Un centenar de penalistas y crimin\u00f3logos de Universidades P\u00fablicas y Privadas expresaron su preocupaci\u00f3n por la manera en la que el Congreso Nacional est\u00e1 abordando la actual crisis de seguridad introduciendo modificaciones al C\u00f3digo Penal en la llamada ley Nain-Retamal. \u201cEl leg\u00edtimo anhelo de dar seguridad a la poblaci\u00f3n (\u2026) no son excusa para minar nuestro sistema jur\u00eddico y retroceder en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ciudadanos\u201d, se\u00f1alaron en una carta p\u00fablica dada a conocer este martes, previa a la votaci\u00f3n en el Senado.<\/p>\n
En el documento, se\u00f1alan que en primer lugar las modificaciones al C\u00f3digo Penal \u201caumenta los niveles de confusi\u00f3n en el uso de la fuerza policial y otras que podr\u00edan afectar gravemente los derechos de las personas y la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. Se pierde con esto una oportunidad valios\u00edsima para atender las demandas de la seguridad de la ciudadan\u00eda con medidas que sean eficaces y sostenibles en el tiempo\u201d.<\/p>\n
Agrega la carta que les preocupa especialmente la segunda hip\u00f3tesis de esta nueva \u201cleg\u00edtima defensa privilegiada\u201d, tambi\u00e9n conocida como \u201cgatillo f\u00e1cil\u201d, donde \u201cse extiende en demas\u00eda el alcance del permiso, pues la norma presume por ejemplo, que los empujones a un funcionario policial de parte de dos personas que resistan una detenci\u00f3n configurar\u00eda una agresi\u00f3n ileg\u00edtima si el juicio del polic\u00eda o militar tuvieran el potencial de lesionar o matar. Esto implica que la cuesti\u00f3n queda entregada a un criterio puramente subjetivo de agente, en circunstancia que uno esperar\u00eda que quienes tienen autoridad para ejercer la fuerza en nuestra comunidades estuvieran sujetos a un est\u00e1ndar m\u00e1s elevado que d\u00e9 cuenta de su profesionalismo y capacitaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Las y los expertos precisan en el numeral tercero que \u201cnos preocupa que en la norma impone una confusa regulaci\u00f3n al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, poniendo en riesgo no s\u00f3lo la integridad de las personas que participan en estos actos o que simplemente circulan por el sector, sino adem\u00e1s retrocediendo en el esfuerzo que hemos emprendido para que los polic\u00edas puedan discernir la mejor manera de hacer uso de su armamento, bajo principio de necesidad y proporcionalidad\u201d.<\/p>\n
\u201cOtro problema relacionado con esta regulaci\u00f3n de la leg\u00edtima defensa es que, por la utilizaci\u00f3n de una discutible t\u00e9cnica legislativa la norma ha sido incorporada en el C\u00f3digo Penal por lo que es de aplicaci\u00f3n general pudiendo ser esgrimida en contra de cualquier ciudadano incluso contra adolescentes facilitando as\u00ed una respuesta excesiva frente por ejemplo a las manifestaciones estudiantiles\u201d, destaca el documento.<\/p>\n
En segundo lugar, agrega la misiva, \u201cresulta extremadamente preocupante la alteraci\u00f3n a la regulaci\u00f3n de los delitos de tortura y apremios ileg\u00edtimos. La indicaci\u00f3n N\u00ba79 que fuera aprobada en la Comisi\u00f3n de Seguridad P\u00fablica del Senado, restringe el alcance del delito de apremios y leg\u00edtimos contenidos por funcionarios p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n
En ese sentido precis\u00f3 que \u201cesta indicaci\u00f3n limita la aplicaci\u00f3n de dicho delito de diversas maneras, por ejemplo circunscribi\u00e9ndolo a conductas cometidas exclusivamente con malicia y no con simple dolo como ocurre en la generalidad de los delitos, limit\u00e1ndolo a conductas en las que se infrinjan reglamentos, eliminando la agravaci\u00f3n de penas cuando las v\u00edctimas de apremio se encuentran bajo custodia, y alterando la actual regulaci\u00f3n y delimitaci\u00f3n entre torturas y apremios ileg\u00edtimos\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1alan que la indicaci\u00f3n 77, \u201cpropone agregar un nuevo p\u00e1rrafo segundo al n\u00famero 10 del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Penal que en todo produce una preocupante norma de impunidad. Este nuevo p\u00e1rrafo altera las reglas de participaci\u00f3n criminal y de responsabilidad jer\u00e1rquica respecto de los delitos que no sean tortura, introduciendo una norma de impunidad para el superior jer\u00e1rquico que no impide o hace cesar la aplicaci\u00f3n de premios leg\u00edtimos. De acuerdo con la indicaci\u00f3n propuesta, el superior jer\u00e1rquico s\u00f3lo ser\u00eda responsable cuando consintiere expresamente, sabiendo, o hubiere ordenado la comisi\u00f3n de los il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n
Finalmente se\u00f1alan que \u201cnada es m\u00e1s urgente y valioso que la seguridad y celebramos la urgencia que se le est\u00e1 dando a un reclamo tan transversal y presente\u201d. Sin embargo, indicaron \u201cno se ha escuchado la voz de quienes, en todo el espectro pol\u00edtico, llevamos d\u00e9cadas estudiando el problema de la delincuencia, no se ha mirado la evidencia que hemos aportado, no se ha abierto espacio alguno en que los expertos de derecha o izquierda puedan contribuir con esta agenda\u201d.<\/p>\n
\u201cEl leg\u00edtimo anhelo de dar seguridad a la poblaci\u00f3n, de desbaratar el crimen organizado, de recuperar nuestros barrios y de respaldar la labor y dar mayores protecciones jur\u00eddicas a los miembros de las fuerzas de orden y de seguridad, no son excusa para minar nuestro sistema jur\u00eddico y retroceder en la protecci\u00f3n de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos. Por el contrario la legitimidad y legalidad de tal estar\u00edas s\u00f3lo se consigue a trav\u00e9s de la protecci\u00f3n y aseguramiento de tales derechos, tanto de los ciudadanos como de los propios miembros de los organismos de orden y seguridad seguridad\u201d, puntualizaron.<\/p>\n
Fuente: Radio UChile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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