Todo est\u00e1 dado para que la protesta de este mi\u00e9rcoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha m\u00e1s gente: la marcha frente al Congreso contar\u00e1 con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA. En la Rosada advierten que se preparan para una \u201cbatalla campal\u201d, dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguir\u00e1 en la misma t\u00f3nica de las \u00faltimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de \u201cgarantizar el orden\u201d del que Patricia Bullrich se vanagloria p\u00fablicamente. Ese \u201corden\u201d, hasta ahora, se bas\u00f3 en el protocolo represivo que estableci\u00f3 por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo m\u00e1s que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n y a peticionar ante las autoridades \u201cse siguen ejerciendo sin ning\u00fan problema\u201d.<\/p>\n
Un protocolo cuestionado<\/strong> Para reprimir la protesta social \u2013cl\u00e1sica receta destinada a la aplicaci\u00f3n del ajuste\u2013 la gesti\u00f3n actual invoca el llamado \u201cProtocolo para el mantenimiento del orden p\u00fablico ante el corte de v\u00edas de circulaci\u00f3n\u201d, que fue publicado en el Bolet\u00edn Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas lleg\u00f3 el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema \u201cley y orden\u201d para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n Ese eslogan se desarma f\u00e1cil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que est\u00e1 judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a trav\u00e9s de una mera resoluci\u00f3n. Adem\u00e1s de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupaci\u00f3n por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos. La cuesti\u00f3n del orden se basa en una falacia: las protestas desde que lleg\u00f3 Milei han sido pac\u00edficas y la provocaci\u00f3n siempre provino de las fuerzas de seguridad; tambi\u00e9n es trucho el objetivo de despejar la circulaci\u00f3n y hacer prevalecer el \u201cinter\u00e9s p\u00fablico\u201d cuando son los agentes quienes con frecuencia ocupan la calle para desarmar la protesta. El gobierno ni siquiera acepta que quede despejado alg\u00fan carril. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, paralizar.<\/p>\n El jueves pasado recuper\u00f3 la libertad Roberto de la Cruz G\u00f3mez, el \u00faltimo de los 33 detenidos en la movilizaci\u00f3n contra la Ley Bases. Estuvo preso en una c\u00e1rcel federal casi tres meses. Pero el fiscal Carlos Stornelli est\u00e1 obsesionado con mantener abierta esta causa \u2013en la que en l\u00ednea con el Gobierno quiso imputar terrorismo a quienes se hab\u00edan movilizado, vend\u00edan comida o pasaban de casualidad\u2013 y ahora imput\u00f3 a cinco personas m\u00e1s.<\/p>\n Escollos judiciales<\/strong> *Un habeas corpus de la legisladora porte\u00f1a Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad), que tambi\u00e9n planteaba la inconstitucionalidad del protocolo, fue lo que dio inicio a la causa que tuvo el juez Casanello. Esta no lo suspendi\u00f3 pero le se\u00f1al\u00f3 l\u00edmites a Bullrich y le exigi\u00f3 que adecuara \u201cla actuaci\u00f3n de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los l\u00edmites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho\u201d y a los pactos internacionales de protecci\u00f3n de los derechos humanos. Invoc\u00f3 criterios que en enero hab\u00edan marcado tres relatores de Naciones Unidas en una carta dirigida al gobierno de Milei (que \u00e9ste ignor\u00f3) que se\u00f1alaba aspectos ilegales de la norma. El magistrado le dijo a Bullrich que no puede aplicar el poder punitivo por fuera de la legislaci\u00f3n y que si sus fuerzas advierten un delito deben pedir intervenci\u00f3n judicial. El camarista Eduardo le sac\u00f3 la causa y la mand\u00f3 al fuero penal ordinario.<\/p>\n Ya desde antes, el expediente hab\u00eda peregrinado por esos tribunales y pas\u00f3 por ocho juzgados y una C\u00e1mara. \u201cTuvimos que esperar 50 d\u00edas cuando hicimos la denuncia con el Centro de Abogados por los Derecho Humanos hasta que Casanello acept\u00f3 la competencia, pero el gobierno logr\u00f3 quitarle el caso. Ahora est\u00e1 hace meses en la Corte, que tiene que resolver una simple discusi\u00f3n de competencia, mientras se sigue aplicando el protocolo a quienes protestan\u201d, se\u00f1al\u00f3 Fierro a P\u00e1gina\/12.<\/p>\n *El Centro de Estudios Legales y Sociales present\u00f3 un amparo colectivo en diciembre, donde denunciaba que el protocolo \u201clesiona, restringe, altera y amenaza derechos fundamentales garantizados en la Constituci\u00f3n Nacional y en diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como el derecho a la protesta, la libertad de expresi\u00f3n, de petici\u00f3n y de reuni\u00f3n. Es decir, es ilegal y arbitrario\u201d. En un comienzo le juez Cormick se declar\u00f3 incompetente y la causa termin\u00f3 en la C\u00e1mara Federal, que tuvo la causa cuatro meses. En junio volvi\u00f3 al juzgado de Cormick quien, en agosto, le pidi\u00f3 el Estado Nacional que presente un informe previsto en la ley de amparo.<\/p>\n \u201cEl Ministerio de Seguridad dijo que el protocolo es legal y constitucional, que no hay ning\u00fan perjuicio o lesi\u00f3n al derecho y que la gente protesta con normalidad. Que es para poner orden, ya que el derecho a la protesta est\u00e1 sujeto a l\u00edmites. Se valen de la idea de \u2018colisi\u00f3n de derechos\u2019 (protesta versus circulaci\u00f3n) pero anulan un derecho. Desde el CELS respondimos que no hay normalidad, que no est\u00e1 garantizado el derecho a la protesta en t\u00e9rminos del sistema interamericano de derechos humanos si imped\u00eds que la gente corte la calle, modalidad hist\u00f3rica de visibilizar reclamos en Argentina. Reprimen y detienen, usan armas menos letales (gases, balas de goma, camiones hidrantes) en forma desproporcionada. La protesta no est\u00e1 garantizada\u201d, advierte Agustina Lloret, Coordinadora d Litigio y Defensa Legal del CELS. El organismo recuerda jurisprudencia seg\u00fan la cual los cortes de tr\u00e1nsito no pueden ser asimilados al art\u00edculo 194 del C\u00f3digo Penal cuando son para ejercer \u201cderechos como la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n\u201d. Cormick, tarde o temprano, tendr\u00e1 que decir algo.<\/p>\n La especialista se\u00f1ala como casos emblem\u00e1ticos el del 12 de junio (represi\u00f3n en la protesta por la Ley Bases que termin\u00f3 con 33 detenidos\/as), donde adem\u00e1s \u201ctuvo un fuerte papel el fiscal Stornelli\u201d que se aline\u00f3 con el discurso del gobierno que trat\u00f3 a los manifestantes como terroristas y desestabilizadores. Otro ejemplo es la creciente represi\u00f3n a jubilados\/as que van los mi\u00e9rcoles a manifestarse. \u201cLa presencia policial y de otras fuerzas es fuerte en todas las protestas donde dicen que van a despejar las v\u00edas de circulaci\u00f3n. A menos que sean movilizaciones muy masivas donde eso es imposible, como ocurri\u00f3 con la marcha universitaria, o la del 24 de marzo, que es hist\u00f3rica. Cuando no hay millones de personas hacen el despliegue represivo y criminalizante, y claramente buscan un efecto disuasivo\u201d, se\u00f1ala Lloret.<\/p>\n El CELS hace presentaciones ante Naciones Unidas y la Comisi\u00f3n Interamericana sobre la reacci\u00f3n estatal ante cada protesta reprimida. Esto logr\u00f3 despertar preocupaci\u00f3 hace dos meses hubo una audiencia de organizaciones argentinas con representantes de ambos organismos. El gobierno de Milei tuvo que dar explicaciones y sus funcionarios aludieron a las manifestaciones como si fueran un alzamiento contra las autoridades democr\u00e1ticas. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Ba\u00f1os, y el responsable de Cooperaci\u00f3n Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, dijeron que todo es para evitar una \u201cdesestabilizaci\u00f3n\u201d. El representante para Am\u00e9rica del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Jan Jarab, cuestion\u00f3 el \u201cdesincentivo\u201d al \u201cderecho a la protesta\u201d y el uso de la palabra \u201cterrorista\u201d para referirse a manifestantes. El comisionado Jos\u00e9 Luis Caballero, advirti\u00f3 record\u00f3 que protestar \u201ces una acci\u00f3n vinculada a la promoci\u00f3n y defensa de la democracia\u201d.<\/p>\n N\u00fameros y pol\u00edticas <\/strong> Bregman tuite\u00f3 esta semana que en una causa a cargo del juez Juli\u00e1n Ercolini sobre la represi\u00f3n en la primera manifestaci\u00f3n contra la Ley Bases, que se hizo el 1 de febrero, ya declararon 16 periodistas y fot\u00f3grafos y denunciaron que la polic\u00eda les disparaba directamente a ellos, a la cara y a quemarropa (est\u00e1n presentados el Sindicato de Prensa de Buenos Aires la Asociaci\u00f3n de Reporteros Gr\u00e1ficos de la Rep\u00fablica Argentina). Fue la marcha donde qued\u00f3 herido en un ojo con un balazo de goma el abogado de Mat\u00edas Aufieri (del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), hecho que forma parte de la pesquisa. El ataque a la prensa, como es obvio, pretende evitar los registros de la represi\u00f3n. Ese d\u00eda en particular, adem\u00e1s, se reprim\u00eda a gente que estaba arriba de una plazoleta (no en la calle). Esto est\u00e1 vinculado con otro hecho denunciado por los manifestantes, que es que de pronto baj\u00f3 la iluminaci\u00f3n en la plaza de los dos Congresos. El gobierno porte\u00f1o lo confirm\u00f3, pero no explic\u00f3 la raz\u00f3n.<\/p>\n En este contexto que intenta disuadir la protesta y meter miedo, las y los jubilados, como escribi\u00f3 Luis Bruschtein en este diario, se est\u00e1n convirtiendo en los verdaderos h\u00e9roes de este tiempo que sostienen la movilizaci\u00f3n y ponen el cuerpo. Sobre ellos ha ca\u00eddo el gran peso del ajuste y la pelean a pesar de los palazos. Ese azote a los adultos mayores concita unos de los mayores rechazos del gobierno de Milei.<\/p>\n P\u00e1gina 12.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Todo est\u00e1 dado para que la protesta de este mi\u00e9rcoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha m\u00e1s gente: la marcha frente al Congreso contar\u00e1 con el […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":22554,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-22553","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"yoast_head":"\n
\nHay dos expedientes en tr\u00e1mite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la llegalidad del protocolo antiprotestas\u201d o \u201cantipiquetes\u201d. En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Mart\u00edn Cormick, es que la cartera de Bullrich argument\u00f3 que en este pa\u00eds cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias. La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebasti\u00e1n Casanello, y tras de un sinuoso derrotero termin\u00f3 en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver qui\u00e9n es el juez\/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ning\u00fan apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigaci\u00f3n en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represi\u00f3n y las heridas sufridas por manifestantes. Tambi\u00e9n hay un proceso ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).<\/p>\n
\nCon excepci\u00f3n del juez Casanello, quien intent\u00f3 avanzar en febrero, cit\u00f3 a Bullrich a una audiencia y le advirti\u00f3 a que estaba cruzando los l\u00edmites de lo legal, el comportamiento del Poder Judicial ha sido dilatar definiciones sobre el protocolo y sus consecuencias.<\/p>\n
\nEn el informe \u201cBala y C\u00e1rcel\u201d el CELS se\u00f1al\u00f3 que para julio \u00faltimo 665 personas hab\u00edan sido heridas en protestas solo en la Ciudad de Buenos Aires; 47 trabajadoras\/es de prensa quedaron heridos en manifestaciones; hubo 80 detenciones al azar en C\u00f3rdoba, Rosario y CABA; se les quiere cobrar 131millones de pesos a organizaciones por el operativo del 12 de junio (tampoco existe transparencia sobre c\u00f3mo se hace ese c\u00e1lculo). Un mecanismo de disuasi\u00f3n de la protesta es realizar requisas en transportes p\u00fablicos. Solo el 20 de diciembre de 2023, por ejemplo, fueron requisados m\u00e1s de 700 transportes. El gobierno se ha negado a dar informaci\u00f3n sobre los operativos anti-protesta frente los pedidos de acceso de la exdiputada Myriam Bregman. Seg\u00fan el protocolo, adem\u00e1s, pueden identifica a quienes organizan y convocan. Quiz\u00e1 sea uno de los motivos de tanta inversi\u00f3n en ciberpatrullaje y servicios de inteligencia.<\/p>\n