Noticias | septiembre 14, 2022

Guatemala. El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto y Dulce Archila


Luego de que en junio pasado la jueza Wendy Coloma cerrara el caso en contra de la activista Kaqchikel, Nanci Sinto y la artista Dulce Archila, ambas volvieron este lunes al juzgado Duodécimo, a cargo de la jueza Sonia Carol Martínez Obregón, para la revisión de sus medidas sustitutivas después de que la Sala Tercera ordenara reabrir el juicio en contra de ambas defensoras.

La audiencia se suspendió porque la defensa de Sinto presentó un recurso de casación ante la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual tendrá que ser resuelta por los magistrados, por lo tanto, la resolución de la Sala Tercera aún no está en firme.

Sinto es una activista Kaqchikel que fue detenida en noviembre de 2021, un año después de las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020 en contra de la aprobación del Presupuesto 2021 por parte del Congreso de la República, protestas en las que según el Ministerio Público (MP), tanto Nanci como Dulce Archila realizaron pintas a la fachada y vestíbulo del Congreso, respectivamente.

En junio pasado, la jueza Coloma cerró el caso penal en contra de ambas activistas, debido a que consideró que el MP no aportó pruebas suficientes para demostrar que con las pintas el edificio del Congreso perdiera su esencia y estado de conservación.

No obstante, tanto la Fiscalía como el Congreso y la PGN apelaron la resolución ante la Sala Tercera que resolvió a su favor.

Este lunes, la jueza Martínez accedió a la solicitud del abogado Esteban Celada de suspender la audiencia, a la cual no se opusieron el MP ni los abogados del Congreso de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Celada indicó que el recurso interpuesto ante la Cámara Penal es contra la resolución de la Sala Tercera, al considerar que hay varias vulneraciones a los derechos de Nanci Sinto, ya que al presentar sus argumentos ante la Sala no fueron mencionados.

Hay una vulneración grave a los derechos de Nanci y consideramos que hay varios argumentos que están en contra de las apelaciones presentadas por cada uno de los sujetos procesales, dijo Celada.

Señalan uso excesivo del derecho penal en contra de las defensoras
La revisión de las medidas sustitutivas que se suspendió hoy podría haber significado un nuevo arresto domiciliario para ambas activistas, incluso prisión preventiva.

Sinto indicó que el caso de que la audiencia se haya suspendido no evade la responsabilidad e intención de los tres poderes del Estado que se han ensañado en contra de ella por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación.

La activista dijo además, que lo que buscan estas instituciones es evidenciar que hay una forma de castigo y de silenciar a las personas, con el uso del derecho penal y de las instituciones del Estado que han cooptado para silenciar a la población que defiende sus derechos individuales y colectivos.

El abogado de Dulce Archila, Edgar Pérez, también remarcó el abuso del derecho penal en contra de dos mujeres jóvenes que lo único que hicieron fue participar en las manifestaciones en contra de cómo el Congreso aprobó el Presupuesto, por el hartazgo que se vivía.

Según el abogado, el derecho penal debe ser la última herramienta que se debe utilizar para resolver las diferencias de criterios y opiniones. “Hoy tenemos un proceso penal en contra de dos mujeres jóvenes, que a través del activismo hicieron valer el sentimiento de una buena parte de la población que no estaba conforme a las decisiones políticas que se habían tomado por el Gobierno en relación a la pandemia”, mencionó.

A decir de Pérez, al ejercer el derecho penal, el Estado, que tiene toda la maquinaria a su favor, ejerce esa punición, “todo el poder del Estado se va en contra de dos mujeres jóvenes, eso no es un país democrático, eso es de un país autoritario”, dijo.

Abogado plantea recurso por posible conflicto de interés
Durante la audiencia, el abogado informó a la jueza que había presentado un recurso de actividad procesal defectuosa ante la Sala Tercera, que aún no ha sido resuelto, el cual aduce un posible conflicto de intereses, por parte de los magistrados que integran dicha Sala, debido a que el Congreso es querellante en el caso y este Organismo tiene a su cargo la elección de magistrados de Sala y de la CSJ, pendientes de ser electos.

En la lista de candidatos a magistraturas de Corte de Apelaciones y CSJ pendientes de ser electos por el Congreso pudiera haber magistrados que conocen el caso de Nanci y Archila, por lo que según Pérez, deberían abstenerse de hacerlo.

El abogado Celada indicó que aún no hay fecha para la realización de la audiencia del recurso de casación, por lo tanto el proceso queda en suspenso.

Fuente: Prensa Comunitaria.

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