La lucha por una ley que estableciera el derecho humano al agua, impulsada desde hace más de una década por organizaciones sociales, terminó con la aprobación, el 21 de diciembre, de una legislación en la que no fueron tomadas en cuenta las exigencias de la sociedad civil y tiene, además, un interés más comercial, avalado por el presidente Nayib Bukele, señalaron dichas organizaciones.
La primera propuesta por una ley por el derecho humano al agua se componía de 119 artículos entre los que destacaban cinco puntos importantes y no negociables por parte de las organizaciones que conforman la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua (ANCLPA), además de que se incluyera un enfoque de género.
Estos cinco puntos son definir al agua como un bien público, garantizar el acceso al recurso y a procesos de saneamiento. Además, que el ente rector tenga participación efectiva de representantes de la sociedad salvadoreña, que haya una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y un régimen financiero justo y equitativo.
No obstante, la Ley de Recursos Hídricos, recién aprobada, solo comprende los dos primeros puntos, sin reconocer los otros tres, señalaron activistas, además de que no cuenta con un enfoque de género ni incluyó ninguna de las recomendaciones que brindaron organizaciones y la academia para incluir en su discusión y cambiar su composición.
“La ley que nos han dado no es la que hemos estado buscando por 15 años”, aseguró Amalia López, vocera de la Alianza.
La comisión de Medio Ambiente recibió la propuesta del Ejecutivo en junio, luego de que el primer texto, cuya discusión ya tenía un avance significativo en la legislatura anterior, fuese enviado al archivo sin ningún estudio por los nuevos diputados de la Asamblea, con mayoría oficialista.
La propuesta de la Ley de Recursos Hídricos se discutió hasta el mes de octubre y no presentó modificaciones. Finalmente, se envió de manera exprés al pleno legislativo y fue aprobada la noche del 21 de diciembre con 65 votos, sobre todo por parte de los diputados del partido en el gobierno, Nuevas Ideas, que goza de amplia mayoría, con el apoyo de aliados como GANA, PCN, PDC e incluso de Nuestro Tiempo, que se considera de oposición.
La discusión y conformación de una ley que priorice el derecho humano fue una tarea que la sociedad civil, la academia y distintas iglesias llevaron durante 15 años, con todo el apoyo para la normativa anterior, la Ley General de Agua, en la que además especificaba que la empresa privada no fuese parte del ente rector del recurso hídrico, para evitar abusos, como explotación desproporcionada y privatización.
Sin embargo, la nueva ley incluso otorga permisos de uso a las empresas que pueden extenderse hasta por 15 años, poniendo en riesgo la distribución del agua, sobre todo para los sectores más vulnerables.
Este fue uno de los puntos que se pidió que fuesen cambiados, pero quedó tal y como estaba. Además la ley establece que se cobrará a las Juntas de Agua y al sector privado una suma que oscila entre los 0.03 centavos y 0.20 centavos de dólar por metro cúbico de consumo, lo cual evidencia desigualdad en su formulación.
Este miércoles 23, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, en conferencia de prensa, mostró su rechazo a esta ley, pues prioriza el interés económico y privado en el uso de los recursos hídricos.
Amalia López recalcó que si bien es histórico e importante que se cuente con la normativa, esta no ofrece las garantías necesarias para que la población tenga un acceso justo al agua, pero sí favorece una tramitología fácil y rápida para que las empresas exploten los bienes hídricos. Además, en la ley no se reconoce la crisis hídrica que tiene el país.
De acuerdo con la Alianza, la ley favorece la comercialización del agua y el acceso al saneamiento, y obliga a las Juntas de Agua, no reconocidas en su labor como administradoras del recurso a la población, sobre todo en zonas rurales, a pagar los mismos precios que la empresa privada, que tiene oportunidad de lucrarse con la distribución del bien hídrico, con proyectos extractivistas y urbanísticos que cuentan con facilidad de permisos.
De igual forma la ley no aclara cómo se asignarán estas tarifas, por lo que en el momento de su aplicación, respecto al uso que se dé al agua, los precios pueden variar e incluso incrementarse para sectores que distribuyen el bien hídrico a la población, como las Juntas de Agua.
Esos puntos considerados claves para entender cómo se dará la distribución, han quedado en la incertidumbre.
Además, aseguran que a ley no presenta ninguna propuesta u obligación por parte del Estado a garantizar el saneamiento, sino que este debe asumirse por cuenta propia, obligando así a las Juntas de Agua y otros organismos a tomar este rol que debería de llevarse a cabo desde el Estado, pues el saneamiento es un derecho humano.
Otro de los puntos que no fue parte de la discusión, fue el enfoque de género. Las mujeres son el sector más afectado en la distribución del agua, por los usos domésticos y salubres, de los que se encargan para sustentar y cuidar a las familias. La nueva ley no reconoce este papel.
“En la propuesta de los movimientos sociales estaba incluido un enfoque de género, la participación de mujeres en el ente rector del agua. En la nueva ley, esto fue eliminado. Las mujeres, que son a las que más les cuesta acceder al agua en una Junta de Agua o en sistemas comunitario, serán más afectadas ahora que también se les cobre el acceso al agua, pues se les complicará más pagar por el servicio”, dijo Luis González, activista de la Alianza.
Finalmente los miembros de la ANCLPA aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados, y seguirán presionando desde el movimiento social y con el apoyo de organismos internacionales para que se modifique esta ley y garantice la justa distribución, saneamiento y el cuidado de los recursos hídricos, para evitar una situación de escasez.
Fuente: vanguardiasv.net.
