El equipo legal de Cristina Kirchner espera que el recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se defina en el segundo semestre del 2026.
Así lo confirmó su flamante abogado ante este organismo, el jurista brasileño Rafael Valim, quien se mostró muy confiado en que se le dará la razón al planteo de la exmandataria, hoy presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida, tras la condena ratificada por la Corte Suprema en la causa Vialidad.
“Estamos muy confiados y muy seguros de que vamos a cambiar el destino de esta causa. Vamos a tener reconocidas las violaciones de los derechos humanos de Cristina”, señaló.
Y si bien dijo que esperan que la resolución de fondo se resuelva en un plazo más largo, de dos o tres años, en el pedido actual se contempla que Cristina pueda volver a participar en elecciones y en la actividad pública.
“La proscripción está ya contemplada en un pedido cautelar. Probablemente será analizado de una manera más breve, más rápida. Y en la materia de fondo se trata de las violaciones a los derechos de Cristina”, afirmó.
Una pregunta que surge mucho en este contexto es qué pasará si efectivamente el organismo internacional hace lugar al reclamo de Cristina Kirchner. ¿Deberá el Gobierno de Javier Milei hacer cumplir lo que se determine?
Para Valim, la respuesta es clara y afirmativa: “Esta es siempre la pregunta cuando tratamos con estos órganos internacionales. En Brasil fue lo mismo. Fue la misma discusión, de si es vinculante o no”, dijo respecto del proceso judicial que enfrentó Lula da Silva, a quien también representó.
“Es cierto que es vinculante. No debemos olvidar que el pacto internacional y el protocolo facultativo de ese pacto, que es de donde se extrae la posibilidad de acudir al comité, estos dos instrumentos son norma constitucional en Argentina”, dijo.
Luego, reforzó: “La Constitución confiere a este instrumento un rango constitucional. Entonces, no es solo un compromiso que el Estado argentino asumió, sino que es una norma constitucional”.
En tanto, sobre la revisión de fondo, dijo: “Hay muchos problemas en términos de parcialidad de los jueces, muchos problemas técnicos graves que podría señalar”.
“Pero quiero destacar uno que es la base de la condena. Dicen que tenía una responsabilidad por actos de corrupción ocurridos en contratos firmados por una provincia, la de Santa Cruz, que firmó un convenio con un ente autárquico”, dijo.
Y añadió: “Cristina era la presidenta. Atribuir a una presidenta la responsabilidad por esos contratos o por problemas de esos contratos, desde el punto de vista jurídico, es una barbaridad”.
Finalmente, dijo: “Si tomamos en serio ese criterio, ningún presidente va a quedar en libertad. Porque atribuir al presidente responsabilidad por todos los contratos de Argentina es una locura”.
Entonces, cerró: “Desde el punto de vista jurídico, la condena de Cristina no tiene ningún fundamento. Y te lo digo de manera clara y sincera. Cualquier jurista que analice la condena, que la quiera tratar seriamente, va a llegar a esta conclusión”.
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