Frente a los Tribunales de San Martín, la mamá de Araceli Fulles, Mónica Ferreyra, recuerda que los femicidas de su hija están libres.
En los tribunales de Mar del Plata, Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, impulsa un jury contra los jueces que dejaron impune el femicidio de su hija, y reclama un nuevo proceso.
En Jujuy el grito es por justicia para Iara Rueda, joven de 16 que murió estrangulada, y por Marina Patagua, mujer asesinada por un hombre que estaba preso por violencia de género y la justicia liberó.
Hasta Capital Federal viajó la madre de Úrsula, la joven que siguió todos los pasos judiciales para no ser asesinada pero terminó acuchillada por un policía en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Y así, en cada territorio, mujeres, travestis, trans, lesbianas de todo el país marcharon frente a distintos tribunales para exigir que el Estado adopte medidas concretas, urgentes y efectivas para parar la violencia machista.
El foco sobre el Poder Judicial incluye la denuncia de la trama femicida en todos los niveles, cadena que se resumió en las calles en una sola frase: “El Estado es responsable”.
Una vida de impunidad
Cada historia representa un ejemplo de cómo funciona la trama policial y judicial que es cómplice, por acción u omisión, de cada uno de los 51 femicidios que 48 días se cobró el 2021. El Observatorio contra la violencia patriarcal Lucía Pérez registró esa cifra que además dejó a 35 niños, niñas y niñes huérfanos. Frente a un sistema institucional que no pone freno a la violencia machista, hoy la presión volvió a estar en la calle.
Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles, marchó dos veces: a los Tribunales de San Martín y también al de la Ciudad de Buenos Aires. “Nadie nos escuchó cuando pedimos que buscaran a mi hija”, asegura. Araceli fue vista por última vez con vida el 2 de abril de 2017 a la madrugada, en una plaza cercana a su casa, pero su cuerpo fue encontrado el 28 de abril, 25 días después, debajo de unos escombros en el fondo de una casa en José León Suárez. “Estoy pidiendo una reforma feminista de la justicia porque hace 4 años que mataron a mi hija y no tuvimos justicia desde entonces”, suma Mónica en este día su pedido concreto.
“Lo de Úrsula no tendría que haber ocurrido y lo de mi hija tampoco: así, seguimos contando”, dice Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu, cuyo cuerpo fue encontrado en el riachuelo, conectando el femicidio de su hija con el que causó la movilización de hoy a todos los tribunales. La conexión no es casual: su hija Carla llevaba cinco días desaparecida cuando el botón antipático se activó dos veces ese día, pero no hubo respuesta estatal. Tampoco justicia: “Necesitamos que nos escuchen, porque desde el Gobierno se habla mucho sobre violencia de género y se hace muy poco. Ojalá que esto sea un quiebre y empiecen a aplicar las leyes que ya están”, sugiere.
Marta Montero, mamá de Lucia Pérez, asesinada el 8 de octubre de 2016, está frente a los tribunales en Mar del Plata. El femicidio provocó y organizó el Primer Paro de Mujeres un movimiento que hoy resuena en la calle tras el femicidio de Úrsula: “Hoy es un día como tantos de lucha que hemos tenido”, pone en contexto ella, que acaba de inaugurar el domingo una instalación artística del cuarto de su hija.
Marta y su familia se preparan este año para un nuevo juicio. Luego del fallo del Tribunal de Casación bonaerense que anuló las vergonzosas absoluciones a los tres imputados por el caso y ordenó la realización de otro debate oral, impulsa un nuevo proceso que lleve a los femicidas de su hija a la cárcel. Una primicia reciente: consiguió el respaldo de la fiscalía en el pedido de juicio político a los jueces que dejaron impune su asesinato en primera instancia: acaso otra demostración de que salir a la calle, sirve.
El país en movimiento
Mientras tanto, desde Chubut, Nelly Rovera, directora de Género de ATE Chubut, interpreta por qué se marcha a los tribunales: “Nos movilizamos porque la justicia no llegó, porque a pesar de las denuncias que hagamos la justicia no llega: nos movilizamos a Tribunales para interpelar esa acción concreta de falta de justicia. Porque ante la justicia patriarcal hacemos alianza feminista, esperando que las trabajadoras del Poder Judicial, desde las operativas hasta las juezas se unan a nuestra voz y frenemos, juntas, a esta justicia machista cómplice de los femicidios”.
En Capital Federal, las trabajadoras del Sindicato de Trabajadores Judiciales dicen a lavaca desde adentro: “Sin reforma judicial no hay ni una menos. Una justicia al servicio del pueblo debe tener perspectiva de género. Se necesita abordar las violencias de géneros de manera integral y situada, donde la prevención sea una acción central”.
Natalia Aramayo, periodista jujeña de la red de comunicadora feministas de Jujuy e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Jujuy, suma un nombre para ir del ejemplo concreto, a la impunidad sistemática: Marina Patagua, 46 años, asesinada el 12 de febrero de este año por su pareja, quien había estado presa por violencia de género y fue liberado por el juez Pullen Llermanos: “A Marina, como a Úrsula, el Estado no las cuidó”, asegura Aramayo. “En Jujuy las mujeres y el movimiento feminista nuevamente alzamos nuestra voz porque estos últimos feminicidios, tienen un común denominador: un Estado ausente y cómplice, una justicia patriarcal, machista y misógina que no escucha y no resguarda a las mujeres”.
Tucumán, primera provincia en índices de femicidios, también se movió: “Estamos para seguir diciendo que el Estado es responsable”, dice Leonor Cruz, integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades y de la CTA Autónoma. Y puntualiza sobre el Poder Judicial: “Queremos una justicia que nos proteja, una justicia que nos escuche, una justicia con mirada feminista. No somos cifras ni estadísticas. No somos la editorial de algún noticiero morboso que con lujo de detalle nos vuelve a violar. Cada mujer, niña o adolescente asesinada es una vida que este sistema nos arrebata”.
La movilización también fue multitudinaria en Santa Rosa, La Pampa, donde María Vanesa Borgstrand, Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la Central pampeana, asegura: “Marchamos por Úrsula, pero también por todas nuestras víctimas, por las que ya no están y por las que quedaron heridas, lastimadas, rotas. Desde el Estado no tenemos las respuestas que necesitamos para seguir vivas, porque el Poder Judicial termina siendo cómplice con penas absurdas o dejando libre a abusadores y femicidas”.
Borgstrand puntualiza que la ley 27.210 prevé la confirmación de un cuerpo de abogados específico para casos de violencia de género y no se cumple, y pide: “Que se conforme en cada lugar, que cuente con juzgados, que el presupuesto que se destina a los organismos que atienden casos de violencia sea acorde a las necesidades que se enfrentan en esta lucha para empoderar y acompañar a las víctimas y familias. El Poder Judicial necesita una verdadera y profunda reforma con perspectiva de género».
Cartas urgentes al presidente
“La violencia de género es un problema estructural en el país, que se profundizó en el contexto de la pandemia de Covid-19. Como en 2015 el femicidio de Chiara Páez, de 14 años, hoy el femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, es otro punto de inflexión”, empieza la carta que personalidades del arte, la cultura y el periodismo le enviaron hoy al Presidente Alberto Fernández. Y sigue: “No podemos tolerar ni una muerte más de mujeres e identidades feminizadas, que pagan con sus vidas el costo de de una masculinidad que tiene la potestad de poseerlas. Ni una muerta más”.
En la carta se pide se declare urgentemente la emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por cuestiones de género y que se “entreguen presupuestos extraordinarios, adecuados a las áreas involucradas de la Justicia, las Fuerzas de Seguridad y de los dispositivos que dependan de los gobiernos locales, provinciales y nacional. No queremos contar más femicidios”, resume.
También se reclaman sanciones a funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad que incurran en errores graves y manifiestos en su tarea de proteger a las víctimas, así como la incorporación de la perspectiva de género a la reforma judicial y que se cumpla efectivamente la Ley 26.150.
Esta carta se suma a la sexta que el grupo de Familiares de Sobrevivientes de femicidios entregó en Casa Rosada el miércoles pasado, reclamando una reunión con el Presidente.
Mientras se esperan respuestas oficiales urgentes, concretas y efectivas para parar la violencia, desde quizá la movilización más masiva del día, en Mar del Plata, Marta Montero asegura: “Es muy duro contar todos los días a una más. La calle es el lugar que nos da la fuerza para poder decir lo que nos pasa y exigir lo que queremos cambiar. Y lo vamos a hacer”.
Fuente: La Vaca
