El miércoles 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, los colectivos de discapacidad y del Hospital Garrahan se abrazaron en Plaza de Mayo para denunciar que las leyes de Emergencia Pediátrica y de Emergencia en Discapacidad estaban quedando fuera del Presupuesto 2026. Una semana después y pese a los reclamos, se vota en la Cámara de Diputados un Presupuesto que deroga esas medidas por las que tanto se luchó a lo largo del año.
El gobierno de Javier Milei se prepara para la aprobación de su primer presupuesto, tras conseguir dictamen de mayoría gracias al rol de gobernadores aliados. El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, según el cual “se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de presupuestos universitarios. Sobre el Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.
“Denunciamos que el presupuesto presentado hoy por La Libertad Avanza en el Congreso, resulta regresivo respecto de los derechos de las personas con discapacidad”, difundieron mediante un comunicado organizaciones como la Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) y la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), entre otros. Advirtieron que la nueva decisión “vulnera el derecho de acceso a la salud, la rehabilitación, la educación, la protección social, entre otros, en clara violación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados Internacionales”.
Defender la Ley de Emergencia es defender la vida y la dignidad de las personas con discapacidad”, proclamó la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, que convocó a una conferencia de prensa este mediodía. Reclaman a legisladores que no aprueben el recorte de derechos, a gobernadores que “acudan en defensa de sus comunidades” y a la prensa que vuelva a acompañar el reclamo del sector.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos denunció que se trata de una “maniobra encubierta” porque “de manera solapada y deliberada, el Gobierno Nacional incorporó en las modificaciones del Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario. Este cambio no formaba parte del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso”.
De concretarse la derogación, “implicaría que no se reconozca ni se pague la totalidad del atraso arancelario generado por el actual gobierno, que a agosto de este año alcanzaba el 70%, profundizando la crisis del sistema de prestaciones”. Además, alertó el Foro, “se deja de lado la medida que establecía un aumento del apoyo mensual que reciben las y los trabajadores de los talleres protegidos, afectando de manera directa sus ingresos y condiciones de vida”.
Ese colectivo advirtió que “esta medida olvida a las personas con discapacidad en situación de pobreza que se veían reconocidas en la nueva figura de pensión creada por esta ley”. En resumen, “se trata de un nuevo ataque a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que garantizan derechos fundamentales, y de una clara falta de respeto al Congreso Nacional y a los mecanismos democráticos”.
Foto: Pedro Perez
“Una provocación innecesaria”
Desde el ámbito de la educación superior, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron su “profunda preocupación” por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que “no solo no modifica el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo —que oportunamente advertimos que resultará insuficiente de aprobarse en esos términos para resolver los problemas presupuestarios y salariales del sistema universitario—, sino que, además, incorpora un artículo que pretende derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario que debimos sostener con mayoría agravada y que hoy su ejecución se encuentra pendiente de resolución en el ámbito judicial”.
“Exhortamos a las y los legisladores que nos acompañaron —comprendiendo nuestras preocupaciones y la manifestación contundente de la sociedad argentina— en los debates legislativos que permitieron sostener una ley clave para el funcionamiento universitario a que mantengan su posición. Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”, pronunciaron.
Avisaron, asimismo, que “en estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026”.
El Garrahan marcha
Si bien la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796) no figura en el cuestionado artículo 75 del Presupuesto en debate, quienes la impulsaron advierten que tampoco se contempla su cumplimiento para 2026. Según el Gobierno, porque ya cumplió con el Garrahan.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) se pronunció a favor de marchar este jueves “en defensa de los derechos laborales, de la salud pública y del Hospital Garrahan” y en lucha para “que el Presupuesto 2026 incluya las leyes aprobadas por el Congreso vinculadas al Hospital Garrahan, la discapacidad y las universidades públicas, sin olvidar el reclamo de los jubilados”.
