00f1o de su gobierno se hab\u00eda declarado como aliado de la lucha anticorrupci\u00f3n, sin embargo, dio un vuelco de 180 grados y empez\u00f3 a declarar que la CICIG era producto de la injerencia extranjera. Jimmy Morales no solo nombr\u00f3 persona non grata al comisionado Vel\u00e1squez y prohibi\u00f3 su ingres\u00f3 al pa\u00eds, sino que, en 2019, dio por finalizado el acuerdo entre la ONU y el Estado de Guatemala, exponiendo a sus abogados e investigadores al acoso y amenazas de los grupos paramilitares.<\/p>\n De ah\u00ed en adelante, Morales cambi\u00f3 a varios miembros de su gabinete y eligi\u00f3 a Consuelo Porras como la nueva fiscal general del MP. Porras se convirti\u00f3 en el pe\u00f3n del poder mediante el cual los militares, empresarios corruptos y grupos criminales buscar\u00edan venganza contra los jueces y fiscales que hab\u00edan descubierto sus negocios y los hab\u00edan metido a prisi\u00f3n.<\/p>\n Con la llegada de Alejandro Giammattei al poder en 2020, continu\u00f3 la cooptaci\u00f3n del sistema judicial, que afectar\u00eda el desarrollo de los casos de alto impacto, y tambi\u00e9n asfixi\u00f3 a las entidades que fueron creadas tras los Acuerdos de Paz de Consejos y Secretar\u00edas a simples oficinas dentro de la nueva Comisi\u00f3n Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH): el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), la Secretar\u00eda de Paz (SEPAZ), la Secretar\u00eda de Asuntos Agrarios (SAA), la Comisi\u00f3n Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), la Comisi\u00f3n Presidencial del Di\u00e1logo (CPD) y Secretar\u00eda de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).<\/p>\n El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) que se encarg\u00f3 de dar subsidios econ\u00f3micos a las v\u00edctimas de la guerra, fue trasladada a una oficina del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en octubre de 2020 y su mandato finalizar\u00e1 en 2023.<\/p>\n En los primeros seis meses del gobierno de Giammattei, 260 empleados de la SEPAZ fueron despedidos, en medio de la pandemia por la COVID-19, como resultado de un debilitamiento institucional impuesto por los \u00faltimos tres gobiernos (desde el tiempo de P\u00e9rez Molina hasta Giammattei), que tiene fuertes influencias militares.<\/p>\n Acto IV: Igual que hace 26 a\u00f1os<\/strong> Medianamente, fueron renovadas ciertas instituciones como la Polic\u00eda Nacional Civil que nunca se integr\u00f3 de lleno a la reforma policial, la creaci\u00f3n de entidades de paz y el fortalecimiento del MP y los juzgados, a trav\u00e9s del programa de Modernizaci\u00f3n y Fortalecimiento del Sistema de Justicia, pero que en a\u00f1os recientes han sido cooptados.<\/p>\n La Secretar\u00eda Presidencial de la Mujer, creada en el gobierno de Alfonso Portillo, que tiene poca incidencia en la creaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas a favor de las mujeres y es utilizada \u00fanicamente como ente asesor, y el acto del cambio de la Rosa de la Paz, que se ha convertido en poco menos que una transacci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n Si bien hubo avances en la incorporaci\u00f3n de programas sociales, apertura de espacios para grupos, hist\u00f3ricamente, excluidos como la ni\u00f1ez, mujeres y pueblos ind\u00edgenas, y hasta cierto punto, s\u00ed hubo descentralizaci\u00f3n del Estado, algunos sectores han empujado para revertirlos y contin\u00faan haci\u00e9ndolo.<\/p>\n La lista de lo que no se cumpli\u00f3 es mucho m\u00e1s amplia.<\/p>\n En Guatemala, persisten las mismas problem\u00e1ticas de exclusi\u00f3n, pobreza, racismo e impunidad, solo que agudizadas. Seg\u00fan la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) m\u00e1s reciente, la pobreza aument\u00f3 de 56.4% en 2000 a 59.3% en 2014.<\/p>\n La crisis econ\u00f3mica y sanitaria por la COVID-19, adem\u00e1s de los impactos de las tormentas Eta y Iota, abri\u00f3 todav\u00eda m\u00e1s la brecha de pobreza. Seg\u00fan el \u00cdndice de Pobreza Multidimensional de Guatemala, un 61% de los guatemaltecos son pobres, seg\u00fan un estudio elaborado por la Universidad de Oxford, Estados Unidos, en 2019.<\/p>\n La violencia tambi\u00e9n ha ido en aumento al punto que, la Guatemala en la era de paz es tambi\u00e9n la Guatemala que est\u00e1 entre los 15 pa\u00edses m\u00e1s violentos del mundo. Entre enero y mayo de este a\u00f1o, los asesinatos subieron un 11.8% en comparaci\u00f3n con 2021. Es decir, en cinco meses 1 mil 797 personas fueron asesinadas, entre ellas 290 mujeres.<\/p>\n Esa misma violencia generalizada y la pobreza han expulsado a millones de personas del pa\u00eds. M\u00e1s de 1.5 millones de guatemaltecos ahora viven en Estados Unidos bajo condiciones inciertas y sufriendo persecuci\u00f3n de parte de las autoridades migratorias de ese pa\u00eds. Solo este a\u00f1o, m\u00e1s de 68 mil migrantes han sido deportados de M\u00e9xico y Estados Unidos. Y cada a\u00f1o aumenta la cifra de personas deportadas.<\/p>\n Sin embargo, los gobiernos poco o nada han hecho para mejorar los problemas estructurales que los orillan a abandonar el territorio. Todo apunta a que al aparato estatal le sirve m\u00e1s producir migrantes para agenciarse de un porcentaje de las remesas que ingresan al pa\u00eds y que sirven para sostener a las familias que ac\u00e1 se quedaron. Solo este a\u00f1o, se report\u00f3 un incremento del 24% en las remesas.<\/p>\n A lo interno, la complicidad de los gobiernos de Morales y Giammattei han abierto la puerta a la persecuci\u00f3n penal de jueces, fiscales, magistrados y otros operadores de justicia, orill\u00e1ndolos a que se refugien en otros pa\u00edses y que los casos de alto impacto que conoc\u00edan queden a la deriva, bajo el peligro de ser clausurados.<\/p>\n Giammattei mismo ha salido salpicado por las investigaciones que la FECI de Juan Francisco Sandoval hizo. En 2021, Sandoval y la fiscal\u00eda denunci\u00f3 que el presidente hab\u00eda recibido un millonario soborno de parte de empresarios rusos y kazajos para hacerse con el control del Puerto Santo Tom\u00e1s de Castilla. Una transacci\u00f3n que fue conocida como el caso de la Alfombra M\u00e1gica o La Trama Rusa, y que le cost\u00f3 a Sandoval el cargo y la salida de Guatemala.<\/p>\n Durante el gobierno actual, se han implementado leyes y pol\u00edtica regresivas. Por ejemplo, en el gobierno de Giammattei se aprob\u00f3 la Pol\u00edtica Provida y Profamilia que proh\u00edbe y niega la diversidad de g\u00e9nero, salud y reproducci\u00f3n sexual. La propuesta para extender los contratos de explotaci\u00f3n petrolera, la creaci\u00f3n de un Megaministerio de Ambiente que centralice y torne opacos los procesos de concesi\u00f3n de licencias de explotaci\u00f3n de recursos naturales, la insistencia por reformar la Ley de Reconciliaci\u00f3n para legalizar la amnist\u00eda que deshar\u00eda los procesos penales contra militares acusados de delitos contra la humanidad, entre otros.<\/p>\n De forma m\u00e1s reciente, Giammattei y las redes pol\u00edticas-econ\u00f3micas que la CICIG denunciaron en 2015, han enfocado sus esfuerzos para atacar y perseguir a los periodistas que les incomodan. Al menos cuatro de ellos han tenido que exiliarse y solo uno, Jos\u00e9 Rub\u00e9n Zamora, director y fundador del medio elPeri\u00f3dico, enfrenta un proceso penal sin precedentes que han intentado enmascarar con delitos como lavado de dinero, pero que ponen en serio riesgo la libertad de prensa y la libertad de expresi\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n A 26 a\u00f1os de la firma de la paz, queda poco por rescatar.<\/p>\n Fuente: Prensa Comunitaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Este 29 de diciembre, Guatemala llega al 26 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 36 a\u00f1os de conflicto armado interno. 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\nEl 29 de diciembre de 1996, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de \u00c1lvaro Arz\u00fa firmaron los Acuerdos de Paz, que incluyeron una serie de pactos y compromisos para la reforma y transformaci\u00f3n del Estado:<\/p>\n
\nCasi de inmediato a la firma de la paz inicia una fase extractivo-capitalista en la que se aprobaron marcos legales que facilitaron el despojo y saqueo de recursos y territorios ind\u00edgenas. Por ejemplo, la privatizaci\u00f3n de la energ\u00eda el\u00e9ctrica en el periodo presidencial de Arz\u00fa, seguido de la introducci\u00f3n de hidroel\u00e9ctricas, la Ley de Miner\u00eda y la explotaci\u00f3n del petr\u00f3leo. Todo lo cual fue posible por la penetraci\u00f3n de las transnacionales, de acuerdo al estudio \u201cIndustrias y proyectos extractivos en Guatemala: una mirada global\u201d.<\/p>\n
\nDurante alg\u00fan tiempo, las relaciones bilaterales con Estados Unidos y una participaci\u00f3n m\u00e1s activa de Guatemala en la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) abrieron la posibilidad de crear una oficina que pudiese combatir a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). El gobierno de \u00d3scar Berger solicit\u00f3 a la ONU la instalaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en diciembre de 2006. La aprobaci\u00f3n del Congreso para dar vida a la comisi\u00f3n se vio influida por el asesinato de tres diputados salvadore\u00f1os del partido ARENA, en territorio guatemalteco, en febrero de 2007.<\/p>\n
\nUno de los aportes de Vel\u00e1squez al frente de la CICIG fue delinear c\u00f3mo las CIACS evolucionaron a Redes Pol\u00edticas Econ\u00f3micas Il\u00edcitas (RPEI), esquemas m\u00e1s sofisticados para sustraer recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de contratos p\u00fablicos que pod\u00edan asegurarse impunidad a trav\u00e9s de la apariencia de legalidad.<\/p>\n
\nDe los acuerdos hay un legado muy corto como la desmovilizaci\u00f3n de las fuerzas revolucionarias, el cese al fuego y la incorporaci\u00f3n de las fuerzas revolucionarias a la vida pol\u00edtica con la creaci\u00f3n del partido de la URNG.<\/p>\n