Feministas y defensoras laborales en México enfrentan ola de detenciones, encarcelamientos

La contingencia sanitaria que ha provocado la pandemia COVID-19 no merma los contextos de peligro y violencia a los que se enfrentan activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas mexicanas. En días recientes, en diferentes estados del país se han reportado agresiones, amenazas de muertes, detenciones y encarcelamientos a raíz de la posible fabricación de delitos en su contra.

Susana Prieto Terrazas es una abogada que se dedica a defender los derechos de los trabajadores de las maquilas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, al norte de México, por lo que participó en la creación de un movimiento laboral llamado Movimiento 20/32. A inicios de 2019 este movimiento hizo estallar una huelga en la que participaron miles de obreros para demandar incremento salarial y mejores condiciones de trabajo.

El 8 de junio de 2020 fue arrestada por la policía local bajo los cargos de “motín, amenazas y agresiones contra servidores públicos”, la detención fue confirmada por las autoridades judiciales del estado. Sin embargo, diversas organizaciones en México, como sindicatos y defensores de derechos humanos, han considerado que esta detención y posterior encarcelamiento convierten a la defensora en presa política como reprenda por exponer irregularidades y corrupción de empresas transnacionales en contra de sus propios trabajadores. Actualmente Prieto Terrazas continúa en prisión en espera de que se defina su situación legal.

Dos días antes de que Prieto Terrazas fue detenida, el 6 de junio, se dio a conocer la detención de Kenia Hernández, activista feminista que fue interceptada por policías del Estado de México (al centro del país). Fue detenida junto a tres menores de edad que viajaban con ella en su vehículo.

“Durante la detención, Kenia y los tres compañeros fueron bajados con forcejeos del coche en que se transportaba la defensora. Ella fue encañonada y los compañeros, golpeados. A todos les quitaron sus pertenencias y no fueron informados del motivo de su detención”, acusó el Colectivo Zapata Vive, al que pertenece la activista. Kenia Hernández también fue encarcelada, aunque cinco días más tarde salió de la cárcel para seguir el proceso en su contra con medidas cautelares.

En su pronunciamiento, transmitido en línea, y ya en libertad, Kenia expresó: “Ni siquiera pudieron montarme el delito (…) Cuando me detuvieron después de una manifestación no me dijeron el porqué”.

Un día más atrás, el 5 de junio, la defensora Claudia Hernández fue detenida por elementos de la policía estatal de San Luís Potosí mientras participaba en una manifestación para protestar por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, un joven obrero que perdió la vida tras ser sometido por policías que lo detuvieron supuestamente por no portar cubrebocas mientras se encontraba afuera de su casa.

De acuerdo a un comunicado de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Claudia acudió a la manifestación para desarrollar labores de observación y mediación durante la marcha; tras ser detenida, junto a otras personas, estuvo incomunicada. Al igual que Kenia Hernández, Claudia fue liberada, pero vinculada a proceso con medidas cautelares.

Además de las detenciones y encarcelamientos, Consorcio Oaxaca, una organización feminista que promueve el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, fue blanco de amenazas.

El 15 de junio, alrededor de las 8:40 de la mañana, la organización halló en la puerta de sus instalaciones una bolsa negra con pedazos de carne, al parecer una cabeza de animal, con un mensaje amenazante y misógino.

La organización recordó que desde que impulsaron una campaña para pedir justicia por los feminicidios cometidos en el estado de Oaxaca, se han presentado varios incidentes de intimidación.

Por este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a México a esclarecer los hechos en contra de Consorcio Oaxaca, y a adoptar las medidas necesarias para proteger a la organización de amenazas y en especial a Soledad Jarquín, periodista feminista que forma parte del Consorcio y además, es madre de María del Sol, víctima de feminicidio.

En 2019, México ocupaba el cuarto lugar en América Latina en cuanto a los asesinatos de defensores de derechos humanos, después de Colombia, Honduras y el Brasil, con 23 homicidios. El 29 de junio, una experta de la ONU instó a México a garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos.

Fuente: globalvoices.org