La policía jujeña, a cargo del gobernador Gerardo Morales, irrumpió este miércoles 6 a las 16.30 en los domicilios de Sebastián Copello, maestro de grado y dirigente del Polo Obrero, y de Juan Chorolque, integrante de la dirección del MTR 12 de Abril, y los detuvo con una orden de allanamiento, detención e incautación de sus celulares firmada por Rodolfo Miguel Fernández, Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delito contra la Administración Pública. La orden también recae sobre Verónica María del Huerto Urzagasti, dirigente del Movimiento Argentina Rebelde (MAR).
La acusación es por haber participado en los últimos días de medidas de luchas del movimiento piquetero, todas las cuales se desarrollaron con miles de participantes en diferentes puntos del país, en un cuadro de agudización de la crissis socio-económica y el hambre en la provincia y el país.
La fiscalía ordenó la imputación por «entorpecimiento del transporte y servicios» (art. 194 del Código Penal) y «desobediencia a las autoridades» (Art. 239 del Código Penal), a partir de la «Investigación Preparatoria» del expediente N° 266973 del Ministerio Público de la Acusación, que inició las causas a raíz de manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy el 3 y 30 de marzo pasado.
El Juez que dio la orden fundamenta las detenciones de cara al juicio, argumentando que «su preeminencia dentro de las organizaciones que comandan podría ser utilizada para coaccionar a los miembros de dichas organizaciones que eventualmente sean citados como testigos, incidiendo en la libertad de los mismos al momento de prestar testimonio».
En este marco, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) repudió las detenciones y convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 12 en el Obelisco porteño exigir su liberación al gobernador jujeño Gerardo Morales.
«Se trata de un nuevo salto en la política de persecución del gobierno de Jujuy, que ya viene de detener 15 compañeros por un reclamo de las organizaciones de desocupados, compañeros que fueron liberados luego de una extensa movilización nacional – remarcó el EMVyJ – Nuevamente, el gobierno de Morales utiliza el sistema inconstitucional de la fiscalía de Estado de Jujuy para criminalizar la protesta y ejercer el terror contra las personas que se movilizan por sus reivindicaciones en la provincial. El fiscal Funes sigue haciendo el trabajo sucio, ordenando allanamientos, intervención telefónica y detenciones de los compañeros«, denunció.
Asimismo, el encuentro amplió: «la acusación es solo por el art. 194 del Código Penal y resistencia a la autoridad por no acatar la orden de desalojo. Es una criminalización de cuatro movilizaciones pacíficas. Va en línea con una ofensiva política en todo el país contra el movimiento piquetero y de criminalización de la protesta social, que apunta a garantizar el plan de ajuste en el marco de una crisis social que se profundiza«.
En tanto, organizaciones sociales convocan a concentrar este viernes 8 de abril frente al Juzgado Contravencional el ante el inicio del juicio por estos hechos mencionados.
Como antecedente represivo del gobierno de Morales, el 3 de marzo, tras una brutal represión con denuncias de torturas y amenazas, la Policía de Jujuy detuvo a 15 militantes sociales que, fruto de una intensa campaña y movilización, luego fueron liberados.
Fuente: ANRed.
