Una nueva Ley de ajuste en CABA

Mientras se transita una emergencia sanitaria, el gobierno porteño continúa aplicando medidas financieras de ajuste. Este jueves se aprobó en la Legistalura, mediante una sesión mixta -presencial y virtual-, una Ley que blanquea la emergencia económica, pero que implica el recorte presupuestario a los sectores más golpeados.

Si bien la medida fue rechazada por los bloques del Frente de Todos y de la izquierda, fue aprobada por la mayoría de los sectores del oficialismo y aliados.

En primer lugar, la Ley reduce el presupuesto otorgado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) de 4.000 millones a 2.000 millones. Esto significa un problema para los barrios populares, donde el contagio y las muertes por coronavirus aumentan de manera exponencial día a día. Con este recorte, el IVC se verá en peores condiciones para contener la emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria que sufren los barrios.

Mediante la aplicación de la emergencia presupuestaria, el Poder Ejecutivo adquiere facultades extraodinarias para reasignar recursos destinados a la contención de la emergencia sanitaria. De esta forma, se evitaría que el control de lo mismos pase por el Poder Legislativo. Esto fue fuertemente criticado y señalado por la oposición, ya que implica la falta de transparencia con respecto al manejo presupuestario.

La diputada María Rosa Muiños, legisladora porteña por el Frente de Todos, remarcó en su intervención de la sesión que “el Ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van”.

“Lo que proponen es un cheque en blanco. No podemos acompañar un proyecto de emergencia que ni siquera dice a dónde van los recursos porque nada nos garantiza que vayan al sistema de salud o a proteger a la población vulnerable”, manifestaron desde el Frente de Todes en una declaración.

La Ley en un principio también proponía, con el argumento de la falta de liquidez en las cuentas públicas, escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado porteño. Sin embargo, gracias a las discusiones aplicadas desde la oposición, el oficialismo se echó atrás.

En paralelo, el bloque de Frente de Todos propuso una alternativa al proyecto de Ley presentado antes de la aprobación. Según informó Télam, voceros de la fuerza opositora al oficialismo afirmaron que esta alternativa contemplaba “la protección de las actividades económicas más golpeadas, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos”.

Distintos movimientos políticos denunciaron que esta Ley tampoco contempla la situación crítica que atraviesa la educación, que únicamente se brinda de manera virtual en el contexto de confinamiento. Una gran parte de la población no cuenta con conectividad a la red, por lo que se ven expulsados del sistema educativo.

Fuente: Notas periodismo popular