Crédito: Owen Luna / La Izquierda Diario
Durante varios días, Bicho V. C., varón trans colombiano, permaneció retenido en el Aeroparque Jorge Newbery por la Dirección Nacional de Migraciones, en una situación que fue denunciada como arbitraria por organizaciones de migrantes, de derechos humanos y por su red de acompañamiento. Según relataron, durante ese período se le restringió el contacto con personas cercanas, atravesó crisis de angustia y nervios, y recibió reiteradas amenazas vinculadas a una posible deportación.
El argumento utilizado por Migraciones para inadmitir su ingreso al país fue la figura de “falso turista”, una categoría que organizaciones denunciaron como parte del endurecimiento de los requisitos migratorios impulsado por el actual gobierno. En ese marco, señalaron que estas medidas afectan de manera particular a personas migrantes, solicitantes de refugio y a integrantes de la comunidad LGBTIQ+, en un contexto de discursos y políticas que refuerzan la exclusión y la criminalización.
De acuerdo con lo informado por las organizaciones que acompañaron el caso, al momento de su arribo Bicho fue rechazado en frontera y permaneció bajo custodia en el aeropuerto, sin una resolución administrativa debidamente fundada y con restricciones a su libertad ambulatoria. Durante ese período, se denunciaron dificultades en el acceso a atención adecuada en salud mental y a su medicación. Pese a haber iniciado una solicitud de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), Migraciones continuó con medidas y comunicaciones vinculadas a una posible deportación, a pesar de que la normativa vigente establece que, desde el inicio de una solicitud de refugio, deben suspenderse cualquier intento de expulsión, deportación o rechazo en frontera.
Al 26 de enero, Bicho llevaba seis días retenido, situación que motivó la intervención de defensorías, organismos de derechos humanos y la presentación de recursos legales, entre ellos un habeas corpus y una apelación de la solicitud de refugio. Según denunció su red de acompañamiento, ese mismo día Migraciones avanzó con medidas que derivaron en su salida del país, pese a que se encontraba en curso una apelación y una medida cautelar para permitir su permanencia provisoria mientras la Justicia evaluaba el caso.
Desde su entorno y organizaciones denunciaron que la expulsión se realizó en un contexto de extrema vulnerabilidad física y emocional, con uso de fuerza y participación de fuerzas de seguridad, hechos que calificaron como una violación grave de las garantías legales y de los derechos humanos.
Tras la visibilización pública de la situación y las gestiones realizadas, Bicho V. C. recuperó su libertad y se encuentra actualmente en Porto Alegre, Brasil. En paralelo, continúan las gestiones institucionales y diplomáticas vinculadas a su situación migratoria y a la evaluación de su solicitud de protección internacional.
Un caso que no es aislado
Organizaciones de migrantes, de derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+ señalaron que lo ocurrido con Bicho V. C. no puede leerse como un hecho excepcional. En las últimas semanas se multiplicaron las denuncias sobre el endurecimiento de los controles migratorios, el aumento de inadmisiones en frontera y prácticas de hostigamiento hacia personas migrantes y solicitantes de refugio, en un contexto de ajuste económico y discursos oficiales que estigmatizan a los sectores más vulnerables.
Este clima fue señalado en la última asamblea LGBTIQ+ Antifacista y Antirracista, que se dió en Plaza Garay como preparación de la segunda movilización, a un año del 1F, donde se vienen advirtiendo sobre una escalada de políticas regresivas que combinan ajuste social, criminalización de la pobreza, ataques a las diversidades y retrocesos en materia de derechos, además de la suma constante de crímenes de odio. En ese marco, alertan que las personas trans, migrantes y refugiadas quedan particularmente expuestas a prácticas arbitrarias por parte de los organismos del Estado.
Casos como el de Bicho V. C. muestran cómo el ajuste, el endurecimiento de las políticas migratorias y los ataques a derechos básicos forman parte de una misma orientación, que impacta de manera directa sobre las vidas de las personas más precarizadas. En este marco se vuelve aún más importante la convocatoria que se resolvió en la Asamblea LGBTIQ+ Antifacista y antirracista para marchar el próximo 7 de febrero y exigir medidas de fuerza cuando se trate la reforma laboral.
