El 18 de noviembre en La Matanza un patrullero atropelló a la fotógrafa trans Treinti. El 23 de noviembre la policía de Córdoba asesinó a golpes a Samuel Tobares al grito de “puto de mierda”. El 26 de noviembre dos oficiales de Rosario de Lerma detuvieron a Daniela Fernanda Arias, dos horas después apareció ahorcada en el calabozo. En el plazo de ocho días, las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en tres crímenes contra personas de la comunidad LGBT+.
En agosto de este año, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT publicó el informe de casos en el primer semestre del 2025. El trabajo revela que durante la primera mitad del año se registraron 102 crímenes de odio contra personas LGBT+, lo que representa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del 2024. Además, la cifra indica que en seis meses se alcanzó el 70% de los casos totales registrados durante todo el año pasado (140). Los datos de la investigación indican que la violencia hacia la comunidad LGBT+ está particularmente dirigida hacia las mujeres trans, quienes son las principales víctimas de esos crímenes, constituyendo el 70,6% del total de casos.
Tanto el informe como los y las referentes de la Comunidad LGBT+ advirtieron que este incremento exponencial del número de casos se relaciona íntimamente con el discurso violento que se difunde desde el Poder Ejecutivo. A la cabeza del Estado, Javier Milei enuncia ideas estigmatizantes y fomenta el odio a las personas de la diversidad sexogenérica. Florencia Guimaraes García, activista transfeminista, impulsora de la Marcha del Orgullo de La Matanza y responsable del Programa de Acceso a Derechos para personas travestis trans del Centro de Justicia de la Mujer, afirmó: “El aumento de los crímenes y el discurso de Milei tienen una relación directa. Hay una legitimación a través del Estado nacional que pone en peligro nuestras vidas”.
La militante aseguró que desde La Libertad Avanza se confronta especialmente a las personas travestis trans: “El Gobierno va en contra de los feminismos, los transfeminismos, los derechos humanos y la clase trabajadora, pero especialmente hace hincapié en la población travesti trans. Las primeras políticas públicas eliminadas tenían que ver con nuestros derechos, sabiendo que somos unos de los sectores más vulnerabilizados”.
Más transfemicidios de uniforme
El Estado aparece como responsable directo del 64,7% de los crímenes. Dentro de este porcentaje, el 54% de los casos fueron cometidos por las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones. María Pía Ceballos, referente en Salta de Mujeres Trans Argentinas (MTA), declaró que esas cifras no son casuales: “Nosotras tenemos una relación con las fuerzas policiales que históricamente es de violencia institucional, de acoso, de abuso y de muerte”. La militante afirmó que la población travesti trans ha sufrido la violencia del poder policial en distintos momentos de nuestra democracia, pero que el contexto actual agrava la situación: “Hay una ampliación de los discursos de odio por parte del gobierno que promueve la violencia a nuestras identidades y particularmente a las personas travestis y transexuales. La policía se siente legitimada por el gobierno para cometer atropellos a los derechos humanos”.
Guimaraes García también identificó un recrudecimiento de la actitud de las fuerzas de seguridad en todo el país: “La policía es cada vez más cruel con todos los sectores de la sociedad, lo vemos los miércoles con nuestros jubilados, pero con las travestis trans hay un ensañamiento muy fuerte”, aseguró. “La yuta siempre ha sido represiva con nosotras, ha vivido de nuestros cuerpos, ha llenado la caja chica con la coima que nos ha cobrado para que podamos estar paradas en una esquina y ahora se suman las detenciones arbitrarias constantes, que siempre han ocurrido pero tienen más fuerza que nunca”, explicó. La militante afirmó que muchas mujeres travestis trans no pueden acceder a la justicia: “Muchas veces nuestras compañeras no pueden ni siquiera acercarse al lugar para hacer la denuncia y manifestar esas violencias, porque tienen que volver a la misma esquina a cruzarse todo el tiempo con la policía que las reprime, las coimea, las viola y las abusa. Eso no ha cesado, es histórico, pero se ha profundizado porque el representante máximo de la nación, Javier Milei, da luz verde a que esas represiones sucedan”.
Crimen y silencio
Treinti tenía 29 años, era fotógrafa. En su cuenta de instagram, 30y5mm, se observan los retratos que hizo a muchas de las figuras de la escena musical contemporánea. La noche del 18 de noviembre la joven esperaba que cambie el semáforo para cruzar la calle cuando fue atropellada por un patrullero de la policía bonaerense. En lugar de llamar a una ambulancia, los oficiales la levantaron del piso y la llevaron al hospital en el vehículo policial, infringiendo cualquier tipo de protocolo. Treinti no sobrevivió a la intervención quirúrgica y murió en el Hospital Balestrini de La Matanza. Organizaciones matanceras y LGBT+, amigos y allegados de la artista, denuncian que esta es la única información que tienen sobre el caso. La justicia no ha dado aún el nombre de los policías involucrados ni ningún otro dato que pueda ayudar a esclarecer cuáles fueron los hechos.
“¿Por qué tanto silenciamiento ante esa muerte? ¿Qué es lo que se está ocultando? No hay más información. La verdad es preocupante, no solo para el activismo travesti trans matancero sino para toda la sociedad. Hay un blindaje mediático, político y judicial de la situación”, afirmó Guimaraes García.
A inicios de diciembre, una mujer trans fue atacada en Virrey del Pino. Adriana Villaverde recibió tres tiros en las piernas al grito de “puto de mierda te vamos a matar”. Villaverde se encuentra internada y las organizaciones de La Matanza están realizando una colecta para poder costear los clavos que necesita para su operación. “También estamos exigiendo saber los detalles de lo que le pasó a Adriana. Mientras vemos como el odio va creciendo, aumentan las palizas, los intentos de asesinatos por motivos de género, observamos cómo crece el blindaje y los medios locales hacen silencio sobre lo que sucede”, contrapuso la activista. “A esto se le suma la falta de políticas reales y concretas, la no implementación del cupo laboral travesti trans, el mal funcionamiento del sistema de salud, la represión y el crecimiento de compañeras que tuvieron que volver a ejercer la prostiución porque no existen políticas nacionales, pero tampoco hay respuesta a nivel local”, enumeró.
“Nadie se suicida en una comisaría”
El 26 de noviembre Daniela Fernanda Arias salió de su casa para encontrarse con amigos. Tenía 34 años y hacía tres meses había realizado el cambio de su identidad de género en el DNI. Esa noche fue a Plaza Evita, ubicada en la localidad de Rosario de Lerma, Salta. Mientras tomaban vino y conversaban con un grupo, fue abordado por la policía por estar consumiendo bebidas alcohólicas. Fernanda se negó a darle su identificación a los oficiales y fue llevada a la comisaría. Dos horas después de ser detenida, su familia recibió la noticia de que se había ahorcado en la celda. Familiares y organizaciones advierten: “Nadie se suicida en una comisaría”.
Los oficiales informaron que habría utilizado una camisa para atentar contra su propia vida, hecho desmentido por su hermana con quien Arias vivía. La mujer afirmó a Agencia Presentes que Fernanda llevaba un top pequeño al momento de salir de su casa esa noche y que el calabozo era muy alto, sin lugar donde pisar para subir. Vendedores que trabajan en el Parque Evita aseguraron que ese día conversaron con Fernanda, a quien conocían hace mucho tiempo y afirmaron ver en ella una persona alegre. “Todos me dijeron que estaba super contenta y era imposible que haya hecho algo así”, replicó Ceballos.
Hasta este momento, la causa iniciada no tiene novedades y aún no se conocen los resultados de la autopsia. En la localidad salteña se realizó una manifestación desde Plaza Evita, lugar donde Fernanda fue detenida, hasta la comisaría segunda donde murió: “Quisimos visibilizar que exigimos justicia y una investigación seria a cada uno de los oficiales que fueron parte de la detención. Para nosotros esto fue un travesiticidio. Fernanda murió en custodia de oficiales, hay una responsabilidad estatal en este crimen”, manifestó la referente. Ceballos develó un dato que se reiteró en sus conversaciones con testigos del hecho: “Diferentes personas que estuvieron en el parque ese día me han dicho que fue una detención violenta, pero tienen miedo de declarar. Muchos temen que la policía local pueda tomar represalias”.
“Puto de mierda”
El 23 de noviembre Samuel Tobares volvió en micro desde su trabajo en Villa Carlos Paz a Parque Siquiman en Punilla, Córdoba. Tenía 34 años y trabajaba en un hotel. Se bajó en una parada sobre la Ruta 38 y antes de emprender el camino hacia su casa se quedó fumando un cigarrillo. A los pocos minutos apareció un patrullero. Tras un intenso cruce de palabras con Tobares, los oficiales comenzaron atacarlo al grito de “puto de mierda”. Samuel fue asesinado a golpes por la policía.
Un testigo del hecho declaró en el canal cordobés El Doce que los oficiales estuvieron “veinte minutos moliéndolo a golpes” y se sentaron encima: “Eran dos personas de ochenta kilos arriba de un chico flaquito”, describió. “Es mentira que murió en el Funes ese chico, se murió acá”, sostuvo.
Violencia que se multiplica
“Tenemos un estado travesticida, un Estado que nos condena a una muerte segura”, afirmó Guimaraes García. Para la activista la legitimación discursiva que Milei otorga a los discursos y ataques de odio también tiene su contraparte en políticas concretas: “Milei asocia la homosexualidad con la pedofilia y elimina el INADI, el Ministerio de las Mujeres, emite DNU contra las niñeces e infancias trans, recorta el presupuesto para todas las personas que viven con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y tampoco se aplica el cupo laboral travesti trans”, enumeró.
Ceballos observa una profunda vulneración al derecho a la salud: “Nuestra salud integral está terriblemente afectada por las políticas de gobierno. Se dejaron vencer los pliegos de compra de preservativos, por lo tanto hay faltante, los tratamientos hormonales hace seis meses que están cortados, no hay reactivos para poder realizar los análisis de CD4 a personas con VIH y tampoco se entrega la medicación”, afirmó.
“Como nos enseñaron Lohana Berkins y Diana Sacayan, nuestra energía está puesta en la resistencia trava, en las calles y la organización colectiva”, manifestó Guimaraes García. Pero, además, advirtió: “Esa resistencia también se ve muy fragmentada porque a nuestras compañeras no les alcanza para llenar la olla, no pueden pagar sus alquileres, comprarse una garrafa, o no pueden comer todos los días”, relató. “Cuando el Estado se retira para avanzar con represión y eliminación de derechos, la resistencia se fragmenta”, ante esa división, la activista propuso: “Lo que necesitamos no es solo resistencia y organización travesti trans, sino también que los movimientos populares abracen nuestra lucha para tener más fuerza, porque vienen por nosotras, pero también por los jubilados, la clase trabajadora, los sectores populares y el pobrerío. Necesitamos que la lucha sea en unidad, con conciencia de la fragilidad de las vidas travestis trans”, concluyó.
Crédito: Agencia de Noticias – Ciencias de la Comunicación, UBA.
