{"id":18726,"date":"2023-05-27T13:50:40","date_gmt":"2023-05-27T16:50:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.todxs.com.ar\/?p=18726"},"modified":"2023-05-27T13:50:40","modified_gmt":"2023-05-27T16:50:40","slug":"argentina-podran-poder-judicial-el-poder-que-puede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.todxs.com.ar\/radio\/argentina-podran-poder-judicial-el-poder-que-puede\/","title":{"rendered":"Argentina. \u00bfPodr\u00e1n?: Poder Judicial, el poder que puede"},"content":{"rendered":"

El pedido de juicio pol\u00edtico enviado al Congreso por el gobierno nacional a comienzo de este a\u00f1o alude a varios fallos, como el relacionado con la coparticipaci\u00f3n y la intervenci\u00f3n en el conflicto sobre el dictado de clases presenciales en Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires durante la pandemia, as\u00ed como los fallos sobre el Consejo de la Magistratura, el 2\u00d71 y la crisis de la Obra Social del Poder Judicial de la Naci\u00f3n (OSPJN). En numerosas oportunidades, su actuaci\u00f3n dej\u00f3 entrever una evidente connivencia con determinados sectores del empresariado y de la pol\u00edtica, atentando contra garant\u00edas constitucionales como la imparcialidad.<\/p>\n

Uno de los casos m\u00e1s importantes que motiv\u00f3 el pedido de destituci\u00f3n de los jueces de la Corte fue el fallo conocido como \u201c2\u00d71\u201d o \u201cfallo Mui\u00f1a\u201d. Se trat\u00f3 de una sentencia dictada en el a\u00f1o 2017, con la que el alto tribunal benefici\u00f3 al represor Luis Mui\u00f1a, quien hab\u00eda sido condenado en dos oportunidades por secuestros, torturas, desapariciones y homicidio en el Hospital Posadas, donde funcion\u00f3 un centro clandestino de detenci\u00f3n durante la \u00faltima dictadura c\u00edvico-militar-eclesi\u00e1stica. Este es uno de los puntos que figura en uno de los pedidos de remoci\u00f3n, ya que el pronunciamiento atentaba contra una pol\u00edtica de Estado asumida por la propia Corte, por la que se obligaba a cumplir los compromisos constitucionales e internacionales de investigar, dar juzgamiento y sanci\u00f3n efectiva a los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. La decisi\u00f3n de la Corte fue ampliamente repudiada, porque implicaba una toma de posici\u00f3n que pod\u00eda favorecer a otros genocidas, invocando una ley de 1994 derogada en 2001, que, en realidad, hab\u00eda sido pensada para delitos comunes.<\/p>\n

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En similar l\u00ednea, hay planteos por la interrupci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interpoderes, donde los organismos de derechos humanos dejaron de ser convocados, y una denuncia contra Rosatti por encubrimiento del represor Ramos Campagnolo. El fallo del 2\u00d71 gener\u00f3 la movilizaci\u00f3n ciudadana y llev\u00f3 a que el Congreso excluyera expresamente de dicho c\u00f3mputo los delitos de lesa humanidad, y a que los magistrados, un a\u00f1o y medio despu\u00e9s, revirtieran su pronunciamiento. Sin embargo, el repudio social que despert\u00f3 el fallo motiv\u00f3 los pedidos de destituci\u00f3n contra la exjueza Elena Highton de Nolasco y contra Carlos Rosenkrantz, autor del pronunciamiento junto a Horacio Rosatti. Ambos magistrados, nombrados por decreto por el expresidente Mauricio Macri mediante un procedimiento de designaci\u00f3n considerado irregular y de dudosa constitucionalidad, cuestionado tambi\u00e9n por no respetar el principio de equilibrio de g\u00e9nero como un objetivo en la composici\u00f3n del sistema judicial. La designaci\u00f3n consagr\u00f3 la amplia mayor\u00eda masculina en la Corte que, con la salida de Highton de Nolasco, termin\u00f3 de quedar integrada solo por hombres, reflejando la exclusi\u00f3n de las mujeres y diversidades en los \u00e1mbitos de poder.<\/p>\n

El jurista argentino Alberto Binder se\u00f1ala que existen tres tipos de cr\u00edticas frecuentes a la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. Las que se centran en las deficiencias profesionales y humanas de los jueces, la falta de compromiso con los valores democr\u00e1ticos o falta de solidez \u00e9tica en su desempe\u00f1o. En este punto, se deber\u00eda remover a los jueces y mejorar el sistema de nombramiento, control y remoci\u00f3n; las que se\u00f1alan que el problema principal es la deficiente administraci\u00f3n de los recursos humanos y materiales, los procesos de trabajo obsoletos y una incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda d\u00e9bil, ca\u00f3tica e inadecuada, y una organizaci\u00f3n y administraci\u00f3n de los tribunales que no responde a los par\u00e1metros modernos; y aquellas que advierten que el problema fundamental es m\u00e1s profundo y reside en la pervivencia de estructuras de trabajo antiguas y modelos de organizaci\u00f3n y gobierno judicial r\u00edgido, vertical y burocr\u00e1tico.<\/p>\n

As\u00ed, podemos considerar que no son \u201cdefectos\u201d de la administraci\u00f3n de justicia, sino el resabio de un modelo judicial vertical, autoritario, clasista, heredero de la tradici\u00f3n colonial inquisitiva, que se inscribe en una matriz pol\u00edtico-estructural al servicio de la concentraci\u00f3n de poder, y alejado de las demandas sociales. Podr\u00edamos agregar, dentro de estos cuestionamientos, las cr\u00edticas que advierten la estructura de raigambre patriarcal que subyace en el sistema judicial.<\/em><\/p>\n

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La judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica<\/strong>
\nEl pasado 9 de mayo, se dio a conocer la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de suspender las elecciones en las provincias de San Juan y Tucum\u00e1n a solo 72 horas del comienzo de la veda electoral. El pronunciamiento fue repudiado por amplios sectores que denunciaron que se trat\u00f3 de un acto (m\u00e1s) de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica, atentando contra la autonom\u00eda de las provincias y el derecho democr\u00e1tico de la ciudadan\u00eda. Dado que se esperaba el triunfo oficialista en ambas provincias, se denunci\u00f3 que, en realidad, el fallo respondi\u00f3 a una exigencia pol\u00edtica de la oposici\u00f3n, dejando en evidencia su car\u00e1cter antidemocr\u00e1tico y su falta de respeto al sistema federal de gobierno.<\/p>\n

La semana pasada, el diputado formose\u00f1o de Juntos por el Cambio, ex juez federal y candidato a gobernador, Fernando Carbajal, present\u00f3 ante la Corte Suprema una medida cautelar para que se declare inconstitucional la postulaci\u00f3n a la reelecci\u00f3n del gobernador Gildo Insfr\u00e1n el 25 de junio. La Corte pidi\u00f3 opini\u00f3n al procurador general Eduardo Casal, quien en su dictamen -de car\u00e1cter no vinculante- indic\u00f3 que el m\u00e1ximo tribunal no debe intervenir en la elecci\u00f3n de Formosa. Habr\u00e1 que esperar en los pr\u00f3ximos d\u00edas c\u00f3mo proceden.<\/p>\n

En este sentido, la vicepresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, en su carta publicada el pasado martes, sostuvo que la condena e inhabilitaci\u00f3n en su contra en la causa conocida como \u201cVialidad Nacional\u201d tiene una \u00fanica traducci\u00f3n pol\u00edtica y electoral: la proscripci\u00f3n, no solo a ella como candidata, sino al peronismo. Y denunci\u00f3 que la suspensi\u00f3n de las elecciones en las provincias de Tucum\u00e1n y San Juan responden a la finalidad pol\u00edtica de perjudicar al peronismo y desplazar la atenci\u00f3n de sus propias irregularidades y delitos, ya que, en el mismo momento en que ese fallo se conoc\u00eda, en la Comisi\u00f3n de Juicio Pol\u00edtico, se denunciaba la causa de la obra social del Poder Judicial que involucra a uno de los miembros y el enriquecimiento il\u00edcito que involucra al presidente de la Corte.<\/p>\n

La judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica no es un fen\u00f3meno nuevo y puede manifestarse de diferentes maneras. Desde el activismo y la movilizaci\u00f3n legal para canalizar demandas sociales a trav\u00e9s de los tribunales de justicia, o con procedimientos como el lawfare, que enfatizan en la descalificaci\u00f3n personal o la persecuci\u00f3n pol\u00edtico-judicial de dirigentes, en lugar de la confrontaci\u00f3n de ideolog\u00edas y pol\u00edticas p\u00fablicas. Con frecuencia, las denuncias se presentan s\u00f3lo con el objetivo de obtener resonancia medi\u00e1tica al margen de las condenas reales, lo que contribuye a generar una sensaci\u00f3n de impunidad.<\/em><\/p>\n

Por otro lado, la atribuci\u00f3n de control de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces permite utilizar este mecanismo para vetar leyes aprobadas por el Congreso. Esto configura un menoscabo democr\u00e1tico, ya que un grupo de funcionarios que no fueron elegidos mediante el voto popular puede avanzar sobre las decisiones de un \u00f3rgano fundamental de la democracia representativa como lo es el Poder Legislativo. En ocasiones, los propios dirigentes que se oponen a ciertos proyectos recurren a tribunales alegando inconstitucionalidad, lo que puede resultar en medidas cautelares que impiden su entrada en vigor. Finalmente, con frecuencia, se busca que los tribunales intervengan en la redefinici\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas, mediante denuncias que buscan que los tribunales insten al Poder Ejecutivo a modificar ciertas pol\u00edticas.<\/p>\n

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En una entrevista del a\u00f1o 1989, el exministro de la Corte, Enrique Petracchi, reconoc\u00eda: \u201cSe dice que los jueces no son pol\u00edticos. Pero, \u00a1c\u00f3mo no van a ser pol\u00edticos! Son pol\u00edticos, les guste o no. A lo sumo, les va a pasar lo que al cangrejo, que es crust\u00e1ceo, pero no lo sabe\u201d. Esto nos coloca ante la pregunta acerca de la legitimidad de ese ejercicio de poder que es decididamente pol\u00edtico. Si los jueces asumen funciones pol\u00edticas, les guste o no, nos empe\u00f1emos en negarlo o decidamos sincerarlo, es necesario preguntarse cu\u00e1l es la legitimidad que respalda ese accionar pol\u00edtico.<\/p>\n

El dise\u00f1o institucional argentino aborda la legitimidad del Poder Judicial siguiendo el modelo norteamericano, a partir de la concepci\u00f3n del poder judicial como poder contra mayoritario, encargado de preservar el sistema constitucional. Pero la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica relativiza esto y nos coloca ante un poder judicial autoritario y antidemocr\u00e1tico, que interviene en la pol\u00edtica de manera activa y partidaria, que tiene vinculaciones empresariales, que puede suspender elecciones, determinar la vigencia o no de leyes, la continuidad o no de pol\u00edticas p\u00fablicas, y con el poder que le confiere tener la \u00faltima palabra respecto del control de constitucionalidad. Nos encontramos as\u00ed ante un poder que se pretende sustra\u00eddo de la pol\u00edtica, pero, en realidad, solo se sustrae de la regla de mayor\u00eda y del control ciudadano de la democracia.<\/p>\n

Los pedidos de destituci\u00f3n contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n reflejan una necesidad de repensar el poder judicial y abre numerosos interrogantes acerca de c\u00f3mo avanzar hacia un sistema de justicia comprometido con los valores democr\u00e1ticos y los derechos humanos, cercano a las demandas sociales y la realizaci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n

Fuente: Ver\u00f3nica Michelle Cabido para La tinta \/ Imagen de portada: Centro de Informaci\u00f3n Judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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