Noticias | agosto 4, 2023

Espejo de agua: saqueo corporativo en Uruguay


Por la baja de niveles del río Santa Lucía que abastece la capital, tomaron agua de zonas cercanas al Río de la Plata, que es un estuario, mezcla de mar y río. Esa agua bebible, pese a estar tratada, tiene niveles de sodio y cloruro muy superiores a los límites aceptados en agua potable, al punto que se recomendó a las personas con hipertensión no beberla. También contiene mayor cantidad de trihalometanos, sustancia derivada del proceso de potabilización que investigadores de la Universidad de la República (Udelar) calificaron como posible cancerígeno en exposición duradera. Se absorbe a través de vapor al bañarse y a través de la piel, con especial riesgo para embarazadas e infancia (https://tinyurl.com/2p8uz4bb).

Esta crisis hídrica no es una anécdota puntual ni es producto de la sequía, aunque la principal política del gobierno uruguayo es esperar que llueva. Es la consecuencia lógica y esperable de una convergencia de factores alimentados intencionalmente y que necesariamente iban a llevar a ella.

Convergen aquí la superexplotación del agua y la contaminación del modelo agropecuario industrial, los extensos cultivos de soya transgénica y de monocultivos de árboles que van a contaminantes fábricas trasnacionales de celulosa, falta de normas y fiscalización de desechos químicos tóxicos y de fertilizantes, falta de mantenimiento de servicios públicos e intención de privatizarlos, subsidios directos e indirectos a las embotelladoras, que amasan enormes ganancias con la crisis, todas industrias que cada vez consumen más agua.

La sequía se atribuye al fenómeno natural de la Niña, exacerbado por el cambio climático que también es en gran parte causado por el sistema alimentario agroindustrial. Pero es la suma de factores nada naturales lo que provoca la falta de agua potable (Ver Karin Nansen y Ma. Selva Ortiz, 21/7/23).

Especialmente en este contexto es absurdo permitir nuevos emprendimientos transacionales, que llegan a Uruguay con gigantescas demandas de agua. Según Daniel Pena, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Udelar, varias de las corporaciones tecnológicas globales, como Google, Microsoft y Meta, tienen proyectos en Uruguay que requieren inmensos volúmenes del líquido.

Google proyecta un centro de datos cerca de la capital –con apoyo del gobierno anterior y del actual– que usará, en su periodo de mayor demanda, hasta 7 millones 600 mil litros diarios de agua de agua potable. Esto es equivalente al consumo diario de 55 mil personas en Uruguay. Para conseguir esa información, Pena tuvo que hacer pedidos de acceso a información y apelar judicialmente ante la negativa de la empresa, que había sellado este dato como secreto comercial. Google tuvo la misma actitud en casos de Estados Unidos y Holanda, donde finalmente debió declarar los datos por orden judicial (https://tinyurl.com/45a8wjma).

La cantidad masiva de computadoras en los centros de datos de las gigantes tecnológicas y su necesidad de enfriarlas, conlleva una huella ecológica enorme en agua, materiales, energía y desechos, muchos peligrosos. Un tema clave en el que urge poner atención.

En el caso del hidrógeno verde, sus promotores venden la imagen de que tendría menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles. Pero no toman cuenta todo el ciclo de vida, energía y recursos para producción y distribución, desechos, etcétera.

Un aspecto crítico de esta nueva trampa verde es la altísima demanda de agua, el sustrato de su producción. Las industrias prefieren usar agua potable para evitar la salinidad y la contaminación (que dejan para beber a la gente). Como eso tiene algún costo, optan por agua subterránea, que en la zona de Tacuarembó, entre otras, encuentran limpia y gratuita. Esta alta demanda de agua continua y permanente afectará gravemente los mantos freáticos, impactando también en que las cuencas superficiales puedan mantener sus niveles.

Uruguay es hoy un dramático espejo de lo que sucede en muchos otros países: una guerra de las corporaciones de agronegocios, tecnológicas y otras contra el derecho al agua para la gente.

Fuente original: La Jornada.

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