Crédito: Dalia Cybel / El Grito del Sur
Las denuncias por violencia de género siempre producen un temblor. No solo en quien denuncia y en quien es denunciado, sino también en los espacios que esa persona habita. Esta semana ese movimiento atravesó a La Garganta Poderosa. La psicóloga Cecilia Ce denunció públicamente al referente de la organización, Ignacio «Nacho» Levy, su expareja, por ejercer violencia de género. «No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir», escribió en sus redes sociales. Después llegaron otros relatos: ex parejas, militantes y compañeras comenzaron a compartir experiencias similares.
No es la primera vez que un dirigente político, social o sindical es denunciado por violencia machista. Tampoco será la última. Pero cada caso vuelve a plantear una pregunta incómoda para los proyectos colectivos: ¿qué hacemos cuando quien ocupa un lugar de conducción vulnera los principios que la organización dice defender? ¿Cómo sostener la escucha a las víctimas sin que eso implique borrar de un plumazo el trabajo de cientos de personas que construyen todos los días ese espacio?
La respuesta nunca es sencilla. Porque las organizaciones populares no son sus dirigentes. Son mucho más que los nombres propios que ocupan los micrófonos. En el caso de La Garganta Poderosa existe una historia de organización comunitaria, de comunicación popular y de presencia cotidiana en los barrios que excede largamente a cualquiera de sus referentes.
Durante años fueron las vecinas, las promotoras comunitarias, las comunicadoras populares y las referentas territoriales quienes levantaron comedores, sostuvieron merenderos, organizaron redes de cuidado y pusieron el cuerpo cuando el Estado llegaba tarde o directamente no llegaba. Durante la pandemia fueron ellas quienes garantizaron que miles de familias pudieran comer. Y hoy, mientras el ajuste profundiza el hambre y la exclusión, siguen siendo ellas quienes amortiguan las consecuencias de un modelo económico que descarga la crisis sobre los sectores populares.
También fueron ellas quienes hicieron de La Garganta un medio capaz de romper el cerco mediático y darle voz a quienes históricamente fueron hablados por otros. Incluso cuando existía un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, muchas de esas referentas encontraron más posibilidades de construir agenda desde la organización que desde las propias instituciones estatales.
Nada de ese trabajo desaparece porque un dirigente haya ejercido violencia. Del mismo modo que ninguna trayectoria militante, ningún capital simbólico ni ninguna causa justa pueden relativizar o poner en duda la palabra de quienes denuncian.
Los feminismos aprendimos, muchas veces con dolor, que las violencias no distinguen pertenencias políticas. También habitan organizaciones populares, espacios progresistas, colectivos de derechos humanos y movimientos sociales. Pensar que determinadas identidades políticas inmunizan frente al machismo sería desconocer que el patriarcado atraviesa toda la sociedad.
Por eso escuchar a las denunciantes no es un gesto contra las organizaciones populares. Es, justamente, una forma de fortalecerlas. Porque ninguna construcción colectiva puede sostenerse sobre el silenciamiento, el miedo o la naturalización de relaciones abusivas.
Sabemos, además, que denunciar nunca es fácil. Ni siquiera para mujeres con reconocimiento público o herramientas simbólicas. El machismo no opera solamente mediante la violencia explícita; también lo hace sembrando culpa, duda y aislamiento. Nos educaron para preguntarnos qué hicimos mal antes que cuestionar al agresor. Nos enseñaron a minimizar la agresión, a justificar los gritos, a soportar el destrato y a creer que exagerábamos. Romper con esa lógica requiere tiempo, redes y mucho coraje.
Por eso cada denuncia merece ser escuchada con respeto. Sin tribunales mediáticos, pero también sin mecanismos corporativos que busquen proteger al varón con poder a costa de las víctimas.
Al mismo tiempo, tampoco sería justo reducir años de militancia de cientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans al comportamiento de un dirigente. Las compañeras que sostienen diariamente los barrios, la comunicación popular y la organización comunitaria no son responsables de las violencias ejercidas por un referente. Ellas también pueden haber sido víctimas de esas mismas relaciones de poder.
Los feminismos tienen una tarea difícil pero necesaria: sostener ambas verdades al mismo tiempo. Acompañar a quienes denuncian y exigir responsabilidad política frente a las violencias. Defender las organizaciones populares de los ataques reaccionarios sin caer en defensas corporativas que terminen protegiendo a los agresores. Cuidar los proyectos colectivos implica, justamente, impedir que el machismo encuentre refugio dentro de ellos.
Quizá esa sea la enseñanza más profunda de este momento. No permitir que un varón concentre el sentido de una organización construida por miles. No dejar que el trabajo de tantas compañeras quede opacado por quien hizo un uso abusivo de su lugar de poder.
Gracias a quienes encontraron la fuerza para hablar. Gracias a quienes acompañan esos procesos sin exigir tiempos ni formas. Queda mucho por discutir hacia adentro de nuestras organizaciones, porque el feminismo no vino a señalar únicamente las violencias de los adversarios políticos: vino también a transformar nuestras propias prácticas.
Que un macho nunca nos tape el sol. Porque las organizaciones populares serán feministas, o seguirán reproduciendo las mismas desigualdades que dicen combatir. Y esa es una batalla que todavía estamos dando, juntas, con la convicción de que no hay justicia social posible sin una vida libre de violencias para todas y todos.
