Miranda Ruiz es una médica de Tartagal, Salta, que atraviesa un proceso judicial por haber garantizado un aborto legal a una joven de 21 años en agosto de 2021. No obstante la legalidad de procedimiento, una familiar denunció a Miranda y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, inició una imputación contra la médica por el delito de “aborto sin consentimiento”. La justicia ya denegó dos veces su sobreseimiento..
La exigencia es que el Estado, y particularmente al Poder Judicial de Salta, que cese la persecución contra quienes garantizan los derechos sexuales y reproductivos cumpliendo las leyes vigentes. Han pasado 8 meses desde que el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, ordenó su detención, a pesar de haber realizado un correcto procedimiento de ILE, tal como lo sostiene la Guía de Atención para estos casos y el fallo FAL, de la Corte Suprema de Justicia.
Sofia Fernández, abogada e integrante de la Campaña Por el Derecho al Aborto en Salta, comenta acerca de la necesidad del sobreseimiento de Miranda Ruiz y los actuales reclamos: “Queremos que Miranda deje ser víctima de esta violencia institucional ejercida desde el Poder Judicial. Esta violencia pretende obstaculizar y disciplinarnos a las personas con capacidad de gestar que queremos acceder a ese derecho”.
Sobre la situación de la provincia en la aplicación de la Ley y la Justicia, Fernández afirma: “El poder judicial actúa en complicidad con los poderes políticos y hegemónicos, y no está garantizando la seguridad y los derechos de las mujeres en esta provincia. Viene aleccionándonos de manera sistemática”.
Además, la abogada detalla la situación de la aplicación de la IVE en la provincia: “No es igualitario. No tenemos lxs médicxs suficientes. Con este tipo de judicializaciones es más difícil que haya más garantes de derechos. Ruiz trabaja en un sector muy empobrecido de la provincia, y donde hay muy pocos garantes de derechos”.
No es lo mismo ser garante de derecho en Salta capital que en Tartagal y en el resto del territorio que es diverso y muy amplio.
Por último, Fernández habla sobre la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI): “Se da bien en primaria pero en secundaria no se está dando. Se está exigiendo, hay noción de los derechos por parte de lxs chicxs y por eso los reclaman”.
Desde la Campaña y otras organizaciones de derechos humanos y feministas vienen apoyando y convocando a manifestaciones y pañuelazos en las puertas de la Ciudad Judicial de Salta, en apoyo a la médica.
Foto: La Tinta.
Fuente: Charco de Arena.
