Tres represores lograron irse a su casa con el pretexto del coronavirus
Entre los más de setenta genocidas condenados e investigados por su participación en delitos de lesa humanidad que, al amparo de la posible propagación del coronavirus, pidieron a la Justicia que los deje cumplir encierro en sus casas, hay tres que lo lograron casi de manera inmediata. Sin darle la chance a las querellas a que dieran su opinión ni consultar al Servicio Penitenciario Federal, Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco, que estaban detenidos en la cárcel vip de Campo de Mayo, fueron enviados a sus casas. Son tres ex policías bonaerenses procesados por el asesinato de Horacio “Chupete” Benavídes, militante de la Juventud Universitaria Peronista. La familia de la víctima solicitó la nulidad de esa resolución.
Según las cifras que maneja la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, hasta hoy, de los más de 70 reclamos de domiciliaria por parte de represores bajo la excusa del peligro de contagio de coronavirus que surgieron a lo largo de todo el país, han sido resueltos poco más de 30: en 19 casos, la Justicia rechazó el beneficio, como el de Miguel Osvaldo Etchecolatz ; en otros 15, lo concedió.
El martes 17 de marzo, un día antes de que el Gobierno nacional dispusiera la cuarentena obligatoria para todes les argentinos que no estuvieran implicades en actividades de carácter esencial, las defensas de Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco solicitaron al juez federal platense Ernesto Kreplak que los dejara en libertad. Así de sencillo: solicitaron la excarcelación y, en su defecto, pidieron que se los beneficie con la prisión domiciliaria. Se ampararon en la emergencia sanitaria decretada en el país producto de la pandemia, las recomendaciones de la Cámara de Casación Penal que instaron a jueces y juezas a tramitar “con urgencia” solicitudes de personas en situación de encierro que integraran grupos de riesgo ante el coronavirus.
Los tres, ex policías bonaerenses que al tiempo del asesinato de Benavídes formaron parte de la Dirección General de Investigaciones de esa fuerza, tienen más de 65 años. En algún caso, como el de Velasco, adujo que su esposa está bajo tratamiento oncológico. Cuando fueron procesados por Kreplak, en diciembre pasado, fueron trasladados para cumplir su prisión preventiva en la Unidad federal 34, la cárcel vip de Campo de Mayo.
Ante los pedidos de la defensa de los represores, Kreplak avisó a la Fiscalía, a la que habilitó su participación en la situación. Desde el Ministerio Público Fiscal tomaron parte y le pidieron al juez que indagara sobre la situación de salud en la que se encontraban los detenidos. Hasta aquel día, no existían informes del Servicio Penitenciario Federal en relación a medidas que habían puesto en danza en los diferentes establecimientos en relación a la posible propagación del Covid-19. Kreplak hizo caso omiso al pedido de la Fiscalía, no pidió información al SPF y habilitó las domiciliarias.
El jueves 19, 48 horas después de haberlo pedido, los tres represores estaban en sus respectivas casas. La decisión fue apelada por la Fiscalía. La querella que representa a la familia de Benavídes, en tanto, solicitó al juez que anule su decisión.
“Hay una ley de víctimas, que establece que sobre toda cuestión de libertad de imputados deben consultar a las víctimas. Pero además, aunque no existiera esa ley, la familia de Horacio es parte en la causa, es querellante. Entonces, reúne las dos condiciones, por lo tanto tiene doble derecho a saber cada paso del proceso sobre los implicados en el hecho”, explicó a este diario Pablo Llonto, abogado de la familia Benavídes.
La parte no solo está en desacuerdo con cómo se llevó a cabo el proceso. Tampoco lo está con el contenido. “No es razón el coronavirus para otorgarles beneficio de domiciliaria a estas personas. Más allá de que tengan más de 65 años, el Servicio Penitenciario tomó los recaudos necesarios, algo que explica en informes que presentó ante otros jueces que, antes de decidir sobre pedidos similares, lo solicitaron”, añadió Llonto.
Una vez que el Ejecutivo nacional dictara la cuarentena total con la intención de contener lo más posible la propagación del virus que mató a casi 20 mil personas en todo el mundo, el SPF elaboró un informe que presentó y presenta en cada expediente vinculado con pedidos de prisiones domiciliarias justificados en la pandemia. Allí, informa las “múltiples medidas” que fueron adoptadas en los espacios de encierro “tendientes a proteger la salud de la población alojada, como ser restringir la admisión” tanto de internos como de visitas, personal penitenciario y abogados, entre varios otros, a los penales; también limitar los traslados y extremar las medidas de prevención e higiene. En ese mismo informe, el PSF recalca que “el ámbito carcelario se trata de una institución cerrada en donde un número de personas se encuentra aislada de la sociedad”.
En ese sentido, Llonto sostuvo en sus pedidos de nulidad de la decisión judicial que “es necesario” contar con ese informe “para corroborar que se trata de una mentira el argumento” que esgrime la defensa de los represores, que “se trata de un aprovechamiento de una situación mundial”. “Se aprovechan de la pandemia para salir de la cárcel”, amplió a este diario el abogado. “La realidad es que están bien asistidos en las cárceles, que el SPF aplica protocolos de cuidado y prevención. Y, por último, tenemos que insistir en que estas personas están aisladas dentro de las cárceles, en pabellones especiales. Y en Campo de Mayo, como es el caso de estos tres, están solos. Es una cárcel subhabitada, no sufren hacinamiento, cuentan con espacio verde para caminar…. Son detenidos privilegiados”, completó.
Risso, Velasco y Ale fueron detenidos en noviembre pasado y procesados en diciembre por el asesinato de Horacio “Chupete” Benavídes, un joven de 22 años, estudiante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata y militante de la JUP y Montoneros. Además, trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de bienes dependiente del Ministerio de Economía. Fue asesinado el 30 de septiembre de 1976 en las cercanías de la Municipalidad platense.
Fuente: Página 12
