Era de esperar que las \u00e9lites colombianas, que hab\u00edan disfrutado del monopolio del Estado durante doscientos a\u00f1os consecutivos hasta hace veinte meses, intentaran obstruir la administraci\u00f3n del presidente de izquierdas Gustavo Petro. Este esfuerzo por socavar el proceso de cambio ordenado por la mayor\u00eda de los colombianos ha implicado desde campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n hasta el bloqueo de pol\u00edticas en el Congreso, pero tambi\u00e9n ha habido estrategias m\u00e1s directas y sofisticadas para derrocar el proyecto progresista.<\/p>\n
Despu\u00e9s de que el aparato legal de Brasil se esgrimiera con \u00e9xito contra Luiz In\u00e1cio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y el de Argentina contra Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, las \u00e9lites colombianas est\u00e1n intentando hacer lo mismo con Petro, y su administraci\u00f3n advirti\u00f3 de un complot el a\u00f1o pasado. Si la estrategia de la derecha tiene \u00e9xito, significar\u00eda no solo la derrota del primer gobierno de izquierdas de Colombia, sino tambi\u00e9n una gran victoria para las clases capitalistas latinoamericanas y estadounidenses.<\/p>\n
La venganza de Barbosa<\/strong> Con el pretexto de luchar contra la corrupci\u00f3n, el fiscal general y el inspector general han empezado a atacar con m\u00e1s fuerza al equipo de Petro y a sus aliados. En primer lugar, allanaron las oficinas del sindicato de profesores del pa\u00eds, la Federaci\u00f3n Colombiana de Trabajadores de la Educaci\u00f3n (FECODE), alegando acusaciones inveros\u00edmiles de irregularidades en las donaciones a la campa\u00f1a presidencial de Petro, y suspendieron al ministro de Asuntos Exteriores, \u00c1lvaro Leyva, bajo acusaciones de corrupci\u00f3n igualmente infundadas. Estas siguen a una investigaci\u00f3n sobre el hijo de Petro, Nicol\u00e1s, que supuestamente recibi\u00f3 dinero ilegalmente durante la campa\u00f1a presidencial, aunque no hay pruebas de la implicaci\u00f3n del presidente.<\/p>\n Tal vez lo m\u00e1s perjudicial sea que la Corte Suprema de Justicia ha paralizado recientemente la aprobaci\u00f3n de tres candidatos propuestos por el gobierno de Petro para suceder a Barbosa, cuyo mandato finaliz\u00f3 el domingo, momento en el que fue sustituido por su igualmente problem\u00e1tico adjunto interino. Esta \u00faltima medida tiene por objeto obstaculizar el nombramiento de un funcionario m\u00e1s cualificado y honrado que se incline por utilizar su poder para perseguir el crimen organizado y los casos de corrupci\u00f3n m\u00e1s sustantivos, en lugar de dedicarse a maniobras pol\u00edticas o a perseguir a los manifestantes estudiantiles.<\/p>\n Tras el hist\u00f3rico levantamiento nacional de la primavera de 2021, por ejemplo, durante el gobierno del presidente de extrema derecha Iv\u00e1n Duque, las m\u00e1s altas instancias judiciales del pa\u00eds dedicaron gran parte de sus importantes recursos (que incluyen financiaci\u00f3n estadounidense) a perseguir a los j\u00f3venes manifestantes de clase trabajadora, y cientos de ellos fueron acusados infundadamente de terrorismo y condenados a largas penas en juicios dudosos criticados hasta por las Naciones Unidas.<\/p>\n En otras palabras, las m\u00e1s altas instancias judiciales de Colombia est\u00e1n hoy, como lo han estado durante d\u00e9cadas, celosamente requisadas por la clase dirigente del pa\u00eds \u2014con el apoyo estrat\u00e9gico y material de Estados Unidos\u2014 como arma pol\u00edtica. Aunque los principales medios de comunicaci\u00f3n han tendido a reducir el actual conflicto del presidente con la Corte Suprema y el fiscal general a rivalidades personales entre funcionarios p\u00fablicos, el conflicto puede caracterizarse con mayor precisi\u00f3n como la movilizaci\u00f3n por parte de las poderosas minor\u00edas del pa\u00eds del poder judicial para quebrar el movimiento de masas que pugna por transformaciones profundas.<\/p>\n Lawfare latinoamericano<\/strong> Un estudio sobre el uso de lo que se ha denominado lawfare, publicado por el Centro Estrat\u00e9gico Latinoamericano de Geopol\u00edtica (CELAG), rastrea c\u00f3mo estas modificaciones de los aparatos jur\u00eddicos en Am\u00e9rica Latina se llevaron a cabo con el asesoramiento y la estrecha participaci\u00f3n de ONG respaldadas por Estados Unidos y organizaciones \u00abpara el desarrollo\u00bb como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Con el pretexto de atajar la corrupci\u00f3n pol\u00edtica \u2014presentada como explicaci\u00f3n para los males y el atraso de la regi\u00f3n\u2014, las \u00e9lites han sometido a una implacable persecuci\u00f3n legal a los funcionarios gubernamentales inclinados a utilizar el poder del Estado para servir al p\u00fablico por encima del inter\u00e9s privado. Colombia, en particular, ha recibido esta \u00abayuda\u00bb para reformar su sistema judicial a instancias de organizaciones estadounidenses.<\/p>\n Ejemplos relativamente recientes de estos procesos judiciales, adem\u00e1s de los mencionados en Brasil y Argentina, se han dirigido contra Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador y Bernardo Ar\u00e9valo en Guatemala, entre otros. El actual intento de sabotear al presidente Petro en Colombia, en lo que \u00e9l ha denominado un \u00abgolpe blando\u00bb, es un caso cl\u00e1sico de este m\u00e9todo de probada eficacia.<\/p>\n En Colombia, hist\u00f3ricamente uno de los aliados m\u00e1s estrechos de Estados Unidos en la regi\u00f3n, las \u00e9lites no son reacias a utilizar t\u00e1cticas de terror, torturas, desapariciones y asesinatos para silenciar a los opositores y disidentes pol\u00edticos. Sin embargo, su actual utilizaci\u00f3n de m\u00e9todos m\u00e1s sutiles contra Petro y su administraci\u00f3n es prudente. Pretenden evitar la agitaci\u00f3n casi segura que desencadenar\u00eda un enfoque m\u00e1s t\u00edpicamente violento contra el presidente. Los m\u00e9todos m\u00e1s sanguinarios suelen reservarse (con excepciones, sobre todo teniendo en cuenta la larga historia colombiana de asesinatos de l\u00edderes pol\u00edticos de izquierdas) para las masas sin nombre ni rostro de ciudadanos de a pie que, mediante la etiqueta de \u00abanticorrupci\u00f3n\u00bb, pueden perder la posibilidad de un futuro colectivo mejor.<\/p>\n El gobierno de Petro, al atreverse a aplicar las reformas radicales prometidas por su coalici\u00f3n durante su campa\u00f1a electoral, ha inspirado la ira de un peque\u00f1o pero influyente sector de la sociedad colombiana que lucha con vehemencia contra cualquier amenaza a su dominio del poder. Esta vez, las \u00e9lites pretenden utilizar el sistema judicial para destituir al gobierno elegido democr\u00e1ticamente y restaurar su monopolio sobre el poder estatal, realine\u00e1ndolo una vez m\u00e1s con la forma particularmente violenta de neoliberalismo capitalista por la que se conoce a Colombia.<\/p>\n La larga lucha contra Petro<\/strong> Ord\u00f3\u00f1ez supervis\u00f3 la suspensi\u00f3n de algunos de los senadores m\u00e1s progresistas del pa\u00eds mediante una serie de procesos judiciales infundados, que finalmente fueron todos desestimados. Aunque sus casos contra Petro y varios senadores no prosperaron, fueron perjudiciales. Entonces, como ahora, las acusaciones por s\u00ed solas ayudaron sin duda a formar e influir en la opini\u00f3n p\u00fablica sobre los pol\u00edticos de izquierda, y los medios de comunicaci\u00f3n del pa\u00eds, propiedad de las grandes empresas, hicieron su parte con entusiasmo.<\/p>\n Como subraya el analista colombiano Javier Calder\u00f3n Castillo, colaborador del estudio del CELAG sobre lawfare, estas agresiones no se distribuyen al azar, sino que se programan para lograr el m\u00e1ximo impacto pol\u00edtico. El intento de Ordo\u00f1ez de destituir a Petro de su alcald\u00eda e inhabilitarlo para ocupar cargos pol\u00edticos estaba calculado para frustrar su posible candidatura a la presidencia.<\/p>\n El presente esfuerzo, adem\u00e1s de contribuir a generar una desconfianza general en el gobierno, est\u00e1 preparando el terreno para una ofensiva m\u00e1s fuerte que las \u00e9lites y la oposici\u00f3n esperan que desemboque en la pronta salida de Petro del poder. En una reciente reuni\u00f3n p\u00fablica, Fernanda Cabal \u2014senadora proveniente de una familia de barones del az\u00facar\u2014 inst\u00f3 a realizar mayores actos de desestabilizaci\u00f3n contra el gobierno y declar\u00f3 que la tarea de la oposici\u00f3n era no dejar que el l\u00edder progresista terminara su mandato.<\/p>\n Los verdaderos criminales<\/strong> Los principales medios de comunicaci\u00f3n de Colombia, en lugar de informar seriamente sobre la inacci\u00f3n de Barbosa en numerosas investigaciones que vinculan a los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico con los cargos electos, se centran en historias sensacionalistas como las lujosas vacaciones del fiscal pagadas con dinero p\u00fablico y su promoci\u00f3n de funcionarios dispuestos a hacerle de perro de presa, entre otras. Escandalosas, sin duda, pero no tan relevantes como las acusaciones m\u00e1s graves que pesan sobre \u00e9l.<\/p>\n El caso m\u00e1s famoso desechado por Barbosa es el del fallecido Jos\u00e9 Guillermo \u00ab\u00d1e\u00f1e\u00bb Hern\u00e1ndez, un empresario con conocidos v\u00ednculos con los c\u00e1rteles de la droga del que se dice que contribuy\u00f3 a la campa\u00f1a presidencial del expresidente Iv\u00e1n Duque. Tambi\u00e9n hay pruebas de que el fiscal general utiliz\u00f3 su cargo para proteger al expresidente \u00c1lvaro Uribe \u2014conocido por su mezcla de neoliberalismo y violencia paramilitar\u2014 de ser juzgado por m\u00e1s de doscientos cr\u00edmenes, entre ellos varias masacres, como las de El Aro, La Granja y San Roque.<\/p>\n Absurdamente, teniendo en cuenta las graves y contundentes acusaciones dirigidas contra \u00e9l y sus aliados pol\u00edticos, Barbosa ha comparado a Petro con Pablo Escobar, el capo del narcotr\u00e1fico responsable de algunos de los cr\u00edmenes m\u00e1s atroces del pa\u00eds durante las d\u00e9cadas de 1980 y 1990.<\/p>\n A medida que los amplios programas \u00abanticorrupci\u00f3n\u00bb se aplican p\u00e9rfidamente siguiendo el manual de Washington, funcionarios como Barbosa \u2014ellos mismos impregnados de corrupci\u00f3n y criminalidad\u2014 capitalizan ese esquema para socavar los proyectos pol\u00edticos redistributivos. Si tiene \u00e9xito, el golpe blando que persiguen hoy en Colombia las \u00e9lites tradicionales podr\u00eda tener repercusiones adversas para las generaciones venideras. Ahora mismo, una pol\u00edtica popular y de masas parece la mejor defensa contra el lawfare en Colombia y m\u00e1s all\u00e1, pero la historia reciente ha demostrado que no siempre es suficiente.<\/p>\n jacobinlat.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Era de esperar que las \u00e9lites colombianas, que hab\u00edan disfrutado del monopolio del Estado durante doscientos a\u00f1os consecutivos hasta hace veinte meses, intentaran obstruir la administraci\u00f3n del presidente de izquierdas Gustavo Petro. Este esfuerzo por socavar el proceso de cambio ordenado por la mayor\u00eda de los colombianos ha implicado desde campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n hasta el […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19421,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-21227","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"yoast_head":"\n
\nHaciendo caso omiso del apartidismo pol\u00edtico que se espera de su cargo, el \u00faltimo fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha declarado abiertamente su desprecio por el gobierno de Petro desde que el presidente jur\u00f3 su cargo hace diecinueve meses. En un flagrante abuso de poder, Barbosa y la fiscal\u00eda general intensificaron recientemente sus esfuerzos por socavar la administraci\u00f3n en maniobras que solo pueden interpretarse como actos de lawfare. Esto forma parte del objetivo expl\u00edcito de la derecha de acortar el mandato de Petro en el cargo m\u00e1s alto de Colombia.<\/p>\n
\nEl gobierno de Petro no es ni mucho menos el \u00fanico gobierno de izquierdas sometido a acoso judicial. Los dudosos procesos judiciales contra l\u00edderes progresistas se han convertido en una de las principales armas de las \u00e9lites latinoamericanas contra la izquierda desde la d\u00e9cada de 1980. Su uso coincide con el periodo de la estrategia de Estados Unidos de presionar a los gobiernos de la regi\u00f3n para que \u00abmodernicen\u00bb sus poderes y pol\u00edticas judiciales.<\/p>\n
\nComo principal representante de la izquierda popular del pa\u00eds, el presidente Petro ha sido durante mucho tiempo objeto de agresiones legales. Estos esfuerzos comenzaron hace al menos una d\u00e9cada, cuando la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n lider\u00f3 un experimento similar para destituirlo como alcalde de Bogot\u00e1, en un intento de inhabilitarlo totalmente para la pol\u00edtica durante quince a\u00f1os dirigido por otro notorio extremista de derechas, Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez. La trama de aquel periodo se centr\u00f3 en una acusaci\u00f3n de irregularidades en los contratos de recogida de basura en la ciudad, posteriormente desestimada por los tribunales.<\/p>\n
\nAunque el fiscal general saliente Barbosa es solo un actor en una lucha de poder m\u00e1s amplia entre clases, es fiel representante de la postura general de la clase dominante colombiana. Su af\u00e1n por obstaculizar los esfuerzos del gobierno por transformar el pa\u00eds no se debe solo a su lealtad pol\u00edtica a la extrema derecha; tambi\u00e9n tiene sus ra\u00edces en la autopreservaci\u00f3n. Algunos informes, entre ellos uno publicado por una coalici\u00f3n de abogados defensores de los derechos humanos, sugieren que est\u00e1 impidiendo que se investiguen los c\u00e1rteles del crimen organizado, conocidos por sus profundos v\u00ednculos con la extrema derecha del pa\u00eds, a la que Barbosa debe su cargo.<\/p>\n