Mujeres trans en prisión: sobrerrepresentadas pero invisibilizadas

Hacía dos años y medio que Damaris Becerra Jurado estaba detenida con prisión preventiva. Tenía 40 años y una enfermedad crónica. No llegó a ser juzgada. Murió encerrada en la madrugada del 26 de noviembre de 2017 en la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela. Su muerte fue la tercera en un mismo penal en menos de un año. Meses atrás habían fallecido, Pamela Macedo Panduro, de 29 años y Angie Velázquez Ramírez, de 36. Las tres eran mujeres trans migrantes peruanas en Argentina. Sus historias son relatos de exclusión y violencias en las que cambian los nombres pero las tramas se parecen mucho: la pobreza, la precariedad, la migración, la persecución penal, el castigo desproporcionado y la cárcel. El Estado aparece en sus vidas para exacerbar, amplificar y multiplicar vulnerabilidades. El encierro tiene un impacto diferencial para mujeres, varones y personas trans. Sus historias son invisibilizadas por los Estados que, muchas veces, ni siquiera registran la cantidad de personas trans detenidas.

“Mujeres Trans privadas de su libertad: la invisibilidad tras los muros” es el título de un nuevo informe regional que hace foco en las condiciones de vida de las mujeres trans y travestis privadas de la libertad. Es el resultado de la investigación de 9 organizaciones de defensa y derechos humanos de América Latina y el Caribe, entre ellas la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), entre otras.Con un enfoque feminista, interseccional y latinoamericano, las autoras hicieron entrevistas en cárceles de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

“Las mujeres trans están sobrerrepresentadas en las prisiones comparadas con otros grupos (…)y son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de la libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, las visitas conyugales, entre otros”, resume el estudio al que tuvo acceso LATFEM.

El modelo prohibicionista está provocando el encarcelamiento masivo de mujeres cis en todo el mundo: entre 2000 y 2017, la población carcelaria femenina aumentó en un 53.3%, mientras que la de los hombres aumentó en un 19.7%. Mulas, envases, valijeras, vagineras, correos humanos, camellos, burros, aguacateras o capsuleras: niñas, adolescentes, mujeres que ponen el cuerpo para traficar cocaína como una estrategia de supervivencia y terminan muertas o encerradas. En Argentina, la infracción a la Ley de Drogas 23.737 es la principal causa de privación de la libertad de mujeres y personas trans. En 2017, un 43 por ciento de las mujeres (1.561) y el 70 por ciento del total de personas trans (89) estaban encarceladas por estos delitos.

¿Y en el resto de la región? ¿Cuántas son las mujeres trans presas en las cárceles de América Latina? Todavía los informes y relevamientos estatales siguen siendo binarios y no registran la categoría T para contar con estadísticas y conocer la magnitud de la problemática. “El vacío de información y estadísticas desagregadas con perspectiva de género, no permite dimensionar el vínculo entre las políticas de drogas y el encarcelamiento de las mujeres trans”, señala el informe.

Los datos son escasos y muchos vienen de organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos. “Esto se verifica particularmente en los países que no presentan leyes nacionales de identidad de género—como Brasil—donde la información es producida a partir de la iniciativa de ONGs y los datos incluyen a la población LGBTI+ en general, sin diferenciar entre grupos”, dice el estudio.

En el caso de Argentina, Bolivia y Uruguay, los datos son facilitados por los propios sistemas penitenciarios, pero tienen otras limitaciones, como subregistro, diferencias en la sistematización y fallas de recolección. En Argentina, por ejemplo, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) registra, bajo la categoría transexual, a las identidades trans-travestis, visibilizando solo parte de la población lo que puede producir un subregistro de información.

De acuerdo a este documento regional, en el caso de Brasil, la cantidad de la población de mujeres trans privadas de su libertad (572) está subrepresentada, considerando la alta tasa de encarcelamiento que presenta ese país (354 personas cada 100,000 habitantes), sumando cerca de 744,0216 personas privadas de la libertad. Por otro lado, las mujeres trans tienden a estar sobrerrepresentadas en las estadísticas de la prevalencia del VIH recolectadas por el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, dado que este grupo es sujeto a pruebas de detección con mayor frecuencia por el estigma de ser “portadoras de enfermedades venéreas”.

Los datos disponibles muestran que las mujeres trans tienen una alta presencia dentro de la población LGBTI+ en prisión, superando el 30 por ciento en Ciudad de México y en Bolivia (150 mujeres trans de 450 personas LGBTI+ y 32 de 105, respectivamente). Por su parte, Argentina registró 12.840 mujeres trans en 2017, mientras que Uruguay registró 15 en 2019.

“Mujeres Trans privadas de su libertad: la invisibilidad tras los muros” fue realizado por: Josefina Alfonsín, responsable del Proyecto sobre el colectivo LGBT en contextos de encierro de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina; Gerardo Contreras Ruvalcaba, Oficial de Proyectos de Equis Justicia para las Mujeres; Kenya Cuevas, Presidenta de Casa de las Muñecas Tiresias A.C. y de Casa Hogar Paola Buenrostro; Teresa García Castro, Asociada Principal de Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos; María Santos, Responsable del Proyecto de Políticas de Drogas y Género de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y Ari Vera Morales, Presidenta de Almas Cautivas y de la Red Corpora en Libertad.

“Mujeres Trans privadas de su libertad: la invisibilidad tras los muros” es el título de un nuevo informe regional que hace foco en las condiciones de vida de las mujeres trans y travestis privadas de la libertad. Es el resultado de la investigación 9 organizaciones de defensa y derechos humanos de América Latina y el Caribe. Lxs autorxs hicieron entrevistas en cárceles de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para dar cuenta del panorama regional.
Los escudos de protección

La investigación, también, pone el foco en los estándares internacionales y los escudos de protección de derechos que tienen cada uno de los países. De los 20 países analizados, sólo 8 tienen una ley en contra de cualquier forma de discriminación, 16 cuentan con una ley en contra la violencia hacia las mujeres y sólo 4 países—Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay—han aprobado una ley de identidad de género.

De la totalidad de países analizados solo Argentina cumple con todos los estándares: la Constitución Nacional incluye el principio de igualdad, tiene ley antidiscriminación, ley nacional contra la violencia a las mujeres, ley nacional sobre identidad de género, las personas trans pueden cambiar su identidad de género y hay normas para su alojamiento en prisión.

“La ausencia de estándares y políticas públicas en los países latinoamericanos sobre la atención y el cuidado de las personas LGBTI+ privadas de la libertad, en particular respecto de las medidas de protección contra la discriminación y el abuso, es alarmante”, detallaron.

En América Latina, el promedio de vida de las mujeres trans es de 35 años. En Argentina, para la población general el promedio de vida es de 77 años; sin embargo, las mujeres trans fallecen, como promedio, a los 32 años, producto de la violencia y la exclusión social, política, económica, estructural y sistemática. En Chile, la expectativa de vida de las mujeres trans no supera los 37 años, mientras que en Brasil y México la esperanza de vida es de 35 años, cuando el promedio para la población general es de 75 años en Brasil y 77 en México. “Mujeres Trans privadas de su libertad: la invisibilidad tras los muros” hace un recorrido por las condiciones estructurales de exclusión y las vulnerabilidades con las que llegan a estar encerradas las mujeres trans, particularmente se centra en los ejes salud, educación, trabajo.

Sobre el alojamiento en los espacios de encierro, contrario a lo que indican los Principios de Yogyakarta, “los países de la región no involucran a las mujeres trans en la decisión del alojamiento”, dice el informe. Muchas, a menudo, son ubicadas en cárceles para hombres, lo cual viola sus derechos de identidad e incrementa el riesgo de violencia sexual. En otros casos, las personas trans son segregadas. “En países como México, se han registrado intentos suicidas de mujeres trans en los centros penitenciarios”, cuentan las autoras sobre la segregación.

En Argentina, las condiciones del alojamiento difieren en las distintas regiones del país. En algunas provincias existen espacios de alojamiento exclusivos para mujeres trans mientras que, en otras regiones del país, deben convivir con imputados y condenados por delitos contra la integridad sexual. Por otra parte, el sistema federal permite el alojamiento de mujeres trans en cárceles que alojan a mujeres cis. Si bien esta medida parecería estar acorde a la normativa vigente, continúan presentándose dificultades para el efectivo cumplimiento de la ley de identidad de género. Las instituciones del sistema judicial no respetan el derecho a la consulta sobre el alojamiento de las personas; así como tampoco acerca del género autopercibido, lo cual produce clasificaciones discrecionales.74

En Brasil, las políticas de alojamiento también son dispares. La cárcel de Porto Alegre, en el sur del país, tienen una galería destinada a las mujeres y hombres trans, siendo la cuarta institución penitenciaria en el país que crea un espacio específico para esta población. Sin embargo, el argumento “proteccionista” que promueve la prohibición de contacto con otras poblaciones, puede ser perjudicial para aquellas mujeres trans que prefieran estar alojadas junto a las mujeres cis.

En Honduras, las mujeres trans son alojadas en cárceles de hombres, así como en Bolivia. Por ejemplo, en el establecimiento penitenciario para hombres de San Pedro en La Paz, hay alojadas mujeres trans. En México, la mayoría de las mujeres trans son alojadas en centros penitenciarios de acuerdo con su genitalidad. Sin embargo, en la Ciudad de México, las autoridades consultan con las mujeres trans acerca de su preferencia de lugar de alojamiento. De todas formas, solo aquellas mujeres trans que cuentan con identificación oficial son recluidas en los centros penitenciarios de acuerdo con su género autopercibido.

“Se encuentran en un riesgo mayor de sufrir violencia sexual debido a que rutinariamente son encarceladas en prisiones para hombres, sin que se tomen en cuenta las particularidades de la persona o del caso concreto”, dice el informe.

“En la mayoría de los establecimientos penitenciarios de la región, la atención a la salud no incluye la perspectiva de género ni contempla las particularidades del colectivo. Asimismo, las prácticas médicas suelen estar atravesadas por discursos homofóbicos y transfóbicos”, señala la investigación.

Las autoras también señalan la falta de desarrollo de políticas públicas efectivas de reinserción post penitenciarias ni programas específicos de vivienda para la comunidad trans.

El camino de la organización transfeminista

Frente a este panorama hostil, son muchas las que se vienen organizando en la región para visibilizar la problemática y que los Estados puedan tomar decisiones que mejoren las vidas de las mujeres trans. en 2017, se consolidó la Red Internacional de Trabajo con Personas LGBTI+ Privadas de Libertad “Corpora en Libertad”. Esta red agrupa a organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay y tiene como objetivo desplegar iniciativas colectivas de trabajo para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos del colectivo LGBTI+ en situaciones de privación de la libertad.

En el último tiempo también hubo algunas señales de cambio. En Argentina y en Chile, las cortes han resuelto otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad, como el arresto domiciliario, a mujeres trans teniendo en cuenta las historias y trayectorias de vida, el carácter excepcional de la situación de vulnerabilidad que viven en las cárceles, motivos de salud, la exposición a la violencia y la falta de perspectiva de género y diversidad sexual en el sistema de justicia. En el caso de Argentina, una sentencia paradigmática amplió el concepto de acceso a la salud integral, reconociendo la complejidad que implica el tránsito de algunas enfermedades en las cárceles, además de tener en cuenta las particularidades que caracteriza al colectivo trans.

Kenya Cuevas es una activista trans que estuvo presa casi una década en un penal de varones en México y es una de las autoras de este informe regional. Además, es directora de Casa de las Muñecas Tiresias AC y de la Casa Hogar Paola Buenrostro. Ella misma señala en el documento: “La lucha no ha sido fácil ni lo será, en estos años he visto morir a mis compañeras por crímenes de odio o porque el VIH les arrancó la vida, pero mi convicción sigue firme y le grito al mundo que: Nuestra venganza será ser felices.”

Fuente: latfem.org