La C\u00e1mara Federal porte\u00f1a confirm\u00f3 los procesamientos con prisi\u00f3n preventiva de Patricia Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz G\u00f3mez, dos de los manifestantes detenidos durante las protestas contra la Ley Bases.<\/p>\n
En un fallo con disidencias entre los tres jueces del tribunal, tambi\u00e9n fueron confirmados los procesamientos de otros dos imputados aunque en sus casos se les concedi\u00f3 la excarcelaci\u00f3n: David Sica y Cristian Valiente.<\/p>\n
La C\u00e1mara tambi\u00e9n dispuso la \u201cfalta de m\u00e9rito\u201d de Facundo G\u00f3mez, quien ya hab\u00eda recuperado la libertad en una intervenci\u00f3n del tribunal la semana pasada.<\/p>\n
El fallo modific\u00f3 parcialmente las calificaciones legales de todos los imputados y las redujo a figuras de \u201cincendio\u201d, \u201cda\u00f1o agravado\u201d y \u201catentado y resistencia a la autoridad\u201d, que \u2013normalmente-, traen aparejadas las excarcelaciones.<\/p>\n
En la confirmaci\u00f3n de las prisiones preventivas coincidieron los camaristas Eduardo Farah y Mart\u00edn Irurzun, en tanto que el tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, se hab\u00eda pronunciado por liberar a los cinco detenidos, independientemente de que en algunos casos confirma sus procesamientos.<\/p>\n
\u201cPese al desplazamiento del il\u00edcito de intimidaci\u00f3n p\u00fablica, Patricia Calarco Arredondo quedar\u00e1 procesada por incendio y da\u00f1o agravado; este \u00faltimo delito ser\u00e1 cargado al reproche contra Roberto De la Cruz G\u00f3mez, as\u00ed como el de atentado contra la autoridad agravado\u201d, sostuvo el voto de mayor\u00eda.<\/p>\n
\u201cFrente a ello, am\u00e9n de la variaci\u00f3n, sigue en pie un panorama asimilable al que recientemente sirvi\u00f3 de trasfondo para confirmar la denegatoria de sus excarcelaciones. En efecto, como se dijo entonces, existe una razonable conexi\u00f3n entre las particularidades de los eventos concretos en que participaron, dem\u00e1s acontecimientos de similar tenor, el actual curso de la instrucci\u00f3n y el elevado riesgo procesal que, con base en la correlaci\u00f3n entre esos extremos\u201d, justificaron las detenciones.<\/p>\n
Entre las razones invocadas figuran \u201cla subsistencia de medidas probatorias, como el estudio del contenido de tel\u00e9fonos celulares y de lo obtenido mediante im\u00e1genes de la zona y momentos de los hechos. Aquellas est\u00e1n destinadas a identificar y dar con el paradero de otras personas que ejecutaron acciones comunes y develar si \u2013como se esgrimi\u00f3 a t\u00edtulo de hip\u00f3tesis acusadora- existi\u00f3 un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados\u201d, abundaron.<\/p>\n
El juez Boico, quien s\u00f3lo vot\u00f3 por confirmar parcialmente los procesamientos de Sica y Calarco, advirti\u00f3 en su voto que la investigaci\u00f3n no profundiz\u00f3 en otros implicados en sucesos violentos durante la manifestaci\u00f3n sobre quienes no parece haber inter\u00e9s en hallarlos.<\/p>\n
\u201cResta aqu\u00ed definir las situaciones procesales de aquellos a los cuales se les ha adjudicado comportamientos ajenos a los constitucionalmente aceptables en el marco de una protesta social. Auditar\u00e9 si eso es as\u00ed\u201d, prometi\u00f3 el camarista.<\/p>\n
En ese sentido, advirti\u00f3: \u201cde acuerdo a las im\u00e1genes que se han podido captar de los sucesos, algunas incorporadas aqu\u00ed, otras de difusi\u00f3n masiva, han quedado fuera de la causa, a\u00fan, varios sujetos que ostensiblemente parec\u00edan no estar all\u00ed con prop\u00f3sitos de manifestarse pac\u00edficamente, sino m\u00e1s bien con otros ajenos al ejercicio constitucional. Todos los vimos, pero llamativamente no han sido habidos por la prevenci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Boico exhort\u00f3 a que \u201cse profundice la investigaci\u00f3n para convocar a litigio a todos aquellos que, so pretexto del reclamo pac\u00edfico, se condujeron presuntamente bajo otros m\u00f3viles\u201d.<\/p>\n
\u201cLa violencia como conducto del ejercicio de la protesta excede lo jur\u00eddicamente tolerable, como tambi\u00e9n lo excede el ejercicio represivo irracional de parte de las autoridades p\u00fablicas. Ambos extremos empalidecen la calidad democr\u00e1tica. Es indudable que resulta dif\u00edcil precisar l\u00edmites jur\u00eddicos estandarizados de las pr\u00e1cticas sociales de protesta, pero lo claro es que el \u201cmanifestante\u201d, a secas y en contexto pac\u00edfico, no puede categorizarse como un \u201cenemigo\u201d, ni tampoco, livianamente, con calificativos e imputaciones adjudicables a quienes procuran desestabilizar el sistema democr\u00e1tico\u201d.<\/p>\n
Boico exclam\u00f3: \u201cQue los puede haber, \u00a1pues claro!, pero la estigmatizaci\u00f3n anticipada del colectivo que protesta, sin distinciones ni pruebas contundentes, no se corresponde con una actuaci\u00f3n enlazada a los c\u00e1nones de derechos humanos que nuestra Constituci\u00f3n reconoce y protege. Ya veremos que esta definici\u00f3n no es propia, sino que procede de \u201cdecisiones\u201d u \u201copiniones\u201d de diversos organismos regionales que la ley fundamental incorpor\u00f3 a su texto\u201d.<\/p>\n
Tiempo Argentino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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