El Senado de Chile se encaminaba al cierre de esta edición a rechazar la acusación constitucional (juicio político) al presidente Sebastián Piñera, una iniciativa impulsada desde la oposición por la revelación de presuntos negocios que involucran al jefe de Estado en paraísos fiscales, con un oficialismo abroquelado en defensa del mandatario.
La votación avanzaba lenta y llegó después de que, por la mañana de ayer, expusiera una comisión compuesta por tres diputados que entregó sus argumentos a favor de la moción de destitución, y luego la defensa de Piñera mostró sus razones a favor de descartar la acusación.
Una votación favorable a la destitución hubiese dado paso a la integración de un Gobierno transitorio encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hasta que el Congreso elija por mayoría absoluta a un nuevo presidente.
Pero por los números previos, ratificados en la sucesión de pronunciamientos, la suerte de la acusación parecía echada: la oposición no lograría los 29 votos que necesitaba, ya que únicamente tenía 24 senadores.
Piñera está acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, y por haber comprometido el honor de la nación.
Según la investigación de los medios chilenos CIPER y LaBot, incluidos en los “Papeles de Pandora”, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo del presidente- por 152 millones de dólares.
La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014), se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes.
El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
Una vez que Piñera asumió el poder, ese área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección recomendada por su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010).
“Estamos hablando de corrupción la familia Piñera-Morel pretendía beneficiarse directamente de la decisión del jefe de Gobierno”, indicó en su intervención la diputada del izquierdista Frente Amplio Gael Yeomans.
Por la parte defensora, el abogado del presidente, Jorge Gálvez, solicitó “rechazar en todas su partes la acusación que carece de todo fundamento fáctico y jurídico”. “Es mentira que la familia Piñera Morel haya realizado la venta de Dominga”, afirmó Gálvez.
“Se improvisa una acusación constitucional con el ánimo manifiesto y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones en la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral”, agregó el letrado.
Apoyos
Al mandatario lo respaldó ayer una decena de ministros, subsecretarios y delegados, que volcaron en las redes sociales el apoyo con el menaje coincidente de “Cuidemos la democracia”.
Los senadores votaban por separado respecto de los dos capítulos que se sostienen en la acusación: haber infringido la Constitución y las leyes, por un lado, y haber comprometido gravemente el honor de la Nación.
Hasta anoche habían votado votaron en contra de las dos acusaciones casi todos los oficialistas que ya se habían pronunciado: Iván Moreira, Carmen Gloria Aravena, Felipe Kast, José García Ruminot, David Sandoval, Juan Castro, Kenneth Pugh, Ena von Baer, José MIguel Durana, Jacqueline van Rysselberghe, Claudio Alvarado, Rodrigo Galilea y Marcela Sabat, y se abstuvo Manuel Ossandón.
Aprobaron los dos capítulos los opositores Alejandro Guillier, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Yasna Provoste, Jorge Soria, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Guido Girardi, José Miguel Insulza, Carolina Goic, Ximena Órdenes, Juan Ignacio Latorre, Alfonso De Urresti y Pedro Araya.
Pese a que cada senador tenía 15 minutos para explicar su postura, la mayoría usó menos tiempo, según reportó el diario El Mercurio.
Este es el segundo intento de destitución del presidente de Chile, que asumió en marzo de 2018 y que tras la crisis social de 2019 no logró recuperarse ante uno de los periodos más difíciles en los 31 años de democracia.
Chile llega a la primera vuelta de las presidenciales del próximo domingo luego de 13 meses de constantes jornadas electorales para definir la reforma constitucional, a los constituyentes, candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes y concejales, en medio de la tensión social acumulada desde 2019 por el estallido social.
Fuente: Ámbito.
