La deuda con la Independencia
A pocos días de una nueva conmemoración de la declaración de nuestra Independencia, el Gobierno Nacional presentó una nueva oferta a los “fondos de inversión” que sostienen su voracidad sin final en el marco de una profunda crisis capitalista global, agravada por la pandemia mundial. Esta propuesta de re-negociación es contraria a cualquier espíritu soberano digno de esta fecha, ya que continúan las concesiones que se habían comenzado a instrumentar en la primera oferta realizada en abril e incluso se profundizan.
En la propuesta del gobierno, se adelantan las fechas de vencimiento en uno o dos años según el bono, se esfuman las quitas de capital, y se reconocen los pagos de intereses de este año. Además, se ofrecen algunas concesiones legales respecto a los niveles de aceptación en caso de futuras renegociaciones, permitiendo a tenedores de bonos renegociados en el 2005 contar con esas mismas condiciones (más convenientes para ellos). En concreto, significan entre U$D 7.800 y U$D 13.000 millones de dólares más, respecto a lo propuesto en abril, que serán menos recursos para la educación, salud, trabajo, vivienda, y tantas otras carencias que hoy sufre nuestro pueblo.
El camino de retroceder aceptando las indignas condiciones de los prestamistas es equivocado. La concesión fundamental que están recibiendo es acceder a una renegociación, lo que implica un reconocimiento de la deuda y la imposibilidad de suspender el pago de la misma y la inmediata investigación. Proceso que permitiría investigar lo que ha sido ampliamente denunciado por ser una “deuda” ilegal, ilegítima y odiosa. Cuando las únicas alternativas son pagar o pagar, las perspectivas de negociación sólo podían arrojar este reguero de retrocesos, con un final aún abierto.
El 13 de julio se cumplen 20 años del Fallo del Juez Ballestero que al dictar sentencia en la causa Olmos corroboró la existencia de 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento investigado del 76 al 83 durante la dictadura. La causa duró 18 años, y en la misma existen constancias de los beneficios que recibieron empresarios, funcionarios y bancos por ese endeudamiento que continuó incrementándose. Al poco tiempo del Fallo, gran parte de la deuda entraría en default a fines del año 2001. La renegociación del año 2005 no retomó las conclusiones de la causa Olmos, ni incluyó tampoco ningún tipo de investigación. En esta nueva renegociación, algo más de U$D 20.000 millones provienen de bonos emitidos en canje por aquella deuda que se dejó de pagar en el 2001.
Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda instamos a que el Gobierno Nacional nos reciba para plantearle nuestra posición ante esta deuda ilegal, ilegítima y odiosa. Asimismo, también exigimos respuesta a nuestro pedido de audiencia urgente a las autoridades del Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, ya que tienen la posibilidad de contar con información privilegiada para analizar el carácter de la deuda.
Es necesario remarcar que la re-negociación, actualmente en curso, es el primer paso en un camino que sólo traerá más penurias a nuestro pueblo. Luego de la negociación con los acreedores privados bajo legislación extranjera, el Gobierno de Alberto Fernández hará lo propio con el Fondo Monetario Internacional. Continuará así la política de “honrar las deudas” sin investigar su carácter fraudulento. Este organismo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri un préstamo de U$D 57.000 millones, de los que desembolsaron 44.000 millones. Como lo reconoció el propio presidente, la mayor parte de ese dinero se fue mediante la fuga de capitales. Por esa razón, es que el FMI está “apoyando” la negociación actual del gobierno con los prestamistas privados, porque quiere cobrar ese dinero otorgado a espaldas del Congreso y en perjuicio de todo el pueblo argentino.
Si continuamos en este camino, se agravarán los sufrimientos que ya están padeciendo la mayoría de los argentinos y argentinas, por la emergencia sanitaria y la crisis social, económica y ecológica. Por ello, resaltamos la importancia fundamental para nuestro pueblo del camino que proponemos desde la Autoconvocatoria.