Como consecuencia, los procesados durante el régimen no conocerán quiénes serán sus jueces y si hay alguna inconformidad por parte del imputado, no se podrá hacer nada. Así lo aseguró Ruth Eleonora López, directora Anticorrupción y Justicia de Cristosal, quien además dijo que esta reforma vulnera la Convención Americana de Derecho Humanos.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), declaró que este tipo de reformas vulnera la Convención Americana de Derecho Humanos porque no le permite a una persona que llega ante un juez conocer quién lo juzga y quién va a conocer de su caso. Esto es relevante, esta medida atenta contra el debido proceso», señaló.
Según la abogada, en el contexto del régimen de excepción, la situación jurídica de los salvadoreños que han sido víctimas de detenciones arbitrarias se ha complicado más porque serán llevados ante un juez que no conocen, y si hay alguna inconformidad con su juzgador o quiere recusación, igual no podrá hacer nada.
“Los mismos jueces se quejan de que les llaman por teléfono, que les gritan. Es un irrespeto, porque los jueces deben resolver según el criterio que consideren, conforme a la evidencia”.
Juan Antonio Durán, juez de sentencia.
En base a ese razonamiento, Cristosal presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 399 que modificó el artículo 73-A del Código Procesal Penal que introduce la figura de «jueces sin rostro» en los procesos judiciales.
Entre las inconstitucionalidades que la organización plantea está que dicha reforma fue propuesta por el Órgano Ejecutivo y no por la Corte Suprema de Justicia (Órgano Judicial) como debería ser, pues son reformas que regularán el trabajo de los funcionarios judiciales. Esto está contemplado en los artículos 131 y 142 de la Constitución de la República.
Otra de las inconstitucionalidades del decreto es que viola el principio de «juez natural», porque las personas que serán juzgadas ya no podrán identificar a los jueces y solo sabrán de ellos por un número que les será brindado en el proceso.
Jonathan Cisco, de Cristosal, dijo que con esta reforma se vulnera el derecho a las personas a tener un juez «imparcial e independiente» y que «ya no se garantiza que las personas van a tener un juicio justo en donde conozcan que el juez no tenga ninguna relación con las partes, como el Ejecutivo, ministros y policías. Esto va a debilitar la independencia judicial», aseguró el especialista.
Lo mismo aseveró el juez de Sentencia Juan Antonio Durán, quien aseveró que varios jueces están siendo amedrentados para tomar decisiones acorde a los que Casa Presidencial (CAPRES) ordene, y que esto atenta con su independencia.
«En la Corte Suprema de Justicia se está haciendo lo que CAPRES diga», detalló. Durán cuestionó el trabajo de estos «jueces si rostro», que al final deben responder por sus acciones ya que «el juez debe reclamar justicia para la persona que se somete al juicio».
“En otros países la justicia sin rostro lleva a la reserva de la identidad de testigos y a la posibilidad de que las pruebas se practiquen de forma secreta, pero esto lleva a la creación de casos falsos”.
Leonor Arteaga, DPLF.
«En este régimen lo que se está afectando es el bloque de garantías que pretenden impedir que los procesos se manipulen arbitrariamente y esto es cuando el juez sigue directrices, cuando le llaman por teléfono, cuando no quieren que libere gente, cuando le dicen que ignore los arraigos y que solo decrete detención y ya no digamos cuando le dicen al juez que debe condenar, que es lo más grave todavía; y no hay forma de controlar eso», aseguró.
David Ortiz, de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que la independencia judicial se ha depreciado durante el régimen, y que se está perdiendo el acceso a la justicia.
«En este contexto los jueces están mandando a la cárcel a personas en audiencias con 400-500 imputados, donde no es posible ejercer el derecho de defensa, lo que significa que se está maquilando la justicia en nuestro país. Los jueces y juezas que hacen eso deben tener en cuenta que, después pueden ser denunciados por familiares de las personas que están muriendo a diario en la cárcel», señaló.
Aclaró que este tema no es nuevo en Latinoamérica, pues en Perú se implemento «los jueces y juezas sin rostro y fiscales sin rostro para aplicar leyes antiterroristas», pero que esto violentó los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Esto lo reafirmó Leonor Arteaga, de la organización DPLF, que además dijo que los «jueces sin rostro» también contradicen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos son normas de obligatorio cumplimiento para El Salvador y de no seguirse, el Estado sería condenado en un futuro como ha pasado en otros países como Perú.
«En el caso de El Salvador, donde hay reclamos que hay jueces que han sido nombrados sin preparación y jueces sometidos al poder político, es un contexto donde no conocer quiénes juzgan es gravísimo, porque todo esto le da un manto de oscuridad a la justicia. Es un escenario de violaciones sistemáticas como las que El Salvador ya vivió en la guerra», aseveró.
Fuente: La prensa gráfica.
