Violencia policial en todo el país: es urgente reformar las fuerzas de seguridad

Desde el inicio de la cuarentena, en distintos lugares del país las policías provinciales y las fuerzas federales reiteraron prácticas violentas, algunas graves como torturas y ejecuciones. También ocurrieron muertes de detenides en comisarías y la desaparición de una persona que fue hallada asesinada.

23 de marzo. La Pampa. En General Pico, Sebastián Britos fue baleado por un efectivo del Grupo CEO de la policía provincial mientras volvía a su casa después de comprar pan. Recibió varios impactos de bala de goma en el cuello y en el rostro.

27 de marzo. Ciudad de Buenos Aires. Enzo, de 22 años, salía de la casa de su novia en La Paternal cuando fue detenido por la Policía de la Ciudad. Lo golpearon con puños y tonfas, lo rociaron con gas pimienta a corta distancia y lo amenazaron diciéndole que tenían “una bala para él”.

29 de marzo. Chubut. Una mujer denunció que fue vejada por policías de Puerto Madryn, luego de que la demoraron por presunta violación del aislamiento cuando volvía de su trabajo. Fue obligada a desnudarse y hacer sentadillas frente al personal policial.

29 de marzo. Provincia de Buenos Aires. La Gendarmería Nacional intervino violentamente impidiendo un festejo en el barrio La Cava de San Isidro con la excusa del cumplimiento del aislamiento, aunque la regla allí es que se puede permanecer en los pasillos. Quince gendarmes fueron acusados de herir con balas de plomo a una nena de 7 años, golpear y herir a una joven de 18 años y de amenazar, golpear y someter a un simulacro de fusilamiento a un chico de 15 y a un joven de 28 años.

31 de marzo. Córdoba. La policía de Alta Gracia entró por la fuerza a un domicilio y detuvo a un joven acusado de violar la cuarentena. En el procedimiento irregular golpearon a la madre y al padre del joven, personas en riesgo por su edad y enfermedades crónicas. La policía amenazó con un arma de fuego a un integrante de la familia que filmó el operativo.

5 de abril. San Luis. Florencia Magalí Morales fue hallada ahorcada en la Comisaría 25º de Santa Rosa de Conlara, diez horas de después de haber sido detenida por andar en bicicleta a contramano sin portar su DNI.

1° de mayo. Santiago del Estero. Efectivos de la comisaría 10ª de Santiago del Estero detuvieron a Mauro Coronel en su casa. Su madre fue a la comisaría y escuchó que lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el Hospital regional, sin avisar a sus familiares. Cuatro días después de la detención Mauro falleció, el informe médico constató lesiones en las vías respiratorias.

1° de mayo. Santa Cruz. En Río Gallegos, Javier Astorga volvía de la casa de su madre cuando se encontró con un control policial. Seis efectivos de Infantería lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría 6º. Allí fue golpeado y humillado por su orientación sexual durante seis horas. Cuando recuperó su libertad realizó la denuncia y fue derivado al hospital con hematomas y fisuras en el maxilar y en las costillas.

9 de mayo. Santa Fe. En Villa Constitución, la policía ingresó con violencia a la casa de una familia porque uno de sus miembros había salido a la calle. Derribaron la puerta y, una vez adentro, dispararon e hirieron a varias personas, entre ellas a una mujer embarazada.

15 de mayo. Tucumán. En Melcho, policías de la comisaría de Monteagudo participaron de un operativo irregular para impedir una carrera de caballos. Los policías mataron a disparos a Luis Espinoza y ocultaron el cuerpo para encubrir el crimen. Luego de una semana de desaparición, Luis fue encontrado en Andalgalá, Catamarca.

28 de mayo. Buenos Aires. Adrián fue detenido y fuertemente golpeado por personal de la Policía Federal en la estación de tren de José C Paz. Adrián realiza tareas de recolección de basura en el partido de Tres de Febrero y, al momento de la interceptación policial, tenía el permiso para circular. Sin motivo, un policía lo golpeó violentamente.

31 de mayo. Chaco. En Fontana efectivos de la Policía de la provincia irrumpieron, varios de ellos sin uniforme, en la casa de una familia qom. Entraron sin orden de allanamiento, en horas de la madrugada, y les torturaron, golpearon, humillaron.

31 de mayo. Buenos Aires. En General Madariaga, Fabián Andina fue agredido por policías bonaerenses, luego de una discusión. Lo hicieron bajar del vehículo y lo golpearon en el suelo. Andina fue hospitalizado con golpes en el cuerpo y un desprendimiento de retina.

14 de junio. Buenos Aires. En Sierra de los Padres, la policía de la comisaría 14 ingresó a una finca sin orden de allanamiento y sin identificación. Allí detuvieron a tres trabajadores rurales de la UTT que recién habían ingresado en una camioneta Ford F100. La policía los acusaba de haber robado el vehículo. Los trabajadores mostraron los papeles del vehículo, pero los golpearon violentamente y los llevaron detenidos por atentado a la autoridad.

Hubo también tres noticias de casos muy graves de las fuerzas federales en barrios populares:

El 24 de mayo, Alan Maidana fue asesinado en Berazategui por Germán Bentos, un miembro de la PFA que actuó con su arma reglamentaria fuera de servicio. El policía -que estaba en su auto particular- recibió un golpe en la parte trasera del vehículo y respondió con 5 disparos. Alan Maidana, de 19 años, recibió un disparo en la espalda. El policía dijo haber sido víctima de un robo, pero nunca hizo la denuncia ni llamó al 911.

El 30 de mayo, Lucas Barrios fue asesinado por otro efectivo de la policía federal, Osvaldo Rendichi en la Isla Maciel. Supuestamente se encontraron para realizar una transacción comercial y otro hombre intentó robarle al policía. Rendichi, que estaba de civil, disparó 18 veces hacia Lucas.

El 17 de junio, Facundo Scalzo, de 20 años, fue asesinado por miembros de la Gendarmería, en el Bajo Flores. Luego de una discusión entre vecines, un grupo de gendarmes persiguieron a Facundo y a otro joven que se encontraba con él. La autopsia indicó que Facundo recibió 4 disparos, dos por la espalda y dos en el brazo.

Reformas policiales pendientes e impostergables
Esta sucesión de casos graves en estos pocos meses es un gran llamado de atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia estatal. En muchos de estos casos los poderes ejecutivos separaron a los efectivos sospechados y las investigaciones judiciales están avanzando. Si bien algunas de las intervenciones policiales comenzaron como acciones para hacer cumplir el aislamiento obligatorio, aun no es claro cuánto incide este factor. En todo caso, son prácticas abusivas de larga data: hostigamiento, detenciones no registradas, procedimientos con personal de civil, allanamientos violentos e irregulares, libros de registro fraguados, uso abusivo de la fuerza, ocultamiento de pruebas integran un repertorio de intervenciones policiales violentas y extremas que son toleradas y que, al mismo tiempo, son posibles porque el trabajo policial está degradado y el control político y judicial es bajo y deficiente. Como ocurre con otros aspectos de la desigualdad, la cuarentena permitió que se volviera a ver un problema estructural.

En los últimos años, el Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo un protagonismo desmedido con intervenciones que intentaron legitimar el uso irracional de la fuerza letal. La visibilidad de esa política hizo que los cuestionamientos se concentraran en las fuerzas federales. Sin embargo, queda claro que la reforma y modernización de las policías provinciales es tan importante como las que deben impulsarse a nivel nacional. Del mismo modo como es importante que los gobiernos intervengan políticamente sobre los hechos de violencia policial con una mirada que no se limite a trabajar sobre el caso a caso.

Las situaciones violentas de los últimos tres meses deberían poner a este déficit en la lista de los temas prioritarios. El presidente de la Nación expresó que este es un tema de primera magnitud. La nueva gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó su intención de que el Consejo Federal de Seguridad cobre relevancia. Se trata de una medida importante, ya que el Consejo reúne a les responsables de las políticas de seguridad de todas las provincias y a nivel federal y allí el gobierno nacional puede promover acuerdos políticos y establecer estándares mínimos de organización y funcionamiento para las fuerzas policiales de todo el país.

Es entonces necesario un compromiso político del gobierno nacional y de les gobernadores para impulsar reformas de fondo que transformen las prácticas de las policías de todo el país. En este sentido, hay que seguir con atención el proceso de reforma iniciado en Santa Fe, las propuestas de Chaco para reformar el órgano de control policial así como el anuncio de encarar cambios en la Policía Federal. El acuerdo político debe pasar, en todo caso, por fortalecer el gobierno efectivo de las fuerzas de seguridad sin contraponer eficacia y derechos humanos. Algunas cuestiones necesarias, en este sentido son diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento de las policías (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos); desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial; revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en base a los estándares internacionales.

Fuente: CELS Foto: M.A.F.I.A