Este jueves el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, detalló los avances de su plan para la vuelta a la normalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que a partir de este viernes 17 de septiembre “los encuentros sociales (tanto en el interior de los domicilios como afuera), la actividad comercial (ya sea en locales, en la calle o en los shoppings), los locales gastronómicos, las actividades profesionales y los espacios comunes de hoteles y de edificios dejarán de tener restricciones en cantidad de personas y van a poder realizarse o funcionar al máximo de su capacidad”.
En cuanto a los eventos masivos al aire libre, Larreta expresó que “van a pasar de un máximo de 2.500 personas a 4.000, siempre que el espacio permita respetar el protocolo de una persona cada dos metros cuadrados”, e indicó que “para los espacios cerrados la capacidad máxima aumentará a 4.000 personas, siempre y cuando no se supere la ocupación del 70% del lugar del evento”. También afirmó que “el transporte público ya pueden usarlo todos los vecinos y vecinas”, y aclaró que “ya están abiertas todas las estaciones de subte”. A su vez, anunció que los bares y boliches “ahora podrán trabajar hasta las 3 de la mañana”, y en cuanto a los viajes informó que “ya no va a ser necesario testearse al volver de un sitio interno, ubicado dentro del país”.
En ese marco, también dispuso una apertura total de las escuelas porteñas a partir del 2 de agosto, medida que la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) rechazó y repudió de plano: «como continuidad de una política aperturista, y en el marco de la profunda crisis política y económica que vivimos, el gobierno de la Ciudad resolvió una apertura total de las escuelas a partir del 2 de agosto, como si la pandemia no existiera y en un momento donde el debate de la presencialidad se aprovechó livianamente en el contexto electoral, sin analizar las consecuencias en muertes y contagios que trajo la política criminal de los gobiernos a la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta y que contó con el aval de Nicolas Trotta y el gobierno nacional», denunció el gremio docente porteño.
«Si bien los casos han bajado considerablemente, como han reconocido las propias autoridades del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el peligro de un rebrote producto de la variante Delta u otras es una realidad, que no puede minimizarse, aún cuando buena parte de la docencia y personal de las escuelas esté vacunada. – amplió Ademys – Esta apertura total eliminando el distanciamiento entre estudiantes dentro de las aulas, la eliminación completa de las burbujas, generó lo que alertábamos. Frente a los casos sospechosos y los contactos estrechos de casos positivos o sospechosos se debió aislar al conjunto de la sala/grado o curso, generando una menor presencialidad. Al contrario de lo que se pretendía, el gobierno debió reconocer que en el último mes se debió aislar a un 97% más de estudiantes. En este escenario, y en lugar de reconocer el desastre de la política implementada y volver a las burbujas, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires envía un nuevo protocolo en el que se elimina el proceso de aislamiento frente a casos sospechosos. Solo se deberá aislar a la sala/grado/curso o docentes cuando haya un positivo confirmado».
«Esto es un verdadero desastre. Es la eliminación de cualquier tipo de política sanitaria de prevención», sentenció Ademys, y agregó: «al no haber aislamiento preventivo frente a casos sospechosos, a la hora de confirmarse un positivo se abre un período de al menos 48 horas en las que quienes sean contacto estrecho y posibles positivos vayan esparciendo el virus y multiplicando los contagios. Esta política completamente contraria al cuidado de la salud se agrava, dado que los y las estudiantes no están vacunados. De producirse una nueva ola de contagios, el gobierno tendrá una gravísima responsabilidad en la misma. Como expresamos en febrero y marzo, el incremento de los contagios estuvo directamente relacionado con la vuelta a la presencialidad. El costo en salud y vidas es irreversible. Exigimos al gobierno la vuelta atrás de esta medida que expone gravemente a estudiantes, docentes y familias al contagio», finaliza el comunicado del gremio docente.
Fuente: anred.org
