Crédito: Milagro Mariona / La Nota Tucumán
A dos años de la masacre de Barracas, el caso llega finalmente a juicio oral y vuelve a poner en discusión no solo la brutalidad del crimen, sino también las responsabilidades institucionales, los discursos de odio y la violencia estructural que atraviesa a las lesbianas en Argentina.
El 6 de mayo de 2024, un ataque incendiario en una habitación de una pensión terminó con la vida de Pamela Fabiana Cobos, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, mientras que Sofía Castro Riglos logró sobrevivir. Desde el primer momento, organizaciones LGBT+, movimientos de lesbianas, feministas y organismos de derechos humanos denunciaron que no se trató de un hecho aislado, sino de un crimen atravesado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas.
En la causa intervienen distintas querellas. Por un lado, Luciana Sánchez representa a Sofía, la única sobreviviente del ataque, y también impulsa el reconocimiento del vínculo con Andrea, su pareja, como un punto importante del proceso judicial. Por otro lado, la Federación Argentina LGBT+ participa como querellante institucional, en tanto organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, representación que será ejercida por Samanta Pedrozo.
Además, interviene la Defensoría Pública de Víctima, que representa al hermano de Pamela y al hijo de Roxana, quien inicialmente estaba bajo la representación de la histórica abogada feminista Raquel Ermida Leyenda. Tras su fallecimiento el año pasado, esa tarea fue asumida por el programa.
El inicio del juicio está previsto para el 18 de mayo y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de Capital Federal, presidido por el juez Adrián Augusto Pérez Lance.
En estas entrevistas con Luciana Sánchez y Samanta Pedrozo abordamos las expectativas frente al juicio, la importancia de que se reconozca el agravante por odio a la orientación sexual, las fallas de la investigación inicial y el contexto político y social que, lejos de ser ajeno, forma parte central de este proceso judicial.
Violencia hacia lesbianas: no son casos aislados
—Sobre la importancia de estas querellas, ¿qué implica en este caso?
Luciana Sánchez: Es muy importante. Las particularidades de este caso, en términos de lo que es la justicia nacional que actúa en Capital Federal, son significativas. En otras provincias muchas veces hay más receptividad; esta jurisdicción es quizás muy conservadora.
La novedad tiene que ver, por una parte, con que se aceptó que una organización de la sociedad civil represente esos intereses colectivos, algo que en otros casos se venía rechazando sistemáticamente. Y por otra parte, que se acepte que Sofía represente también a Andrea. Son dos cuestiones importantes: que se reconozca ese vínculo objetivo y también la necesidad del patrocinio jurídico gratuito y de que el programa intervenga.
Samanta Pedrozo: La Federación hasta ese momento nunca había sido querellante en un proceso penal. Sí había hecho presentaciones, se utilizó mucho el mecanismo de amicus curiae, pero nunca había tenido una participación activa. Ser querellante en un proceso penal implica ser una parte activa: presentar pruebas, acusar, formular la acusación, y bueno, tuvimos la posibilidad de poder hacerlo.
Al principio el juez de instrucción no nos admitía como querellantes, argumentando que la Federación no tenía legitimidad para hacerlo. Él decía que, como las víctimas particulares ya tenían sus representaciones querellantes, no hacía falta que la Federación interviniera.
Nosotras apelamos esa decisión, y llegamos hasta la Cámara de Casación de la justicia nacional. Nuestro argumento es que queríamos representar no solamente a las víctimas directas del hecho, sino a toda una colectividad, porque entendemos que este crimen no es un crimen aislado, sino que se produce dentro de un sistema de discriminación. La Cámara de Casación entendió nuestros argumentos y nos permitió ser querellantes.
—¿Cuáles son las principales expectativas que tienen como querella y cuáles son los puntos clave a demostrar en este proceso?
LS: Uno de los grandes desafíos está en la calificación legal del hecho. Cada querella lo encara de manera diferente. Lo que todas tienen en común es que entendemos que debe subsumirse en el artículo 80 inciso 4°, que es el homicidio agravado por odio, en este caso por orientación sexual.
Lo que tenemos que demostrar es que quien cometió el crimen, Justo Fernando Barrientos, se motivó en la orientación sexual de las compañeras para hacerlo. Es decir, que la orientación sexual de las mujeres asesinadas fue determinante para que él actuara así.
Y esto no se trata de si él odiaba a las lesbianas, si tenía una amiga lesbiana, si miraba pornografía lésbica o si era libertario o kirchnerista. No pasa por ahí. Tiene que ver con los prejuicios que existen hacia las lesbianas o hacia quienes son percibidas como lesbianas. Para nosotras queda claro que él justifica su crimen en función de que ellas son lesbianas.
Los discursos que circularon de justificación del crimen, los discursos mediáticos y sociales alrededor del caso, dan cuenta de esa complicidad social. Los prejuicios de quien cometió el crimen son los mismos que la sociedad tiene respecto de las lesbianas. Por eso este agravante es importante. Para nosotras y para Sofía también.
—Porque además estamos hablando de una sobreviviente de un crimen atroz.
LS: Sí, de casualidad. Totalmente de casualidad. Porque la intención del autor era matarlas a las cuatro. Para Sofía es importante que se reconozca que su vínculo con Andrea, su relación, todo lo que vivieron, tiene valor y debió ser protegido. No solo porque son mujeres, sino también porque son lesbianas. Muchas veces los tribunales se confunden con esto.
La vida de las personas no es valiosa solo en función de un binario de género. Las vidas queer son valiosas por sí mismas y el Estado tiene el deber de protegerlas por eso.
No se trata solamente de una característica más de una mujer. No es “mujer y lesbiana” como una especie de agregado. Tiene valor por sí mismo y debe ser protegida por sí misma. Esa es la razón por la cual reclamamos que se reconozcan los elementos de prejuicio hacia las lesbianas que están muy claros en este crimen.
SP: Nosotras desde la Federación sostenemos que fue un homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de odio, discriminación y homofobia. Todo nuestro planteo y nuestra presentación va precisamente sobre el artículo 80 inciso 4.
Entendemos que no fue un crimen aislado, no fue un crimen generado por otra motivación más que el desacuerdo del autor con el proyecto de vida que tenían las víctimas en tanto lesbianas y en tanto mujeres.
Nosotras particularmente queremos profundizar ese hecho, no solamente por estas víctimas, sino también porque después del triple homicidio de Barracas se dieron una serie de situaciones muy parecidas, donde se conocieron elementos similares.
Por eso perseguimos esa calificación: homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de odio, discriminación y homofobia.
—¿Cuáles creés que son los elementos más contundentes para sostener que se trata de un crimen de odio?
SP: Los elementos van a ser básicamente contextuales. Se va a reconstruir en el juicio —al menos esa es la pretensión— cómo era el contexto previo al ataque. Esto implica analizar cómo era el perfil del imputado, cómo era el perfil de las víctimas, cómo era la relación entre ellos y cuáles eran los conflictos previos que existieron.
—También aparece el contexto político y social, incluso meses después del discurso de Javier Milei en Davos, que fue muy señalado por organizaciones LGBT+ por reforzar discursos de odio. ¿Qué lugar ocupa todo ese escenario en la causa?
LS: Sí, porque este crimen se cometió en un contexto de cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidades, de baja de programas como Acompañar para víctimas de violencia de género y además de discursos en contra de la comunidad LGBTIQ+ por parte de altos funcionarios del Estado.
Estamos hablando también de las primeras marchas antifascistas y de todo ese retroceso institucional. Entendemos que esos discursos de odio preceden el pasaje a la violencia física porque la justifican. Lo que sale de esos discursos es que son vidas que valen menos, personas que le hacen daño a la sociedad y, por lo tanto, estaría bien matarlas. Es esta idea histórica de la peste, del exterminio del “pueblo desviado”.
Eso está muy discutido por la Justicia: si este gobierno propicia o no ese contexto. Para nosotras está probado y presentamos mucha documentación, como informes de organizaciones como Amnistía Internacional y el CELS.
Este crimen sucede un mes después del cierre del ministerio y tanto Andrea como Sofía estaban siendo acompañadas por esas políticas públicas.
—¿Cómo aparece ahí la violencia institucional?
LS: Es muy notable en la trayectoria de ambas. En los paradores de la Ciudad de Buenos Aires y también en Neuquén no las dejaban dormir juntas, le daban subsidio de vivienda a una y no a la otra. Todo el tiempo trataban de romper el vínculo. Hay un prejuicio muy fuerte hacia las lesbianas.
También intentaron internarlas compulsivamente en un hospital psiquiátrico solo porque eran lesbianas, tenían algún problema de salud mental y estaban en situación de calle.
Entonces vemos cómo vuelven paradigmas de patologización, incluso con los ataques actuales a la Ley de Salud Mental. Volvemos a ser pensadas como sujetos peligrosos. Las lesbianas especialmente: como violentas, como quienes “odian a los varones”, como si quisiéramos atacar a los hombres.
Eso nos vuelve un sujeto peligroso socialmente y genera un pánico social que justifica la violencia.
—¿Qué significaría una reparación para ustedes, más allá de una condena?
LS: Primero quiero aclarar algo: no hay dudas de que hubo un delito, pero sí hay muchas dudas sobre cómo se investigó. La instrucción no respetó los estándares que deben seguirse en este tipo de investigaciones. Uno de los problemas más graves fue la falta de preservación de la prueba.
La escena del crimen primero fue tratada como un incendio común. No se preservó nada, se entregó el lugar el mismo día. Tampoco hubo cuidado respecto de las personas que tienen que declarar: personas con discapacidad, en profunda vulnerabilidad, con situaciones muy precarias de vivienda.
Las malas investigaciones tienen un costo sobre los juicios. Tienen un costo sobre cuestiones fundamentales como quién fue el autor y cómo fue la dinámica del hecho. Entonces no es un caso resuelto. Es un caso muy difícil.
Además, este contexto político también fue leído por el Poder Judicial. No se investigó como debía investigarse. ¿Qué protocolos de femicidio iban a aplicar si al mismo tiempo había un ministro de Justicia impulsando la derogación de la figura? El Poder Judicial lee esas señales incluso antes de que pasen.
—Desde la Federación pidieron que el juicio sea televisado. ¿Por qué consideran importante esa transmisión pública?
SP: Sí, si bien los juicios se rigen por el principio de publicidad, la realidad es que tanto en el sistema nacional como en el provincial e incluso en el federal, los juicios muy pocas veces son verdaderamente abiertos al público.
Nosotras en la Federación entendemos que este crimen no es un hecho aislado ni íntimo, sino que afecta a toda una colectividad, y justamente sobre esa base solicitamos que se televisara.
—¿Ya saben cuánto puede durar el juicio?
SP: Por ahora se fijaron una serie de audiencias. Vamos a arrancar recién el 18 de mayo.
Después tenemos tres fechas en junio y una en julio. Estamos hablando de cinco jornadas y no sabemos si efectivamente va a terminar el 1 de julio o si se va a fijar otra fecha. Va a depender mucho del dinamismo del propio juicio.
