Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Estas acusaciones están relacionadas al papel que jugó Murillo Karam durante las investigaciones del caso Ayotzinapa, y por considerados delitos graves ameritan la prisión preventiva oficiosa, aunque será el juez de control quien determine esta medida.
En caso de que Murillo Karam sea vinculado a proceso, la medida de prisión preventiva también podría ser con base en el criterio del juez de control si este considera que el acusado puede sustraerse de la acción de la justicia.
En esta caso, destaca que el ex procurador fue detenido afuera de su domicilio en Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México y en ningún momento opuso resistencia, además de que estaba acompañado pro su médico de cabecera, quien solicitó acompañar al detenido argumentando que el ex funcionario público requiere supervisión médica.
Qué dice la ley sobre los delitos por los que se le acusa
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Torura, comete este delito el servidor público que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido.
La ley establece que en caso de ser encontrado culpable, a la persona responsable se le aplicará prisión de tres a doce años, además de doscientos a quinientos días de multa y será inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.
Murillo Karam pasó la noche bajo tutela de la FGR y será este sábado cuando sea presentado ante un juez de control, quien debe determinar si su detención fue legal.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este viernes por la tarde al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, vinculado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa.
La “Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús ‘M’”, dio a conocer la FGR en un tuit.
Su arresto ocurrió después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación, señaló que la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.
Quien fuera titular de la PGR durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido en su casa en la capital mexicana alrededor del medio día, sin que este opusiera resistencia.
FGR va por 83 personas ligadas al Caso Ayotzinapa
Durante la noche de este 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) libró 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa en la ciudad de Iguala, así como hacia autoridades administrativas y judiciales, policías municipales y del estado de Guerrero; además de otros 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía, los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
La historia de Julio César López Patolzin, el militar que se infiltró entre los estudiantes de Ayotzinapa
El soldado Julio César López Patolzin era el responsable de informar a la Sedena de lo que acontecía en la Normal Rural ‘Isidro Burgos’.
La Sedena tenía infiltrado dentro de la Normal Rural ‘Isidro Burgos’ al soldado Julio César López Patolzin. (tomada de: facebook.com/Julio.Cesar.Lopez.Patolzin)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía infiltrado dentro de la Normal Rural ‘Isidro Burgos’ al soldado Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para los militares sobre las movilizaciones de los estudiantes de Ayotzinapa e incluso los mantuvo al tanto de los preparativos de la marcha del 2 de octubre.
Así lo dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, en conferencia de prensa, donde reveló que el militar era el responsable de informar a la Sedena de lo que acontecía en las asambleas de la Normal.
Este soldado López Patolzin, estaba bajo el mando del teniente de Infantería, Marcos Macía Barbosa, del 27 Batallón. Su último reporte fue a las 10 de la mañana, del 26 de septiembre, y desapareció, junto con los otros estudiantes, “sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda”, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos.
Ante esto, autoridades federales reiteraron que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado López Patolzin, lo cual era su obligación.
De haberse aplicado el protocolo, dijo Encinas, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y hallar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes de Ayotzinapa.
Por esta razón, la Comisión para la Verdad concluyó que todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala.
También de su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto las víctimas, lo cual “las autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.Tomás Zerón no aceptó criterio de oportunidad para esclarecer caso Ayotzinapa: Encinas
Alejandro Encinas enfatizó que la responsabilidad de los hechos recae directamente en el teniente Barbosa, quien tendrá que rendir cuentas de su omisión, ya que el Ejército fue partícipe de la desaparición de los jóvenes.
A las 22:45 horas, del 26 de septiembre de 2014, tras la tortura y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Fuente: Resumen Latinoamericano.
