Noticias | noviembre 20, 2020

Presupuesto 2021, «el milagro salvadoreño» inviable


El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca aumentar la inversión social a niveles sin precedentes en 2021, elevando los presupuestos de educación, salud, seguridad y defensa. Sin embargo, los economistas prevén que será difícil de lograrlo debido al crecimiento de la deuda, una sobreestimación de cuánto dinero recibirá Hacienda el próximo año y la omisión de otros gastos obligatorios en el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2021.

El consenso entre analistas económicos y organizaciones de la sociedad civil es que el presupuesto está inflado en los gastos y es irrealista en los ingresos. Pese a los señalamientos, la administración Bukele proyecta que recibirá $6,111.3 millones en ingresos y gastará $7,453.5 millones. Los $1,342.2 millones faltantes los cubrirá gracias a la colocación de deuda en el mercado internacional.

El Ministerio de Hacienda se mantiene positivo. Para el próximo año prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) —es decir, el total de bienes y servicios que produce el país—, crezca un 3.9 %, y con esto se incremente la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 33 % y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 9.8 %, estimaciones que según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) son demasiado optimistas.

Para el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, “este es el presupuesto para empezar a construir el milagro salvadoreño, con un enfoque social y que viene a cubrir las amplias deudas que ha tenido el país en los últimos 30 años”. Pero, aún con la promesa del presupuesto más grande de la historia, él mismo prevé que los diputados no lo aprobarán.

“Si hay alguien que se oponga a esto (son los diputados), no sé en qué estarán pensando, pero seguramente no es en beneficio del país (…) Quiero equivocarme, pero mi percepción es que no se va a aprobar (el presupuesto)”, dijo a los medios de comunicación el 30 de septiembre, cuando presentó el plan de gastos para 2021.

Los economistas y analistas políticos consultados por GatoEncerrado coinciden con Zelaya, y prevén que la discusión del presupuesto vaya cuesta arriba. Algunos llaman a no aprobarlo porque podría declararse inconstitucional, pues la vía escogida por el Gobierno para afrontar la crisis es disparar el gasto y el endeudamiento público sin tener suficientes recursos, e ignorando otras responsabilidades como transferencias a alcaldías, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y deuda de corto plazo.

Aumentar el gasto social, la gran apuesta
El proyecto de presupuesto para 2021 dejó a cuatro ministerios como prioritarios: Educación, Salud, Seguridad y Defensa, según el documento que presentó Hacienda a la Asamblea Legislativa, el pasado 19 de octubre.

Educación, con un aumento de $281.2 millones, representa ahora el 5 % del PIB y suma $1,320.4 millones; mientras que el presupuesto de Salud subió a $1,304.3 millones con un incremento de $276.5 millones. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tendrá a su disposición $89.6 millones más que el año pasado, llegando a $644.3 millones. Defensa aumentará otros $27.6 millones, totalizando un gasto de $248 millones.

En conjunto, los presupuestos de Educación, Salud, Seguridad y Defensa suman $3,258 millones, un 43.7 % de todo el presupuesto de 2021, y un 12.3 % del PIB, según cálculos del Ministerio de Hacienda.

Los economistas coinciden en que los aumentos en el gasto social siempre son una buena noticia, específicamente en el caso de Salud y Educación, “vitales en época de crisis”, pero “de nada sirve aprobar un presupuesto en el que todas las instituciones tienen un incremento, si este no se logra financiar”, explicó Ricardo Castaneda, economista sénior del Icefi.

El gasto social, además, no siempre es de calidad y debe revisarse de forma minuciosa, advirtió José Luis Magaña, consultor en políticas económicas y sociales de la organización Panorama Económico.

La composición del presupuesto por área de gestión, datos oficiales disponibles en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, revelan que solo la línea de Desarrollo Social —compuesta por varios ministerios e instituciones—, incluye $3,563 millones para 2021. No obstante, únicamente $963.4 millones de estos se invertirán como bienes muebles e infraestructura, mientras que $2,074.6 millones en realidad servirán para cubrir gastos corrientes como remuneraciones, pago de bienes y servicios, impuestos y tasas.

Algunos incrementos al gasto social se concentrarán en el Ministerio de Vivienda, creado por la administración Bukele, con un aumento de 286.9 % en sus fondos. En 2021, este rubro pasará de administrar $12.5 millones anuales a más de $60.4 millones, principalmente por tres programas: viviendas de interés social para familias vulnerables, para atender «emergencias habitacionales» y el programa «Mi Primera Vivienda», cada uno por $15 millones.

Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno de los ministerios más castigados desde la toma de posesión de Bukele, recibiría esta vez un 71.5 % más de fondos que este año, totalizando $24.6 millones. De estos recursos, sin embargo, se recorta una parte al Observatorio de Amenazas y a Prevención de Desastres; mientras que $10 millones se destinan a reparar daños ambientales de la empresa privada.

El Ministerio de la Defensa Nacional recibirá $27.6 millones más en 2021, aumentando solo un 5.3 % respecto al presupuesto de este año. Sin embargo, desde el inicio de la administración, se le incrementó $102.8 millones a esta cartera, un aumento del 70.8 %, pasando de $145.1 millones aprobados para 2019 a $247.9 millones que propone el Gobierno para 2021.

Al ser cuestionado por el incremento en Defensa, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que estos incrementos se destinarán a la compra de nuevos uniformes para 15,000 soldados ($2 millones); un aumento salarial para 19,616 agentes ($23.2 millones); y un nuevo aumento de $100 al bono trimestral que ya se otorga a personal operativo ($3.7 millones).

En contraste, además, hay recortes importantes a las instituciones de control, que se encargan de velar el cumplimiento a los derechos humanos, el buen uso de los recursos públicos y el acceso a la información pública. El Gobierno propone quitar, en conjunto, $13.4 millones a la Corte de Cuentas de la República (CCR), a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), consideró que inflar el gasto social no es una garantía de que estas promesas se cumplan.

“Cuando los gobiernos utilizan el presupuesto como instrumento para obtener beneficios electorales y además incluyen falsas promesas, que son muy populares, pero que al mismo tiempo son de difícil cumplimiento, además de demagogia política, el presupuesto podría constituir un mecanismo para promover el clientelismo político”, explicó.

Fuente: Gabriela Villarroel para Revista Gato Encerrado

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