Manuela, fue una mujer salvadoreña, que vivía en situación de pobreza en una zona rural, que no sabía leer ni escribir, y que a sus 31 años enfrentó violaciones a sus derechos fundamentales por parte del sistema salvadoreño. Desde antes de la emergencia obstétrica la salud de Manuela venía decayendo debido a un cáncer linfático que no había sido diagnosticado pues en las consultas médicas solo le daban pastillas para aliviar el dolor. En febrero de 2008, Manuela estaba en el río lavando ropa y sufrió una caída. Al día siguiente Manuela empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Se trataba de una emergencia obstétrica por la cual expulsó un feto y se desmayó. Se trataba de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Su familia la trasladó en una hamaca al hospital público, en búsqueda de ayuda, sin embargo, a pesar de su grave estado de salud, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado. Su familia también fue intimidada y obligada a declarar en su contra sin saberlo. Hicieron que el papá de Manuela pusiera su huella en un documento que denunciaba a su propia hija. El papá de Manuela no sabía leer ni escribir.
Manuela fue condenada a 30 años de prisión luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. No se le garantizó presunción de inocencia y careció de una defensa efectiva pues la Procuraduría General de la República le cambió 3 veces de defensor público. Estando privada de libertad le diagnostican el cáncer linfático, pasó sus últimos años encarcelada. Murió en 2010 esposada a una camilla de un hospital público y dejó huérfanos a dos hijos. El Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que, debido a la falta de atención, no fueron identificadas.
Esperamos que el Estado salvadoreño se responsabilice de los daños que cometió, exigimos medidas de reparación integral y de no repetición, que incluyan la reforma al artículo 133 del Código Penal que nos garantice el derecho a decidir y un Estado laico sin fundamentalismos religiosos. El caso de Manuela abre caminos de esperanza y transformación para que esta historia no se repita.
En ese sentido, hacemos un llamado a que puedan escribir artículos, presentar amicus ante la Corte Interamericana y también unirse al tuitazo #ManuelaJusticiaYEsperanza. Les compartimos los mensajes de comunicaciones para el litigio para que nos acompañen. Es fundamental como organizaciones nos acuerpemos visibilizando estos mensajes específicos a la estrategia legal https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3mWhwi7UZC4r5Mc3dy5KprlyAUXiDZXoP_rlXjr2cQ/edit#gid=0
Fuente: Resumen Latinoamericano
