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Desde hace poco más de 15 días, la situación de las y los docentes salteños tomó un impulso grande. Tras asambleas y manifestaciones, llegó el turno del cumplimiento de un paro por tiempo indeterminado, cuya convocatoria, hoy por hoy, tiene más del 65% de adhesión. Mientras, las acciones directas gravitaron por sobre el descontento creciente: desde el comienzo de la semana en curso, se produjeron piquetes en Aunor (ex peaje ubicado en la entrada a Salta Capital), Cafayate, Orán y Cachi, entre otros puntos urbanos. También se colocaron carpas y acampes en Rosario de la Frontera – una de las primeras ciudades de la provincia yendo desde el sur- y en la Plaza 9 de Julio, la principal de Salta Capital. Las movilizaciones estuvieron a la orden del día, caracterizadas por nutridas columnas en protesta de hasta 10 cuadras. Muchos de los piquetes se convirtieron en permanentes, conforme pasaron los días.

La fuerza de lucha está siendo impulsada por las agrupaciones Movimiento Docente y Docentes Autoconvocados de Salta, a la que se sumó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa), quién decidió apoyar el paro desde el 9 de agosto.

Por su parte, el estado provincial encontró espacios para contrarrestar el embate. En principio, comenzó lanzando cifras falsas respecto a los números de trabajadores y trabajadoras en huelga, al tiempo que aplicó descuentos a salarios sobre el mes de julio por los paros realizados.

Luego, dejaron fuera a los sectores combativos en las conversaciones paritarias, sosteniendo que no discutirían con los autoconvocados debido a que no tienen entidad sindical y que mantendrían el diálogo con los gremios que componen la Mesa Intergremial (ATE, ADP, UPCN, UDA, AMET, SADOP y CTA). Montado en ello, le siguieron las declaraciones de Matías Posadas, Secretario General de la Gobernación y candidato a Senador por el oficialismo, quien señaló no entender por qué la docencia estaba en huelga y que la medida era mantenida por una porción insignificante de maestros y maestras. Como remate, el funcionario aseguró que estaba de licencia, por su campaña electoral de cara a las elecciones del domingo, y que, por ello, no podía tener en cuenta a las y los docentes.

Las estrategias del gobierno fueron compensadas con una profundización de la lucha. Fue así que el oficialismo salteño tuvo que salir dar señales de compromiso para dar fin al conflicto, teniendo en cuenta que se está a días de las elecciones del próximo 15 de agosto.

Pero la puntada no fue sin hilo: a principios del año pasado, y aunque el conflicto los mantiene unificados, el sector autoconvocado se fracturó en dos alas. Fue así que el gobierno de Sáez apuntó a aquellas fracciones por separado.

En ese sentido, el propio Posadas se reunió anteayer con un sector de la docencia autoconvocada, mientras que, por otro lado, funcionarios de menor rango del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia se apersonaron en el acampe docente en la plaza principal de la capital salteña.

Frente al candidato, se le exigió una inmediata apertura de la mesa paritaria en la que participen todos los delegados. «Le expusimos a Posadas los ejes centrales del reclamo docente y defendimos la legitimidad de nuestro movimiento con el que han firmado gobiernos anteriores e inclusive ha sido reconocido por una fallo judicial del 2014», expresó a medios Ignacio Boasso, delegado por Capital de Docentes Autoconvocados Salta, luego de la reunión.

Mientras que Ángel Tolaba, representante del sector y quien también estuvo en el encuentro, dijo que le dejaron avisado que «si esto es serio tiene que haber una presentación formal a Autoconvocados», dijo. «Hasta tanto no haya nada de eso, seguiremos nosotros con nuestras medidas», agregó.

En la reunión también pidieron como condición que no se aplique ninguna sanción ni se descuenten los días de paro de actividades que se iniciaron el 1 de agosto, ni bien se retornó del receso invernal. Exigieron además que se restituyan los descuentos ya realizados.

El otro sector está representado por Sandra Nieva, y fue el que impulsó el acampe en la Plaza 9 de Julio. Desde allí, Nieva informó que tuvieron la visita de una empleada del Ministerio de Educación de Salta para «informar que se tendría una reunión con Autoconvocados y Sitepsa (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta)», en clara actitud de profundizar la fractura.

Tras ello, la delegada de Docentes Autoconvocados de la Plaza, dijo que en las reiteradas notas que enviaron a la cartera educativa que dirige Matías Cánepa se encuentran los teléfonos de los compañeros para comunicarse.

El conflicto encontró su punto más alto este jueves 12 por la noche, cuando las y los autoconvocados, estando en el acampe de la zona del expeaje de Aunor, por la noche, efectivos de la Policía de la Provincia llegaron para desbloquear la circulación.

Luego del altercado, desde la fuerza de seguridad se difundió que se mantendría una guardia. Por su parte, las y los docentes denunciaron el ejercicio represivo por parte de las fuerzas, incluido el uso de gas pimienta y otros dispositivos represivos para cumplir su objetivo.

Mismo, hoy, viernes 13 por la madrugada, un vallado fue colocado en tiempo récord para separar a la plaza donde se realiza el más importante acampe y la casa de gobernación.

Apremiados por las elecciones, el gobierno de Sáenz se encuentra en un brete. La docencia de Salta pide un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año, distribuidos un 5% en julio, 5% septiembre, 10% en octubre y 5% en diciembre. Además, reclaman un bono de $10 mil, a pagarse con el sueldo de agosto.

En la provincia, el salario de un docente que recién se inicia ronda los $28.370. Para un docente con cuatro años de antigüedad, que a su vez percibe el máximo por zona desfavorable, la remuneración es de $57.521. La medición oficial realizada por el INDEC, marca que la canasta de pobreza para una pareja con dos hijos menores es de $66.488. Es decir, los sueldos docentes se encuentran por debajo del consumo mínimo para no ser pobre.

Fuente: ANRed.

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