Noticias | agosto 31, 2020

Nación Mapuche. Prisioneros políticos en las cárceles de Piñera, la huelga sigue


La lucha de los prisioneros políticos mapuche sigue, después de la firma del machi Celestino Córdova de un acuerdo con el gobierno el pasado 18 de agosto, que le permitió dejar la huelga de hambre a los 107 días y alcanzar unos primeros resultados en los derechos de los presos. Entrevista con Juan Pichun Collonao, lonko de la comunidad de Temulemu, y vocero de los presos políticos de Temuco.

Pero los otros 26 detenidos permanecen en huelga, desde la cárcel de Angol expresan un reclamo claro, respaldados por los de las prisiones de Lebu y Temuco: la reglamentación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que contempla los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que Chile ratificó en 2008 después de años de lucha política.

Este tratado internacional, ya firmado y regulado por muchos países latinoamericanos varios años antes que Chile, toma en consideración las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos originarios y define que en caso de sanciones penales “deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” (art. 10).

El lunes 24, los presos de Angol anunciaron el inicio de una huelga seca, o sea sin tomar líquidos, que se suma a los casi cuatro meses de huelga de hambre solida, tras cumplirse sin respuestas del plazo de 12 días planteado por el ministro de Justicia Hernán Larraín el 9 de agosto pasado, durante el último encuentro con los voceros que están llevando adelante las mesas de dialogo.

A la huelga seca se han sumado paulatinamente también los prisioneros de la cárcel de Lebu, y muchos de ellos se encuentran hoy en condiciones de salud criticas: desde el jueves 27, ya están hospitalizados todos los ocho huelguistas de Angol, y tres de la cárcel de Lebu.

“Lo que ellos plantean principalmente es que se cumpla la aplicación y reglamentación del Convenio 169 para los prisioneros políticos. Esto no esta explicitado en el acuerdo que firmó el machi Córdova” aclara Juan Pichún Collonao, vocero de la cárcel de Temuco, la tercera de las cárceles de la Araucanía que se sumaron a la huelga en solidaridad con el machi Celestino Córdova, que allí era detenido antes de ser hospitalizado por el deterioro de su salud.

Como explica su vocero, el lonko Pichún, tras el acuerdo firmado por el machi, tres de los presos de Temuco pudieron solicitar y obtuvieron un cambio de medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria, y este resultado fue una prueba de fuego del acuerdo, porque corresponde a la primera acción judicial fundamentada en él.

En cambio, no ha logrado muchos avances la mesa de dialogo llevada a cabo el miércoles 26 entre el ministro de Justicia Larraín y los voceros de los presos políticos mapuche.

Rodrigo Curipan, werken de los prisioneros en la cárcel de Angol, ha explicado a la prensa que “se avanzó en la voluntad de crear una mesa de alto nivel político para normar y reglamentar el Convenio 169, pero no se pudo destrabar la huelga.” Para ello sería necesaria la modificación de las medidas cautelares de los presos políticos mapuche, tanto de los que están en prisión preventiva cuanto de quienes están condenados, para que accedan a los Centros de Educación y Trabajo, como se resuelve en los 8 puntos del documento firmado por el machi Celestino Córdova y como estaría contemplado en el marco del Convenio 169 de la OIT.

En cambio, el ministro Larraín tildó de intransigentes a los presos de Angol, declaró que los pedidos de los prisioneros políticos mapuche “van más allá de la normativa legal y reglamentaria que existe”, y mientras tanto llamó a los presos a deponer la huelga de hambre argumentando que “no se puede poner en riesgo, por peticiones indebidas, la vida de nadie”.

Si por un lado, el gobierno está jugando con el tiempo y las vidas de los huelguistas, angustiando a sus familias y comunidades con postergar una vez más la posibilidad de un acuerdo en un contexto sumamente delicado, por el otro lado el trato con los camioneros, en paro indefinido desde el jueves pasado, se muestra permisivo y conciliador.

El reclamo del gremio CNTC (Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile) – que no es respaldado por los dos mayores gremios de camioneros, la CNDC y Chile Transportes – busca mayor seguridad para los camioneros que están sufriendo la quema de los vehículos en la Región de La Araucanía, una de las herramientas de lucha que están usando los mapuche junto con marchas, cortes de ruta y toma de municipios.

Los reclamos del gremio en paro se extienden hasta exigir la aprobación de 13 leyes ya presentadas en el Congreso, entre las cuales hay la polémica “ley anti-encapuchados” redactada durante los meses de la revuelta, el fortalecimiento de todas las fuerzas policiales chilenas y del departamento de inteligencias, y penas más duras para delitos contra las propiedades, o relacionados a narcotráfico o conductas terroristas.

El gremio de camioneros ha logrado tener en las últimas semanas gran presencia mediática, distintos encuentros en la Moneda y el compromiso público de Piñera, que el 13 agosto presentó un proyecto de ley que apunta a endurecer las condenas para quienes cometan ataques incendiarios contra vehículos motorizados.

Frente al llamado a paro, que amenaza desabastecer Chile en pleno contexto de pandemia, el flamante ministro del interior Víctor Pérez descarta utilizar la Ley de Seguridad del Estado y deresponsabiliza la CNTC argumentando que los cortes en las carreteras fueron intermitentes y no afectaron a la circulación. El mismo Víctor Pérez es el ministro que viajó a la Araucanía a pocos días de haber asumido el cargo a finales de julio, prometiendo mano dura para resolver los conflictos de la región, y afirmando que “en Chile no hay presos políticos”.

Trás esta provocatoria declaración, grupos de ultraderecha hicieron un llamado a reprimir a los mapuche que estaban tomando cinco municipios de la Aracuania para visibilizar la lucha de los presos en huelga de hambre. “Fueron a reprimir, ahí estaba presente la policía garantizando que nuestra gente fuera violentada” explica el lonko Pichún. “Lo que pasó en Curacautín fue la guinda de la torta, en realidad, y sucedió al día siguiente de que llegó Victor Pérez Varela. Este señor – quien fue muy cercano a Pinochet, a Paul Schäfer – es el que avaló la violación a lo derechos humanos en la dictadura, el que avaló la violación sexual a los niños y a las mujeres y validó la tortura en Colonia Dignidad.

Entonces, hoy día él asume este ministerio y trae todo un grupo de gente que está a su lado, y todavía tenemos en el Wallmapu a gente que son de ultra derecha, que son pinochetistas, y que se sienten representados por este gobierno – porque hoy día Piñera perdió el gobierno, lo está conduciendo la ultra derecha – entonces vuelven a revitalizarse estos grupos”.

Después de los actos de violencia racista contra el pueblo mapuche de inicio de agosto, se multiplicaron también las distintas manifestaciones de solidaridad en la región y a nivel internacional. “Los agricultores se estaban quedando solos, entonces viene camioneros a afirmarlos, a poner la balanza de iguales condiciones entre la derecha fascista y el pueblo nación mapuche, los ponen a la misma altura para que el gobierno avale la represión, acusando a los mapuche de violentistas, terroristas etcétera” sigue en la reflexión Pichún, el vocero de los presos políticos de Temuco. “Además que los latifundistas fueron los que generaron la situación, los que financian: allí los que fueron a agredir a nuestra gente eran los peones de los agricultores, los trabajadores de las forestales, de los latifundios. El racismo en la región puede crecer, es un tema muy complicado, riesgoso, pero esto lo permite el gobierno, lamentablemente. Este gobierno sobretodo ha invertido mucho en tecnología de punta para reprimir al pueblo mapuche, con drones, aviones, blindados, armamentos y el territorio hoy día está lleno de militares, entonces estamos en una época de dictadura para nosotros, aunque no se declare un estado de sitio, estamos sitiados, pero estamos conscientes de eso y no vamos a bajar la guardia, estamos peleando por un derecho territorial en contra de las forestales, contra las hidroeléctricas, esos son nuestros enemigos.”

Frente a la pregunta de cual es la propuesta del pueblo mapuche para llegar a una solución del conflicto, el lonko Pichún concluye: “lo que planteamos es que se nos devuelva el territorio que ha sido usurpado por las forestales, y que se nos devuelva la tierra que ha sido usada por el latifundio, y que podamos tener la autonomía suficiente para tomar decisiones sobre cuál es la vida que queremos desarrollar, no que venga el modelo neoliberal, en el cual esta inserto Chile, que las políticas las hace en función del mercado. El problema es que los estados y los gobiernos siempre nos han querido imponerse sobre nosotros, todos los pueblos originario a nivel latinoamericano. Entonces nosotros lo que queremos es que nos dejen ser libres en nuestros territorios, ahí fortalecemos nuestra identidad, nuestro feyentun, nuestra medicina, y desarrollamos nuestra vida. Por eso, luchamos por la tierra y el territorio, contra las forestales y por el agua.”

Fuente: Resumen Latinoamericano

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