En un comunicado conjunto expresaron los motivos de la Jornada nacional de lucha: “los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales nos movilizamos en rechazo al acuerdo con el FMI, rechazando el ajuste, que por más que se nos diga que no habrá, sabemos que ya es un hecho. Por ejemplo, los jubilados y jubiladas ya fueron ajustados, producto de que desengancharon su fórmula de actualización del índice de inflación. Hoy cobran cerca de $30.000 cuando la canasta básica total para no ser pobres, ya se encuentra en los $78.600. El Salario Mínimo Vital y Móvil (hoy en $32.000) también ronda el 40% de la línea de pobreza. El SMVM determina el ingreso de millones de trabajadores y trabajadoras precarizadas no formalizadas. Los y las trabajadoras de la Economía popular tenemos un ingreso base que se fija en el 50% del SMVM, es decir apenas un 20% de la canasta básica total que define la línea de pobreza”, remarcan.
En cuanto al contenido del acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI sostienen: “ahora al ajuste le llaman sendero, y nos hablan de todo tipo de senderos. Menos de uno que se refiera a la recuperación de los 25 puntos porcentuales reales perdidos por los salarios en los últimos años. Sumado a que se espera una seguidilla de aumentos en las de tarifas de luz, gas y transportes que trascenderá en mucho a los sectores pudientes, en tanto el recorte de subsidios que exige el FMI es gigantesco. Todo esto solo augura seguir castigando al pueblo empobrecido con más y más inflación, que en lugar de reducirla parecen estarla alimentando”.
Asimismo, agregan: “a su vez, cada tres meses el FMI nos mantendrá con la soga al cuello a su arbitrio, con lo cual los capítulos de ajuste que nos explican no están previstos, perfectamente nos los podrán imponer en lo sucesivo. El gobierno, de esta forma, está legitimando una estafa que empobrecerá a generaciones, y admite cogobernar de hecho con el FMI durante más de una década”.
También apuntan contra el rol del Banco Mundial en el marco de este acuerdo: “esta pérdida de soberanía se completa con una concesión totalmente gratuita al Banco Mundial, en tanto le aceptan que nuevamente interfiera en las políticas sociales de nuestro país, cosa que no ocurría desde hace años. Las organizaciones sociales no estamos dispuestas a admitirlo”, remarcan, y agregan: “históricamente el BM se ha especializado en promover políticas sociales estrictamente focalizadas hacia los casos más agudos de necesidad y siempre ha sido contrario a las políticas universales. En el mundo entero se expulsan fuera del mercado formal de trabajo a contingentes enteros de la clase trabajadora, tendencia que solo se incrementa con el paso del tiempo, producto de la utilización pro lucro de la innovación tecnológica. Cuando en el mundo se discute la universalización de las respuestas a esta verdadera pandemia laboral que vino para quedarse, el BM atrasa décadas con sus políticas focalizadas, que son la contracara de las políticas neoliberales que tanto ellos como el FMI defienden y nos imponen”.
En la misma línea, plantean: “mientras el 40% del país somos pobres, mientras la inflación supera el 50%, mientras la canasta básica total supera los $78.600, nosotros y nosotras decimos que no se debe pagar ni un solo peso a esta deuda fraudulenta, contraída por el gobierno de Mauricio Macri, y que solo sirvió para enriquecer a empresarios y bancos mediante el mecanismo de la fuga. ¡No se puede pagar una estafa a costa de millones de personas! ¡La deuda es con el pueblo y no con el FMI!”.
“Es responsabilidad del Estado y del Gobierno Nacional no patear para adelante el problema de esta deuda odiosa, que siempre va a ser impagable, y volcar decididamente esos cuantiosos recursos para el desarrollo real y en escala de la obra pública, y para instrumentar políticas serias de generación de empleo formal con todos los derechos (y no demagogia electoralera sin recursos, como la que vienen haciendo) – amplían – Deben invertir en garantizar derechos básicos como la salud, la educación, jubilaciones dignas, y el cuidado ambiental y de los recursos naturales, que también hacen a nuestra vida y supervivencia. Creemos que quienes debemos ser partícipes de la configuración de las políticas sociales somos las organizaciones sociales de este país, y no el BM ni el FMI”.
Además, destacan: “llevamos décadas enfrentando las secuelas de la creciente pobreza allá donde nadie llega, en los barrios populares más postergados de todo el territorio nacional. Somos los y las que creamos y sostenemos espacios productivos y de servicios para millares de trabajadores y trabajadores que no se resignan a vivir de un plan social, quienes construimos viviendas populares y refaccionamos hogares humildes, quienes realizamos obras de infraestructura en los barrios más pobres, quienes garantizamos un plato de comida para miles de familias, quienes sostenemos espacios sociales, comunitarios, deportivos, de salud, de niñeces, y somos quienes acompañamos diariamente a miles de mujeres y disidencias en situaciones de violencia machista y patriarcal”.
Por todo lo señalado, y considerando que tienen “derecho a un trabajo digno, con salarios dignos y una vida digna”, exigen “un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que recupere lo perdido frente a la inflación durante seis años” y el “aumento salarial para todos los trabajadores y trabajadoras cooperativistas” porque “con $16.000 nadie puede vivir”. También que “el plus socio-comunitario no quede desactualizado frente a la inflación”, por lo que reclaman “su movilidad al 50% del Potenciar Trabajo (PT)”, y “un bono especial de $10.000 para hacer frente al costo de la canasta escolar”, que “el Estado promueva decididamente, y en escala, el compre social para las producciones de los movimientos sociales en todos los rubros” y, finalmente, “políticas públicas para el acceso a la tierra, para construir polos productivos, para trabajar la tierra, y para construir viviendas”.
Jornada nacional contra el acuerdo con el FMI y denunciando la deuda interna. Foto: FPDS.
Tres organizaciones sociales ligadas a la UTEP y al Frente Patria Grande protestaron por el acuerdo con el FMI
El jueves 3 se instalaron en el Obelisco varias ollas populares para exigir que “se priorice el acuerdo con los y las de abajo. Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo”.
Convocaron la actividad el Frente Popular Darío Santillán, la organización Nuestramérica y Movimiento de Trabajadores y Excluidos (todos referenciados en el Frente Patria Grande, de Juan Grabois) con la consigna “Acuerden con el Pueblo”. “Creemos indispensable que antes de un acuerdo con el Fondo se ponga en agenda un acuerdo con el pueblo”, señalaron.
Mientras que un sector de las organizaciones sociales se plegó a la movilización en apoyo al Gobierno en oportunidad de la inauguración de las sesiones legislativas el 1° de marzo, varias de ellas rechazaron el convite y convocaron esta iniciativa para manifestar su descontento con el acuerdo con el FMI. Se trata de agrupaciones que además forman parte del armado del oficialismo, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois y otros como el MP Nuestramérica o el Frente Popular Darío Santillán, que aportaron algunos funcionarios de segundas líneas a distintos ministerios.
El principal motivo del descontento es el acuerdo al que llegó el Gobierno con el FMI. “Nosotros ya habíamos salido a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se venía incluso antes que el gobierno de Mauricio Macri nos volviera a atar al Fondo Monetario Internacional y condicionará la vida de toda la población, sobre todo la de los y las que menos tenemos, con movilizaciones en todo el país. Hoy ya no podemos cambiar el pasado, pero sí marcar la cancha en el presente para lo que viene”, dijo Dina Sánchez, referenta del Santillán.
Jornada nacional contra el acuerdo con el FMI y denunciando la deuda interna. Foto: FPDS.
Comunicado de las organizaciones convocantes
Acuerden con el Pueblo¡Es hora de priorizar la deuda interna!
Este jueves 3 de marzo a las 10:00 llevaremos adelante ollas populares en el Obelisco para exigir que se priorice el acuerdo con los y las de abajo. Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo.
Antes que el gobierno de Mauricio Macri nos vuelva a atar al Fondo Monetario Internacional y condicione la vida de toda la población, sobre todo la de los y las que menos tenemos, salimos a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se venía, con movilizaciones en todo el país.
Hoy ya no podemos cambiar el pasado pero sí marcar la cancha en el presente para lo que viene. Por un lado es fundamental que se investigue a dónde fue a parar esa millonada de la que los sectores populares no vimos ni una moneda puesta en hospitales, escuelas, ni viviendas. Que se castigue a los vivos de siempre, que paguen ellos la deuda, y sentar precedente de una vez para que no nos vuelvan a arrastrar a otra crisis.
Por otro lado, creemos indispensable que para hablar de un “acuerdo con el Fondo”, antes se ponga en agenda un Acuerdo con el Pueblo. Que se acuerde el pago de la deuda interna que hay con los y las de abajo, y para eso venimos proponiendo el Salario Básico Universal que genere un piso para que nadie esté por debajo de la indigencia y que a la vez, se fomenten políticas para la economía popular.
¡Hay que pagar la deuda interna! Acuerden con el pueblo.
Foto: Nicolas Solo ((i))
Convocan a un Plenario Piquetero Nacional el 11 y 12 de marzo
Las organizaciones piqueteras nucleadas en la Unidad Piquetera convocaron a una conferencia de prensa en el Obelisco porteño el 23 de febrero, para anunciar el reforzamiento del plan de lucha y la convocatoria a un Plenario Nacional Piquetero, el 11 y 12 de marzo, para enfrentar el ajuste del gobierno nacional y el FMI.
Se trata del movimiento piquetero combativo que se manifestó masivamente, en todo el país, con el reclamo de trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos para los comedores populares y libertad de organización, encontrándose con la negativa cerrada del gobierno nacional a dar respuesta a la desocupación y pobreza generadas con la implementación de las políticas digitadas por el FMI.
Más de 30 organizaciones de este espacio vienen impulsando un Plenario Nacional Piquetero, para deliberar y resolver un plan de acción que derrote la pretensión oficial de avanzar en un drástico recorte de las partidas destinadas al gasto social, puntualmente con la licuación de los magros ingresos de los beneficiarios de los programas sociales y con el rechazo del ministro Juan Zabaleta a integrar a los programas a los y las desocupados que carecen de cualquier tipo de sustento económico.
“El objetivo principal de este plenario es construir un plan de lucha para enfrentar de conjunto el ajuste, sosteniendo la pelea por trabajo genuino y con todos los derechos, en un contexto en el que más del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, algo que amenaza con profundizarse tras el acuerdo que el gobierno de Fernández firmó con les saqueadores seriales del FMI”, señalaron en un comunicado que difundieron.
Para concluir, convocan al conjunto de las organizaciones piqueteras a sumarse al plenario de los próximos 11 y 12 de marzo para darle fuerza al movimiento de lucha independiente, de los trabajadores desocupados y precarizados, para enfrentar la ofensiva oficial y fondomonetarista.
La Unidad Piquetera está integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, La William Cooke, R.U.P ., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, y la OLP Resistir y Luchar.
Desde Desarrollo Social afirman que trabajan en reconvertir planes en trabajo
El secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó que el Gobierno nacional “trabaja para generar empleo” al ratificar la decisión del Ejecutivo de reconvertir los planes sociales en puestos laborales, y consideró que algunas organizaciones sociales “tienen una mirada distinta” sobre esta problemática.
Aguilera, quien se reunió con los representantes de las organizaciones de izquierda y piqueteras que se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo y cortaron el tránsito en la avenida 9 de Julio, sostuvo que esos sectores “están en contra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional con el FMI y esa es una discusión que va por otro lado”.
“Hay gente que puede opinar y tiene el derecho a hacerlo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos planteando con mucha claridad que no hay ajuste”, destacó.
“El Ministerio (Desarrollo Social) está enfocado en fortalecer políticas que generen empleo y en ese sentido se están invirtiendo en los últimos tres cerca de 40.000 millones de pesos en ese sentido, por medio de todos los programas que están ejecutándose”, agregó el funcionario.
Aguilera remarcó que en plena pandemia de coronavirus el Estado, a través de esa cartera, “garantizó la asistencia alimentaria a cada familia del país”, y al respecto mencionó iniciativas como “el Banco de materiales y herramientas; los playones multideportivos y ‘mi pieza’, que es un plan que llega a 105.000 familias de los barrios populares”.
Foto: Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Planes sociales y precarización en aumento
Desde inicios de febrero, organizaciones sociales y partidos políticos de San Luis comenzaron a visibilizar que cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario de la provincia fueron notificados de la baja en dicho beneficio. El argumento del Ministerio de Desarrollo de la provincia fue la incompatibilidad con el programa nacional Potenciar Trabajo. Así, funcionarios de esa cartera comenzaron a llamar a los y las trabajadoras para anunciarles la desvinculación del Plan Solidario. Sin aviso previo, dejaban a un significativo número de familias de estrato popular de San Luis al borde de la indigencia.
El día miércoles 9 de febrero, las organizaciones sociales emitieron un comunicado en repudio a la medida. “Denunciamos el avance del ajuste social por parte del gobierno de la provincia de San Luis con el despido anunciado de cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario en un momento económico de enorme exigencia para las familias puntanas”. Y continuaban: “sorpresivamente, muches de les trabajadores y trabajadoras que cuentan como único ingreso el Plan Solidario provincial y el Plan Potenciar nacional (38.000 pesos en total) son víctimas de un brutal ajuste que los deja sin ese precario ingreso, indispensable para la vida de sus familias”.
Ese mismo día, las organizaciones que emitieron el comunicado -Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa (CCC), Libres del Sur, Movimiento Territorial Liberación (MTL), Partido Comunista, Octubres, Lealtad Sanluiseña, TIERRA TECHO Y TRABAJO, Federación Juvenil Comunista (FJC), Frente Popular Darío Santillán, Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Patriótico de Liberación (MPL), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- y se hicieron presentes en las puertas del ministerio de Desarrollo provincial. Allí, pudieron mantener un breve diálogo con el ministro Nicolás Anzulovich, quien manifestó que no han sido bajas sino suspensiones del Plan. “El ministro planteó que están cruzando datos. Nosotres le planteamos que hay una situación desde hace años de suspensiones y que ahora queremos que se levanten las suspensiones”, detalló Arturo Gómez, integrante del Frente Popular Darío Santillán, luego del encuentro con el ministro.
A la espera de respuestas positivas, las organizaciones volvieron a movilizarse el jueves 10, para exigir el cese de bajas y la inmediata reincorporación de todes les trabajadores. La respuesta por parte del ministerio de Desarrollo provincial fue que se levanta la suspensión de todas las personas pero van a tener que elegir entre un plan u otro.
Es evidente que el gobierno provincial entiende que una familia puede vivir con un ingreso de $22.000 que es el del plan de la provincia, o con uno de $16.000 que es el de la Nación. Y así, se perpetúa la precarización laboral dibujando cifras de alto empleo en San Luis, que en realidad son planes sociales sin aportes jubilatorios.
Pasó la campaña electoral del 2021 y las promesas se diluyeron en bajas en los planes, amedrentamientos y amenazas. Así, pretende del gobierno provincial continuar con sus slogans acerca de San Luis como la provincia “mejor administrada”, que es “otro país” o que “no tiene pobreza”. Pero esto no es más que una cortina de humo en una provincia donde la precarización laboral crece día a día.
Fuente: ANRed.
