El pago de la deuda aprobada por la nueva Asamblea en ocho meses podría tardar hasta 30 años, de acuerdo con los términos de los contratos suscritos por el Gobierno. A partir del próximo año el país deberá iniciar el pago de esta deuda contraída. Sin embargo, la mayor parte de los préstamos tiene un período de gracia de hasta cinco años y los pagos inician en 2026.
En total son $4,697 millones en 19 préstamos aprobados entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2021. El mayor porcentaje de los préstamos han sido otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero también han suscrito contratos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otras obligaciones financieras contraídas han sido a través de garantías soberanas por $295 millones y emisión de títulos valores hasta por $1,600 millones.
De acuerdo con expertos en el tema, los índices de deuda en el país están alcanzando niveles riesgosos. Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta septiembre de 2021, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), incluyendo pensiones, ascendió a $22,593 millones, el 82.1 % del PIB.
La deuda pública en el país ya tenía un crecimiento acelerado, si se toman en cuenta administraciones anteriores. En cinco años de gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén se acumuló $4,426.9 millones y en el período anterior las cifras habían sido similares. Sin embargo, la nueva Asamblea, en menos de un año sobrepasó esta cifra.
Desde el inicio de la nueva legislatura, la comisión legislativa con mayor actividad ha sido la de Hacienda, donde han sido aprobados estos préstamos. En algunos casos la comisión sesiona en medio de la plenaria y los dictámenes son avalados el mismo día.
Algunas de las áreas para las que se han destinado los montos son Salud, Educación, Seguridad y recuperación económica del país tras la pandemia por covid-19. El primero de los préstamos aprobados fue el financiamiento para la fase II del Plan Control Territorial (PCT), por $109 millones el primero, y $91 millones el segundo.
El préstamo con el monto más alto fue otorgado por el BCIE, por $600 millones para la recuperación económica del país. Luego, hay dos con el BIRF para proyectos educativos, cada uno por $250 millones. En ambos casos el plazo de pago es de 20 años.
Expertos en el tema consideran que el Ministerio de Hacienda debe presentar un plan de ajuste fiscal para trazar un camino viable en materia financiera para el país. Hasta el momento, tampoco ha sido concretado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues hay peticiones de reducir gastos y aumentar ingresos. Hacienda se muestra optimista en la recaudación, pero la deuda sigue creciendo al punto que la asignación en el presupuesto 2022 para el pago de la deuda alcanza los $1,430.6 millones.
La deuda para el próximo año irá en aumento, pues el presupuesto 2022 tiene ya una brecha de $498 millones que serán financiados con nueva deuda contraída el próximo año. Las fracciones de oposición de la Asamblea se han opuesto a la mayor parte de préstamos por considerar que no cumplen con requisitos de transparencia y discusión necesarios. Sin embargo, el bloque oficialista de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN no han negado sus votos a ninguna de las peticiones de deuda del Gobierno.
Fuente: La prensa gráfica
